Berri-Otxoak denuncia el retraso al 3 de febrero de la apertura de plazo para solicitar ayudas sociales suspendido hace cuatro meses

· 1.378 familias solicitaron cita el primer día del plazo el pasado año 2019

· La plataforma contra la exclusión social critica que el Ayuntamiento ha mantenido a las familias desde octubre sin posibilidad de tramitar ayudas de emergencia social

· El equipo de Gobierno PNV-PSE mantiene congelado en 960.000 euros el presupuesto de ayudas sociales mientras destina 2,5 millones a retribuciones de políticos y asesores

Barakaldo, 28 de enero de 2020.

La plataforma contra la exclusión y por los derechos sociales Berri-Otxoak ha denunciado que el Ayuntamiento de Barakaldo ha retrasado al 3 de febrero el inicio del plazo para solicitar ayudas sociales, que tenía que estar abierto desde el primer día del año y finalizar el 31 de diciembre.

El colectivo ha destacado que, por el contrario, “el equipo de Gobierno municipal, formado por PNV y PSE, ha dejado durante cuatro meses desatendidas a las familias más pobres de la localidad, que desde octubre pasado padecen la suspensión ilegal del proceso de tramitación de las ayudas sociales”.

“La actuación de los responsables del Ayuntamiento es un escándalo, más aún si se tiene en cuenta que son miles las personas que necesitan protección debido a la precariedad y falta de recursos. Buena muestra de ello es que sólo el primer día de plazo del pasado año 2019, fueron 1.378 las familias que solicitaron cita para tramitar las ayudas en los servicios sociales”, ha destacado Berri-Otxoak.

La plataforma ha denunciado así mismo “la ocultación de las ayudas sociales por parte del equipo de Gobierno, que no publicita este programa”. Ante este hecho, la organización ha anunciado que ha comenzado la distribución de 32.000 hojas informativas para todos los domicilios de Barakaldo “para que tengan acceso a la información que el Ayuntamiento se niega a difundir”.

“La falta de información acarrea que muchas familias de la localidad no pueden ejercer sus derechos”, ha destacado el grupo, que ha subrayado que “la falta de información sobre las ayudas contrasta con la publicidad e información sobre otros asuntos en la que el Gobierno de coalición de PNV y PSE gasta cientos de miles de euros cada año”.

A la “falta de transparencia” se une la crítica por “la insuficiencia del presupuesto”, que permanece congelado en 960.000 euros anuales para las ayudas sociales, “mientras que los presupuestos municipales dedican 1,9 millones de euros a retribuciones, dietas y gastos de los concejales y asesores políticos del equipo de gobierno, incluida una subida del 4,2% del salario de la alcaldesa, que ya supone un coste de 92.184,21 euros anuales, con una aportación a la Seguridad Social que le garantía la pensión máxima de 2.600 euros al mes”.

“Mientras el Ayuntamiento destina 960.000 euros para distribuir entre 1.300 familias, los 27 concejales y 13 asesores políticos se reparten 2,5 millones de euros”, ha destacado la plataforma, que ha llamado la atención sobre “la insuficiencia del presupuesto para las ayudas sociales, que se agota cada año en octubre sin que el Ayuntamiento amplíe el dinero”.

«No es por casualidad que, ante esta insuficiente partida presupuestaria, el Departamento de Acción Social decida cada curso recortar la asignación a percibir por las familias con graves dificultades económicas y endurezca los requisitos de acceso a las mismas”, ha señalado Berri-Otxoak.

“En total, los responsables municipales rebajan un 26% el dinero máximo al que puede acceder cada familia solicitante, es decir, 484 euros menos al año. Los mayores recortes se producen en las ayudas a gastos de energía, que se reduce el 61%, las ayudas para hacer frente al endeudamiento caen un 67%,, bajan un 46% la reparación e instalaciones básicas de la vivienda o se recorta un 32% el subsidio para poder hacer frente a las hipotecas”.

La plataforma contra la exclusión y por los derechos sociales Berri-Otxoak considera que estas restricciones van “en consonancia con la política de PNV y PSE de desmantelar los servicios sociales municipales, en los que, entre otras medidas, se ha eliminado el Servicio de Urgencias Sociales, lo que conlleva retraso en la atención a las familias y demoras de semanas para casos de extrema urgencia”.

Además, el colectivo resalta la “falta de personal en el equipo de ayudas sociales, lo que causa retrasos de seis meses en la atención, tramitación y resolución de las solicitudes presentadas por las familias de la localidad”.

“Mientras, en Barakaldo son un 15,3% los hogares en situaciones de exclusión y en tan solo un año ha aumentado un 23% el número de personas derivadas por el Ayuntamiento al comedor social de Cáritas, por su imposibilidad de poder cubrir una comida diaria; y se ha duplicado en dos años el número de personas sin hogar que duermen en la calle, que asciende a 30”.

Berri-Otxoak exige al Ayuntamiento “que rectifique” y acuerde “un presupuesto suficiente para que todas las familias que lo necesitan tengan unas ayudas de emergencia social dignas, para que ni una sola persona tenga que seguir durmiendo en la calle, para que ninguna mujer víctima del machismo se vea sin ayudas ni asistencia, para que todos los niños de Barakaldo tengan acceso a una alimentación sana y equilibrada y para que nadie se vea sin recursos y sin casa por los desahucios que cada año afectan a más de 200 familias en Barakaldo”.