
ADHESIONES A LA CAMPAÑA INTERNACIONAL
PARA EXIGIR QUE ARIEL SHARON SEA PUESTO A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA
(Traducido del inglés por Pablo
Carbajosa para el CSCA)
Podéis hacer circular esta petición
y la información aneja (véase más abajo) entre vuestros
compañeros y conocidos, así como entre ONGs, medios de información
y funcionarios de la administración de vuestro país.
Una vez firmada la petición (véase
más abajo), puede enviarse por correo electrónico a: IndictSharonNow@aol.com
De este modo, añadiremos vuestros nombres,
o el de vuestra organización, a la lista de firmantes. En caso de
firmar a título individual si así lo deseáis- podéis
facilitar el nombre de vuestra ciudad o país de residencia, profesión
y organización de la que sois miembros, para que se publique junto
a vuestro nombre. Nuestro objetivo es que esta iniciativa refleje los puntos
de vista de una colectividad internacional, de Norte y Sur, que recuerde
la gravedad de los actos de Ariel Sharon y se comprometa a tratar de lograr
justicia, a escala internacional, en este caso. Animamos a los ciudadanos
y ONGs de Israel a que añadan su firma a esta petición, se
adhieran a esta campaña, y planteen en Israel la cuestión
de la impunidad de Sharon.
Podéis hacer llegar esta campaña
a la prensa local y otros medios de información, y enviar cartas
al director y artículos de opinión sobre Ariel Sharon y la
importancia de poner fin a la impunidad que rodea su responsabilidad en
las masacres de civiles inocentes.
Una vez reunidas las firmas, sugeriremos otras
actividades concretas en cada país destinadas a incrementar la difusión
de esta campaña. También haremos circular entre los demás
firmantes cualquier sugerencia de actividades que deseéis enviar
a IndictSharonNow@aol.com
Texto completo de la petición
Los abajo firmantes manifestamos nuestra convicción de que Ariel
Sharon debería ser procesado y puesto a disposición de la
justicia. Como oficial militar israelí y ministro de Defensa, Ariel
Sharon fue responsable en primer grado de asesinato, crímenes de
guerra, graves violaciones de la Cuarta Convención de Ginebra, y
crímenes contra la humanidad, que provocaron miles de muertos y heridos
entre civiles palestinos y libaneses.
Como ministro de Defensa y arquitecto de la brutal invasión del
Líbano en 1982, las acciones de Ariel Sharon y su incapacidad de
obrar preventivamente facilitaron la masacre de entre 700 y 800 civiles,
como mínimo, algunos testimonios afirman que hasta 3.000- palestinos,
libaneses y de otras comunidades, en los campos de refugiados de Shabra
y Shatila en septiembre de 1982.
Tres décadas antes, en su calidad de joven oficial del ejército,
Ariel Sharon mandó una unidad israelí de comandos de élite
que llevó a cabo brutales incursiones contra los palestinos. La masacre
de la aldea cisjordana de Qibya, el 14 de octubre de 1953, es quizás
la más conocida. La unidad de Sharon dinamitó 45 viviendas
de la aldea, asesinando a 69 personas, dos tercios de ellas mujeres y niños,
de acuerdo con el historiador israelí Avi Shlaim en su reciente libro
The Iron Wall.
Las autoridades judiciales del Estado de Israel nunca han afrontado su
responsabilidad de investigar a conciencia y procesar a Ariel Sharon por
estas masacres y otros delitos. En nuestra opinión, la incapacidad
para actuar del sistema legal israelí obliga a las naciones que han
subscrito la Convención de Ginebra a declarar responsable a Ariel
Sharon, sin perjuicio de que sea ciudadano de Israel, ministro del gabinete
o presidente del gobierno.
El artículo 146 de la Convención de Ginebra relativo a
la protección de civiles en tiempo de guerra establece que todos
los signatarios "estarán obligados a la busca y captura de aquellas
personas bajo presunción de haber cometido, o haber ordenado que
se cometieran" graves violaciones de la Convención, "y
pondrán a esas personas a disposición de sus tribunales, independientemente
de su nacionalidad".
Pueden también, si así lo prefieren, y de acuerdo con las
disposiciones de su propia legislación, entregar a dichas personas
a otra país signatario implicado, siempre y cuando ese otro signatario
haya probado que hay caso prima facie".
El artículo 147 de la Convención establece que entre las
infracciones graves detalladas en el artículo 146 se cuentan el asesinato,
la tortura y los malos tratos deliberados, incluyendo los experimentos biológicos;
infligir deliberadamente grandes sufrimientos o graves lesiones al cuerpo
o a la salud; la deportación o traslado ilegales o el confinamiento
ilegal de una persona bajo protección; obligar a una persona bajo
protección a servir en las fuerzas de una potencia hostil, o privar
deliberadamente a una persona bajo protección de su derecho a un
juicio justo según el procedimiento ordinario, prescrito en la siguiente
convención; la toma de rehenes y la destrucción y apropiación
considerables de propiedad, no justificada por necesidades militares y llevada
a cabo de manera ilegal y sin motivo.
Las recientes transformaciones del naciente sistema internacional de
justicia -entre cuyos casos se cuentan los de Augusto Pinochet, Slobodan
Milosevic, los de quienes perpetraron el genocidio ruandés y otros-
proporcionan poderosos precedentes para terminar con la impunidad de la
que Sharon ha venido disfrutando hasta ahora. Debería ser encausado
por los delitos de los que ha sido responsable, como primer paso de un proceso
de responsabilidades públicas que haga justicia a las víctimas
y a sus familias.
