Lanbide ampara la violencia de género, Murrizketarik EZ!!!
En el contexto de la “Noche de San Juan”, y por parte de las mujeres participantes en la protesta desarrollada esta mañana, se ha «dado fuego» a las diferentes legislaciones, decretos y resoluciones establecidas por Lanbide que dificultan el ejercicio de los derechos que les asisten a las mujeres que sufren malos tratos.
En concreto, la intención de esta concentración era arrojar “a la hoguera y quemar” las dificultades y límites que impone a diario Lanbide para el acceso a las prestaciones sociales que les pertenecen a las mujeres afectadas por violencia de género.
•Enlace al vídeo de la movilización: TeleBilbao
Asociaciones de Mujeres y Colectivos Sociales de Bizkaia:
Argilan, Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo), Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos y SOS Racismo.
COMUNICADO DE PRENSA
Hace ya dos años que un grupo de mujeres de distintos colectivos integrados en la «Plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales» comenzamos a estudiar los criterios que Lanbide utiliza para gestionar las prestaciones sociales, fundamentalmente la RGI, y analizar cómo están repercutiendo en la vida y derechos de las mujeres.
En este tiempo, son muchas las mujeres que se han acercado a las distintas organizaciones haciéndonos llegar sus denuncias, quejas y reivindicaciones….respecto al funcionamiento de Lanbide, que les está condenando junto con sus hijas e hijos a la más absoluta desprotección, precariedad, pobreza y abandono. Por no hablar del ataque constante a su intimidad y privacidad.
Nuestro análisis y denuncia se centra en cuatro puntos:
– Medidas que Lanbide aplica a todas las personas pero que afectan, especialmente o de forma muy concreta, a las mujeres (unidades de convivencia, alojamiento y otros…).
– Medidas específicas que Lanbide adopta, en teoría para favorecer a las mujeres víctimas de violencia de género y que, sin embargo, las colocan en una situación imposible, condenándolas en muchas ocasiones a no dejar o a volver con el agresor.
– Medidas concretas para el colectivo de trabajadoras de hogar, fundamentalmente mujeres, que las somete a un régimen de semiesclavitud.
– Medidas que están colocando a muchxs menores de edad, fundamentalmente a aquellxs que crecen en familias monomarentales, en situaciones de pobreza extrema y desamparo que sólo tienen origen en lo económico y donde una verdadera política de garantía de ingresos que se presupone beligerante contra las desigualdades, también las de género, debería y podría influir positivamente; pero, actualmente sólo se está preocupando por la persecución de un fraude, ridículo en términos económicos.
Desde la Plataforma contra la exclusión y por los derechos sociales de Bizkaia, estamos preocupadas por la desprotección de las mujeres ante la administración en general, y ante Lanbide en particular; pero, sobre todo, estamos preocupadas porque vemos cómo los derechos de las mujeres se ven cotidianamente vulnerados.
Nos preocupa y nos indigna ver cómo las administraciones y políticas públicas se tornan, además de inaccesibles para las personas, tremendamente inhumanas o deshumanizadas, especialmente en los casos en los que se trata con mujeres víctimas de violencia de género. Se «vende» para ellas una alternativa a la ausencia de medios de vida propios como una salida (necesaria absolutamente) de las situaciones de violencia, que es inadecuada, insuficiente, irreal y que se convierte, a la hora de la verdad, en una ginkana imposible de finalizar con éxito, en muchos casos.
Esto genera en las mujeres unas expectativas que, la mayoría de veces, se frustran y traslada además a la sociedad en general el mensaje de que las mujeres que no salen de una situación de violencia no es por falta de medios o apoyos desde las instituciones sino por incapacidad propia, cobardía o «masoquismo». Esto es gravísimo.
Nos enfrentamos a protocolos, criterios y políticas esencialmente rígidas, creadas para situaciones que la realidad supera con mucho. Nadie presta atención ni asume responsabilidades y esto está conllevando a que muchas mujeres perpetúen relaciones de violencia con sus parejas, en el marco de la familia o en sus relaciones laborales, por no disponer de alternativas reales. La dependencia económica es una forma de violencia, a la cual una cantidad muy importante de mujeres se ven sometidas a diario y ante la cual las administraciones públicas (aparentemente tan preocupadas por la igualdad) no sólo no están poniendo remedio, sino que la están favoreciendo.
Ha sido y es nuestra labor informar, asesorar y acompañar a las mujeres en sus procesos y recoger sus denuncias para hacerlas públicas y trasladarlas a las distintas instituciones. Es ésta una labor poco grata en la que estamos acostumbradas a ver cómo se interpretan y aplican las leyes de tal forma que se menoscaban derechos básicos de las personas.
Sin embargo, en esta carrera de obstáculos, también recibimos de cuando en cuando una alegría. Y ese ha sido el caso, en estos últimos meses.
