Campaña de apoyo a la Demanda ante los tribunales
belgas contra Ariel Sharon por crímenes de guerra y genocidio
por las matanzas de Sabra y Chatila de septiembre de 1982 |
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El pasado 18 de junio 23
personas, 15 de nacionalidad palestina y ocho libanesa, constituidas
como parte civil demandante han presentado una querella ante
un Juzgado de Instrucción belga contra Ariel Sharon (actual
primer ministro de Israel), Amos Yaron (en la actualidad, cargo
en el ministerio de Defensa de Israel) y otros responsables israelíes
y libaneses de las masacres, torturas, violaciones y desapariciones
de entre 1.000 y 3.500 civiles -niños, mujeres y ancianos,
en su mayoría- que tuvieron lugar entre el 16 y el 18
de septiembre de 1982 en los campamentos de refugiados palestinos
de Sabra y Chatila, situados en la periferia sur de Beirut
CSCA, 1 de julio de 2001
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Antecedentes
El 6 de junio de 1982 Israel invadió Líbano
utilizando como excusa la tentativa de asesinato de su embajador
en Londres dos días antes. En realidad, la invasión
de Líbano (bautizada Paz para Galilea) había
sido preparada con mucha antelación por el gobierno israelí,
que inicialmente tenía previsto penetrar y ocupar una
franja de 40 kilómetros a fin de desalojar a la resistencia
libanesa y palestina de la frontera norte de Israel. La agresión
fue dirigida por el ministro de Defensa Ariel Sharon, actual
primer ministro de Israel, quien decidió proseguir su
avance hasta la capital, Beirut, ciudad a la que somete a un
cruel asedio a partir del 18 de junio, que ocasionó 18.000
muertos y 30.000 heridos, en su mayoría civiles.
Haz click en cada imagen para
ampliar / Fotos: ntcsites.com
Tras dos meses de combates y asedio, el mediador norteamericano
Philip Habib logra el compromiso de la OLP de desalojar Beirut-Oeste
a cambio de garantizar la protección internacional para
la población palestina de los campos de refugiados situados
en la periferia sur de la ciudad, los de Sabra y Chatila. Los
combatientes palestinos abandonan la capital libanesa el 1 de
septiembre, y el 10 de septiembre lo hace la fuerza multinacional
desplegada. Tras el asesinato -nunca esclarecido- el día
15 del recién elegido nuevo presidente libanés
Bachir Gemayel (dirigente del Partido Kataeb o Falange, formación
de la extrema derecha maronita aliada de Israel), el ejército
israelí ocupa Beirut-Oeste en contra de lo pactado con
EEUU.
Previamente, Ariel Sharon había anunciado que aún
quedaban en los campos de Sabra y Chatila "dos mil terroristas
[palestinos]" y había acordado con Gemayel, tres
días antes de su asesinato, que las milicias del Partido
Kataeb (las llamadas Fuerzas Libanesas), bien conocidas por su
odio y brutalidad hacia los palestinos, entrarían en los
campamentos palestinos para "limpiarlos", asistidas
por el ejército israelí, que previamente procede
a bombardearlos intensivamente.
Del 16 al 18 de septiembre, mientras el ejército israelí
ilumina día y noche los campamentos con potentes reflectores,
impide la huida de sus residentes y presta sus excavadoras para
enterrar a los masacrados o demoler las viviendas, los falangistas
torturan, violan y matan a una cifra de civiles palestinos y
libaneses que puede alcanzar los 3.500.
Los demandantes
Los demandantes de la acción contra Sharon, representados
por un equipo de tres abogados (dos belgas y un libanés),
son personas que acreditan haber sido víctimas y testigos
de las masacres cometidas contra ellos, contra sus familiares,
contra terceras personas y contra sus bienes materiales. Las
23 acusan -con el respaldo del testimonio de cinco testigos-
a Ariel Sharon de permitir que las milicias de las Fuerzas Libanesas
(la organización militar del Partido Kataeb o Falange)
en connivencia con el ejército israelí asesinaran
hasta más de tres millares de civiles en los campamentos
de Sabra y Chatila, en aquel momento bajo control militar del
ejército israelí.
El fundamento jurídico
El fundamento jurídico de la demanda se acoge a la
Ley belga de 16 de junio de 1993 (modificada por la Ley de 10
/2/1999) relativa a la represión de las violaciones graves
del derecho internacional humanitario en los casos de actos de
genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes
contra personas y bienes protegidos por la IV Convención
de Ginebra de agosto de 1949. Asimismo, el fundamento de la demanda
se acoge al Derecho Consuetudinario Internacional en relación
con los mismos crímenes. La combinación de ambas
normativas, que habilita a los tribunales del Estado belga a
enjuiciar a cualquier persona (sin límites de nacionalidad,
tiempo transcurrido o cargo) por crímenes de guerra, actos
de genocidio y otros crímenes contra la Humanidad cometidos
en cualquier parte del mundo, fue la misma que sirvió
de base el año pasado para procesar en Bélgica
a personas halladas finalmente responsables de las matanzas de
Ruanda.
Merece la pena señalar que el Estado de Israel invocó
el mismo instrumento jurídico del Derecho Consuetudinario
Internacional cuando juzgó a Eichman por crímenes
de guerra cometidos contra comunidades judías en la época
nazi y que EEUU recurrió a la misma legislación
en el caso del enjuiciamiento de Demyanyuk.
