Quincena del 22 de julio al 4 de agosto de 1998. 
 

SUMARIO 

Resumen VOZ 15 DÍAS 
 
 Editorial: Maguncia y la Convención Nacional
(por Jaime Caycedo Turriago)

Enfoque: Aportes para una visión de conjunto
(por Alvaro Vásques del Real)

Mirador: El caso Marey
(por Carlos A. Lozano Guillén)
 
Informe técnico de la crisis hospitalaria: 
La mercantilización de la salud

Ante el Gobierno de Pastrana.
Resistencia al ajuste económico, acción por la paz y por un cambio democrático y social

El encuentro de las FARC con el Presidente electo.
Vital e histórico

Encuentro de Maguncia
Un paso importante hacia la negociación
 

BREVES

Tercer Congreso de la Mujer Trabajadora del 3 al 6 de agosto.
Empujando el vagón del género
 

Del 30 de julio al 1 de agosto. Ahora, Subdirectiva CUT en Bogotá y Cundinamarca
 

En España.
Crece solidaridad con Colombia
 

¿Cuánto puede resistir un pueblo la masa de desplazados?
 

Recrudece la guera contra la USO y el pueblo de Barrancabermeja.
El reino de la impunidad
 

Recomendaciones peligrosas: 14%
Salarios de miedo
 

El reino de la impunidad
 

A falta de respuestas por parte de la Comisión de la Verdad que debía establecer responsabilidades frente a la incursión paramilitar del 16 de mayo que dejó 11 muertos y 25 desaparecidos en el puerto petrolero, se produjo un nuevo ataque fascista en barrios del nororiente y un sindicalista de la USO fue raptado. 

Mientras en Mainz, Alemania, los representantes de la sociedad civil colombiana y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, emitían una resolución de condena a la arremetida paramilitar contra los pobladores de Barrancabermeja, en Colombia arreciaba la guerra infame contra la población civil y el sindicalismo.
Al atardecer del domingo 12 de julio se produjo una nueva incursión paramilitar en populosos sectores del nororiente de Barran-cabermeja, con saldo de un albañil muerto y un centenar de hombres y mujeres intimi-dados, en su inmensa mayoría jóvenes.
Se trató de la segunda incursión en menos de dos meses de las llamadas Autode-fensas Unidas de Santander y Cesar al perímetro urbano del puerto petrolero.
El hecho reviste enorme gravedad, si se tiene en cuenta que el 15 de julio venció el plazo de 60 días otorgado a la Comisión de la Verdad que debía esclarecer los episodios del 16 de mayo, cuando esa misma agrupación paramilitar, al mando de Camilo Morante, asesinó 11 personas y plagió 25 más que tras el paro cívico fueron reportados como ejecutadas por esa misma fracción fascista.
Según trascendió, hacia las 4:30 de la tarde, una docena de hombres armados con mini—uzis, fusiles y armas cortas, en traje de civil y los rostros cubiertos con pañuelos, irrumpió por el puente elevado al barrio Primero de Mayo, obligando a tenderse en el suelo a unos 40 deportistas que a esa hora disputaban un torneo intercuadra. Idéntico procedimiento al utilizado anteriormente, amenazando con considerar «objetivo militar» a todo aquel que directa o indirectamente «auxilie» a las fuerzas insurgentes del país.
Poco más adelante, mientras descansaba en el suelo después de un partido, acribillaron a balazos a Henry de Jesús González Valencia, casado y padre de dos menores de edad, disparando la alarma en la población y las organizaciones sindicales, populares y defensoras de los derechos humanos.
La situación adquirió ribetes todavía más preocupantes tres días más tarde, cuando en Sabana de Torres fue secuestrado el trabajador de la Empresa Colombiana de Petróleos, Alexander Cardona Padilla, delegado nacional de la Unión Sindical Obrera, USO, e integrante de la subdirectiva sindical en esa población del Magdalena Medio colombiano.
La desaparición forzada del líder sindical provocó la parálisis de Ecopetrol por espacio de 48 horas. Según el presidente (e) de la USO, Gabriel Alvis, el hecho se produjo en momentos en que el sindicato sostiene una álgida controversia con las directivas de la empresa por el traslado de equipos de limpieza de pozos de Sabana de Torres y la permanencia de elementos extraños a Ecopetrol en sus instalaciones.
Alvis denunció además el recrudecimiento de la campaña de amenazas y hostigamiento contra toda la dirigencia sindical de la USO, gracias al cordón que vienen estrechando las agrupaciones paramilitares contra los pobladores del puerto petrolero: «aquí lo único que reina es la impunidad, el acta de compromiso que hizo el Gobierno nacional fue incumplida en su totalidad, sin que se haya establecido la más mínima responsabilidad por los hechos de sangre».