Protesta por los recortes aplicados a las familias empobrecidas del municipio
Iniciativa en denuncia del cierre del plazo para poder solicitar las ayudas de emergencia social. según los “criterios a adoptar para la tramitación y concesión de las ayudas de emergencia para el año 2022” recogidos en decreto de alcaldía.Dentro de una semana, desde el 3 de noviembre hasta, como mínimo, 4 meses no se podrá tramitar ninguna ayuda de emergencia en barakaldo ante los servicios sociales municipales.
Udalerriko familia pobretuei ezarritako murrizketen aurkako protesta
Gizarte-larrialdietarako laguntzak eskatu ahal izateko epearen amaiera salatzeko ekimena. alkatetzaren dekretu batan jasotako 2022. urterako larrialdiko laguntzak izapidetzeko eta emateko hartu beharreko irizpideen arabera.Astebete barru, azaroaren 3tik gutxienez 4 hilabetera arte, barakaldon ezin izango da larrialdiko laguntzarik eskatu udaleko gizarte-zerbitzuetan.
–Barakaldoko familia pobretuei ezarritako murrizketen aurkako protesta.
–“Desinfectan” Acción Social de Barakaldo ante el cierre de las Ayudas de Emergencia
–Berri-Otxoak denuncia el cierre “ilegal” del plazo para pedir ayudas sociales
–Este miércoles “desinfectando” #Barakaldo de recortes sociales.
Barakaldo, 26 de octubre de 2022
Dentro de una semana, desde el 3 de noviembre hasta, como mínimo, 4 meses no se podrá tramitar ninguna ayuda de emergencia en Barakaldo ante los servicios sociales municipales. Según queda recogido en los “CRITERIOS A ADOPTAR PARA LA TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA PARA EL AÑO 2022” en Decreto de Alcaldía
Para denunciar este hecho, activistas de la plataforma Berri-Otxoak han acudido al Departamento de Acción Social con una “brigada de desinfección” para “limpiar de recortes” sus dependencias. Personas vestidas con buzos anticontaminación y mascarillas han acordonado las instalaciones, colocado balizas, conos y paneles con alerta de ‘peligro’.
Iniciativa para denunciar que desde el próximo 3 de noviembre no se tramitará ninguna ayuda de emergencia en Barakaldo: son 4 meses en los cuales las familias se encontrarán sin ningún tipo de cobertura social; un tercio del año.
Hecho totalmente ilegal, y que contraviene la propia normativa. En concreto, la “Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”; la cual regula las garantías mínimas que corresponden a los ciudadanos respecto a sus actividades con las instituciones. Reconoce como derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas el poder comunicarse sin un límite de tiempo, pudiendo establecerse esta relación en cualquier momento de los 12 meses del año.
Berri-Otxoak ha declarado que «no cabe cerrar el plazo de solicitudes este jueves 3 de noviembre para tramitar las que se hayan realizado en los meses anteriores. Debe haber suficiente personal para que la recepción de éstas y su posterior tramitación se realice sin perjuicio de lo expuesto en dicha ley y con una diligencia en su concesión propia de una ayuda de emergencia. De lo contrario, es comprensible que las familias que requieran ayuda se alarmen».
La asociación Barakaldesa constata que «debido a la actual situación económica y el incremento de hipotecas y alquileres, cada vez son más familias, muchas con menores a cargo, que se ven obligadas a prescindir de alimentarse adecuadamente y/o de ir al dentista debiendo anteponer el pago de su alquiler o hipoteca a la alimentación y salud de sus familiares».
Debido al conocimiento de estas situaciones, la plataforma contra la pobreza ha denunciado, indignada, «el cierre del plazo de solicitudes de acceso a una ayuda de emergencia. Pero también la coacción a la que se ha sometido a las familias solicitantes de ayudas municipales durante todo estos meses, al hacerles elegir entre pagar los gastos de acceso a la vivienda habitual (alquiler o hipoteca) o cubrir sus necesidades más básicas, como alimentación, atención sanitaria no cubierta por Osakidetza (dentista u oculista, entre otros) o los gastos de comunidad, luz y agua».
Las personas concentradas han exigido finalmente, a la alcaldesa Amaia del Campo y al concejal de Acción Social Mikel Antizar que «reviertan su actual política de recortes, sean consecuente con la situación que vive la localidad, garanticen los derechos y necesidades de todas las familias del municipio y cumplan las leyes que amparan a la población más vulnerable en materia de vivienda, salud y cobertura de sus necesidades más básicas».