La particularidad que ofrece la legislación belga respecto
a la practica del Derecho Consuetudinario Internacional es que,
a diferencia de otros Estados, acepta procesar a criminales de
guerra aunque sean beneficiarios de la inmunidad por cargo (como
es el caso de Sharon, actualmente primer Ministro de Israel).
En el caso del Estado español, y tras el enjuiciamiento
de Pinochet apelando a la Ley de Justicia Universal, que incluye
perseguir delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad,
dos querellas presentadas posteriormente mediante acción
popular ante la Audiencia Nacional (contra el presidente de Guinea,
Obiang y contra Fidel Castro) fueron rechazadas alegando que
disfrutan de la inmunidad que les confiere el cargo.
Presiones políticas
De acuerdo con fuentes cercanas a la defensa de los demandantes,
y debido a la incidencia política asociada al fondo de
la Demanda presentada
en Bélgica que criminaliza la actuación del actual
primer ministro de Israel como genocida, las corrientes prosionistas
belgas así como algunos círculos políticos
de la Unión Europea habrían empezado a ejercer
presiones en ámbitos diplomáticos, políticos
y mediáticos a fin de influir en la decisión de
los tribunales belgas para que la demanda, que ya ha sido admitida
a trámite y la investigación oficialmente abierta
sean desestimadas.
Por su parte, la Administración estadounidense ya declaró
por medio de su portavoz Ari Flesicher la posición de
EEUU sobre esta cuestión el mismo día en que Sharon
visitaba la Casa Blanca: "Creo que el simple hecho de que
el presidente [Bush] esté manteniendo en este momento
un encuentro en el Despacho Oval con un líder debidamente
elegido por una nación democrática habla por si
solo de lo que el presidente hará y de a quien apoya"
Otras iniciativas para investigar
y procesar a Sharon
A raíz de la apertura del expediente belga, el Estado
de Líbano podría estar considerando reabrir una
investigación sobre las masacres para procesar a Sharon
por su responsabilidad en las matanzas.
También en Líbano, una abogada libanesa, May
Jansa, ha iniciado un pleito contra el primer Ministro de Israel
por los mismos cargos que en Bélgica y basada en informes
y documentación emitidos por el canal árabe Al
Yasira que revelan el papel determinante del ex -parlamentario
libanés y comandante de las milicias falangistas libanesas
en Sabra y Chatila, Elia Hobeika y el también ex comandante
falangista Fuad Abu Nader. La abogada ha presentado una lista
de 24 testigos, libaneses y palestinos que fueron víctimas
totales o parciales de las masacres.
Asimismo, la organización Human Rights Watch (HRW) con base en
EEUU ha solicitado recientemente una investigación del
papel del primer Ministro Sharon en las masacres de Sabra y Chatila.
"Existen suficientes evidencias de que los crímenes
de guerra y crímenes contra la humanidad fueron cometidos
a gran escala en los campamentos de Sabra y Chatila aunque hasta
la fecha ni un solo individuo ha sido enjuiciado por ello"
(Hanny Megally, directora de HRW). La organización de
derechos humanos considera que EEUU debería tener un interés
sustancial en investigar este caso debido a que la ocupación
israelí de Beirut Occidental en 1982 fue seguida del documento
emitido por EEUU en el que se reclamaban, como parte del acuerdo
de evacuación de las fuerzas de la OLP de Líbano,
garantías de seguridad para los palestinos que permaneciesen
en la ciudad.
A mediados de junio, la emisora británica BBC ha emitido
un reportaje que evalúa la posibilidad
de llevar a Sharon ante los tribunales por su responsabilidad
en el asesinato de miles de palestinos a manos de las milicias
falangistas libanesas en 1982. La emisión del documental
ha desencadenado las protestas oficiales de Israel, que ha acusado
a la BBC de antisemitismo y al reportaje de tomar una
posición antiisraelí.
El Informe de la Comisión
Kahan
Como consecuencia de las masacres, en el mismo año
de 1982, el gobierno israelí hubo de hacer frente a las
presiones internacionales que condenaron duramente las masacres
(Naciones Unidas emitió de manera inmediata una resolución
que calificaba los hechos de acto de genocidio) y decretó
la creación de una comisión de investigación
de los hechos asociados a las masacres. El Informe
de la Comisión Kahan (encabezada por el
presidente del Tribunal Supremo de Israel en aquel momento, Eailan
Kahan) determinó en su investigación (1983) las
responsabilidades políticas y personales de los implicados
israelíes (desde el primer Ministro Begin hasta los mandos
oficiales del ejército israelí) y concluyó
hallando responsable personal indirecto a Ariel Sharon en su
calidad de ministro de Defensa y comandante de la operación
del asalto a los campamentos. Las conclusiones del Informe Kahan
determinaron la dimisión de Sharon pero no se inició
acción legal alguna para procesarle. Las 23 víctimas
y los 5 testigos representan a un extenso número de personas
a las que nunca se las ha reconocido como víctimas ni
se las ha indemnizado por las pérdidas. Todas ellas perdieron
miembros cercanos de sus familias. La lectura de sus testimonios
devuelve el grado de horror el carácter de una masacre
que se encuentra entre las peores cometidas en el siglo XX.
Texto íntegro en castellano
de la Demanda ante los tribunales belgas
(Traducido del francés
por Natasha Litvina para el CSCA)
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