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Comunicado

Este viernes 19 de octubre se desarrollará una iniciativa con el ánimo de denunciar que desde este día hasta mediados de febrero del próximo año no se tramitará ninguna ayuda de emergencia en Barakaldo ante los servicios municipales: son 4 meses en los cuales las familias barakaldesas se encontrarán sin ningún tipo de cobertura social; un tercio del año.

Hecho totalmente ilegal, y que contraviene la propia normativa al respecto. En concreto, la “Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”; la cual regula las garantías mínimas que corresponden a los ciudadanos respecto a sus relaciones con las instituciones. Reconoce como derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas el poder dirigirse a las mismas sin un límite de tiempo específico, pudiendo establecer esta relación en cualquier momento de los 12 meses del año.

Barakaldo a más… pobreza y exclusión

Este nuevo recorte no es producto de la casualidad. Con los votos de PNV y PSE, se decidió consolidar las políticas de recortes de los últimos años: en los presupuestos aprobados para este año se acordó destinar 980.000 euros para las ayudas económicas, la misma cantidad de los últimos 6 años.

Este acuerdo presupuestario se adopta en una localidad donde el 15’3% de los hogares sufren situaciones de exclusión. Siendo Barakaldo la segunda localidad vasca con mayor tasa de pobreza.

Por este motivo, no es de extrañar que en los últimos 6 años se incremente un 5% los índices de pobreza grave; o en un solo año aumente un 23% el número de personas derivadas por el consistorio al comedor social de Cáritas, por su imposibilidad de poder cubrir una comida diaria.

Recortes en el Departamento de Acción Social

Esta realidad de pobreza no es producto de la casualidad. Es la consecuencia de los recortes aplicados a las ayudas económicas municipales a través del “Decreto de Alcaldía” que las regula:

-Se reduce un tercio la ayuda para alquileres; en un 17% para los gastos sanitarios no cubiertos por Osakidetza; y un 10% para necesidades básicas: alimentación, vestuario y educación.

-Disminución en un 9% de la asignación para hacer frente a los gastos hipotecarios.

Por otro lado, el acuerdo de presupuestos conlleva una reducción de los recursos dedicados a los servicios sociales de la localidad. Esto trae como consecuencia una falta de personal para evitar la saturación de las unidades de trabajo social de los barrios, las cuales se encuentran desbordadas: se concede cita con una demora de 2 meses. Además, de la supresión del “Servicio de Urgencias Sociales”.