Dos asuntos sangrantes que estábamos tramitando se han resuelto favorablemente para las mujeres. Ambas cumplían un perfil similar: jóvenes, migradas, trabajadoras de hogar, despedidas tras un embarazo…..Después de 7 meses, en el caso de una, y poco más de un año, en el caso de la otra, Lanbide da su brazo a torcer, reconoce su error y, no sólo les concede la RGI, sino que les abona todos los atrasos correspondientes a los meses que estuvieron sin cobrar cuando, legalmente, debieran haberlo hecho.
Una victoria para estas dos mujeres valientes, constantes y luchadoras que no se han rendido y que, además de salir adelante ellas y sus hij@s, han tenido el coraje y la fuerza para plantarle cara a este sistema que las mantiene bajo sospecha permanente en detrimento de sus derechos más elementales.
Un modelo para todas que es importante dar a conocer para que cunda el ejemplo y sepamos que es importante no rendirse a la primera. No sólo por cada caso concreto (que también), sino por su repercusión e incidencia en la transformación de las leyes y su aplicación.
Nos felicitamos porque Lanbide asuma sus errores pero nos preguntamos quién resarce a estas mujeres de meses de angustia y precariedad, de tratar de sobrevivir como fuera, de vivir con el miedo constante a perder a sus hij@s por el simple hecho de carecer de medios de vida suficientes…..Y seguimos denunciando a Lanbide por gestionar las prestaciones sociales poniendo el acento en la persecución de un fraude que, según sus propias cifras, no llega al 0.3% en vez de velar por la defensa de una vida en condiciones dignas para todas las personas.
MALAS PRÁCTICAS DE LANBIDE CON MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Desde que en diciembre del año 2011 Lanbide asumiera las competencias en la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos, se vienen aplicando una serie de políticas hipócritas, restrictivas y perjudiciales que afectan de manera más grave si, además de estar precarizadas y empobrecidas, se es mujer.
La RGI es una prestación cuyos objetivos prioritarios son, por una parte, garantizar un mínimo de ingresos para la ciudadanía evitando el empobrecimiento de ésta y, por otra, potenciar la cohesión social. Desde hace un tiempo, Lanbide no sólo está yendo contra los principios de la ley sino que, en muchas ocasiones, atenta contra la dignidad de las personas a través de sus prácticas.
Mediante la iniciativa de esta mañana, y respecto al maltrato institucional dirigido hacia las mujeres afectadas por situaciones de violencia de género, queremos denunciar públicamente que:
- Lanbide no es un espacio físico preparado para atender a mujeres víctimas de violencia, no hay un respeto al derecho a la intimidad. Además, no todo el personal de Lanbide tiene una preparación específica con perspectiva de género. Las mujeres están a la expectativa de la buena o mala «capacidad» de quien le toque en suerte para resolver su caso.
- Para tener acceso a las prestaciones es requisito necesario tener una orden de alejamiento en vigor, como si esto dependiera de la voluntad de la mujer. Es el juez quien valora y decide si implanta o no una orden de alejamiento. En ningún caso, su no concesión debiera ser argumento para no conceder la RGI.
- Además, a las mujeres que tienen hij@s se les obliga a denunciar al padre solicitando la pensión de alimentos para los mismos. Cuando son mujeres víctimas de violencia esto no siempre es posible, ni fácil. Se debería valorar las consecuencias negativas que se puedan derivar de esa denuncia.
- Pero es que se añade otro requisito más cuando se trata de mujeres víctimas de violencia y es que antes de un año deben plantear la separación matrimonial ante el Juzgado y ese plazo no siempre es sencillo de cumplir para muchas mujeres en esa situación de precariedad, vulnerabilidad… Nos parece que quien redacta este tipo de normas vive alejado de la realidad a la que se enfrentan estas mujeres.
- Otro requisito absurdo es que para poder solicitar la Prestación Complementaria de Vivienda (en caso de mujeres que, por una situación de violencia, hayan tenido que abandonar su domicilio), deben acreditar que están sacando un rendimiento económico a su vivienda anterior (por ejemplo, alquilándola). Cuando les es materialmente imposible debido a su propia situación personal.
PROPUESTAS DE MEJORA
Ante la evidente vulneración de derechos que sufren las mujeres que padecen malos tratos exigimos la puesta en marcha de las siguientes medidas:
- Elaborar un protocolo de atención a personas víctimas de violencia y que la gestión del caso se realice por parte de los servicios sociales municipales; o bien, servicios especializados en Lanbide con personal formado para trabajar con las mujeres víctimas de violencia de género.
- No pedir orden de alejamiento en vigor sino valoración de su condición de víctima por parte de los servicios sociales municipales o especializados.
- No pedir separación en un plazo de tiempo tan corto.
- No pedir el rendimiento económico de la vivienda habitual –o cualquier otro patrimonio en propiedad- hasta que no se estime, por parte de los servicios sociales municipales -o especializados en violencia de género- que las mujeres se encuentran en un momento adecuado para enfrentarse a esa situación.
