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a reunión de sectores sociales, académicos, políticos, económicos y religiosos en Maguncia con el ELN, bajo el patrocinio del gobierno alemán, pone de presente las grandes expectativas del país en torno al tema de la solución política de la guerra y del abordaje de los grandes aspectos de la crisis nacional que están en sus raíces. Se mostró allí, ante todo, la disposición de la guerrilla a enfrentar un serio proceso de diálogo. A diferencia de lo que han destacado los medios de prensa dominantes, que presentan sobre todo lo relativo a las retenciones y el tema petrolero, muy importantes por cierto, el punto central de los resultados es la convocatoria de la Convención Nacional, entendida como proceso de diálogo para la búsqueda de acuerdos, con espacios abiertos, la viabilidad de despejes y garantías para la participación de todos los sectores de la insurgencia. Varias propuestas pueden converger en puntos comunes. Y propuestas de vías decisorias, como la convocatoria de una nueva Constituyente, hacen parte ahora de un amplio consenso.
En manos del nuevo gobierno quedan las decisiones para poner en práctica esta propuesta. No se profundizó en Maguncia lo suficiente sobre el tema de los derechos democráticos, las garantías, la libertad política y el derecho a la vida de los participantes en los diálogos de paz. Sabedores de que la guerra interior en Colombia ha consistido, ante todo, en las operaciones sucias de los «escuadrones de la muerte» y la protección estatal al paramilitarismo -al que Samper ha pretendido ofrecer reconocimiento político en la agonía de su mandato- no es posible conformarse con la simple condena de las masacres y asesinatos selectivos sin condenar también la financiación que sectores poderosos del gran capital y el latifundismo, conjuntamente con el narcotráfico, aportan a los criminales de lesa humanidad.
Esto se pudo transparentar en Maguncia porque allí no estuvieron voceros oficiales del gobierno. Esa radiografía de la sociedad civil mostró las profundas contradicciones que la desgarran, el enorme peso del poder real y de sus afianzados privilegios, la ausencia de sentido de solidaridad y el precario apego a principios democráticos reales, radicales, profundos, en las esferas ligadas a los altos y egoístas círculos de dominación. La sociedad civil verdadera está por construirse, y esa tendrá que ser una de las grandes batallas por la democracia en Colombia. Entre tanto, el problema de las garantías políticas, igualitarias, democráticas y efectivas, en cada rincón del territorio, es parte de la guerra real, cotidiana, desesperada, de los poderes dominantes que la libran para destruir, debilitar y excluir el sindicalismo, las organizaciones comunitarias, populares, la oposición de izquierda, el pensamiento democrático. Esa guerra, que tiene un alma acerada de clase, es contra la democracia, es la esencia misma del régimen político colombiano y la causa fundamental de la crisis nacional que, justamente, está obligando a establecer nuevos reconocimientos y nuevas interlocuciones con nuevos poderes que vienen de abajo. El diálogo, de poder a poder, fue evidente en Maguncia, lo que puede aclarar, hacia el futuro, el contenido social, popular, democrático y nacional al que pueden contribuir los espacios de la Convención.
Quedan interrogantes que tendrán que ser debatidos allí, como los de la integridad territorial, el Estado-Nación y la reconformación de las fuerzas militares. Son temas cruciales inscritos en la tensa lucha entre la transnacionalización y la desnacionalización, en el mundo hegemonizado por EEUU, y la defensa de la soberanía y la autodeteminación democrática del país.
Crear el espacio de libertades y derechos para el diálogo es tarea de la lucha de masas en este período. Allí tienen que conjugarse todos los intereses populares, salariales, sociales, contra el desempleo y las medidas antipopulares de ajuste recomendadas por el FMI. Son perfectamente compatibles las justas luchas obreras y sociales, con la exigencia de plenos derechos democráticos para que el pueblo se organice, para que millones de compatriotas se incorporen a la intervención directa por su presente y su futuro, y por una paz democrática con justicia social y soberanía, como quedó inscrito en la reunión de la «Puerta del Cielo».