(Las organizaciones se citan con la finalidad de identificarlas, salvo
que se indique otra cosa)
Paul Aarts (Departamento de Ciencias Políticas/Relaciones
Internacionales, Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento Universidad
de Amsterdam Países Bajos), Gasser Abdel Razek (Miembro de la Junta
Directiva Organización Egipcia de Derechos Humanos El Cairo, Egipto),
Hossam Bahgat (Cairo Times Redactor El Cairo, Egipto), Francis A.
Boyle (Profesor de Derecho Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois,
Champaign, Illinois, USA), Junta Directiva, Amnistía Internacional
EE.UU. (1988-1992), Abdeen Jabara (Fiscal Nueva York, NY, EE.UU.), Walid
Keirouz, PH. D. (Beirut, Líbano), Laurie King-Irani (Antropólogo/escritor
Annapolis, Maryland, EE.UU.), Isam al Khafaji, escritor iraquí (Escuela
Internacional de Humanidades Universidad de Amsterdam Países Bajos),
Rasha Manjour (ciudadano jordano) Especialista de Formación Instituto
de Educación y Desarrollo Internacional Proyecto de Formación
II El Cairo (Egipto), Maria Montagna (Canadá), Roger Normand (Centro
de Derechos Económicos y Sociales Brooklyn, Nueva York, EE.UU.),
Mary Ramadan (Fiscal Bethesda, Maryland, EE.UU.), Samar Said (Gerente de
Formación Giza, Egipto), Shifra Stern (Secretaria jurídica
Bronx, Nueva York, USA)
Sobre la masacre de Sabra y Shatila (1982):
Las matanzas se produjeron en los dos campos contiguos de Shabra y Shatila
entre las 6 de la tarde del 16 de septiembre y las 8 de la mañana
del 18 de septiembre de 1982, en una zona controlada por las Fuerzas de
Defensa Israelíes (FDI). Quienes las perpetraron eran miembros de
las milicias falangistas ("kata´eb", en árabe), fuerzas
libanesas armadas por Israel, además de estrechos aliados suyos desde
el inicio de la guerra civil en el Líbano, en 1975. Entre las víctimas
de estos actos de violencia, que se prolongaron durante 62 horas, se encontraban
bebés, niños, mujeres (algunas de ellas embarazadas), y ancianos.
Algunos de los cuerpos fueron mutilados o destripados antes o después
de ser asesinados. Por citar tan sólo uno de los relatos de un testigo
ocular tras la masacre, el del periodista norteamericano Thomas Friedman,
del New York Times: "Ví sobre todo grupos de jóvenes
de entre veinte y cuarenta años que habían sido alineados
contra los muros, maniatados de pies y manos, y segados luego con ráfagas
de ametralladora al estilo gangsteril".
Una comisión oficial de investigación israelí -presidida
por Yitzhak Kahan, presidente del Tribunal Supremo- investigó la
masacre y, en febrero de 1983, se publicaron sus conclusiones (desprovistas
del Apéndice B, que hasta el momento sigue siendo secreto). La Comisión
Kahan estableció que Ariel Sharon, entre otros israelíes,
era responsable de la masacre:
"Según nuestro punto de vista, ha de imputarse al ministro
de Defensa la responsabilidad de haber hecho caso omiso del peligro de que
se produjeran actos de venganza y derramamiento de sangre contra los pobladores
de los campos de refugiados por parte de los falangistas, y de haber sido
incapaz de tener en cuenta este peligro al permitir que los falangistas
entrasen en los campos. Por añadidura, ha de imputarse al ministro
de Defensa la responsabilidad de no ordenar que se tomaran las medidas apropiadas
para impedir o reducir el peligro de una masacre como condición para
permitir la entrada de los falangistas en los campos. Estos errores constituyen
una omisión de deberes que correspondían al ministro de Defensa."
La Comisión concluyó asimismo: "[E]n su reunión
con los comandantes falangistas, el ministro de Defensa no hizo ningún
intento por resaltar la gravedad del peligro de que sus hombres cometieran
una matanza.... De haber quedado claro para el ministro de Defensa que no
podía ejercerse supervisión alguna sobre la fuerza falangista
que entraría en los campos, con el consentimiento de las FDI, su
deber habría consistido en impedir su entrada. La utilidad de que
los falangistas penetraran en los campos era completamente desproporcionada
en relación con los daños que su entrada podía provocar
en caso de que fuera incontrolada". La Comisión hizo notar además
que "Dejaremos constancia aquí de que resulta manifiestamente
desconcertante que el ministro de Defensa no hiciera en absoluto partícipe
al primer ministro [Menajem Begin] de la decisión de permitir la
entrada en los campos a los falangistas."
Sobre la masacre de Qibya (1953):
El historiador israelí Avi Shlaim escribió lo siguiente
sobre esta masacre: "Las órdenes de Sharon consistían
en penetrar en Qibya, dinamitar las casas e infligir un elevado número
de bajas a sus habitantes. Su éxito en la ejecución de estas
órdenes sobrepasó cualquier expectativa. La macabra historia
completa de lo que sucedió en Qibya se reveló sólo
a la mañana siguiente del ataque. La aldea había quedado reducida
a escombros: 45 casas habían sido voladas, y 69 civiles, dos tercios
de ellos mujeres y niños, habían sido asesinados. Sharon y
sus hombres adujeron su creencia de que todos los habitantes habían
huido y que no tenían idea de que estuvieran escondidos en sus casas.
El observador de las Naciones Unidas que inspeccionó la escena llegó
a una conclusión diferente: "Una vez tras otra se repetía
la misma historia: las puertas astilladas por las balas, los cuerpos caídos
en el umbral, indicando que los habitantes se habían visto obligados
por un intenso fuego a quedarse en sus casas hasta que las volaran con ellos
dentro. La matanza de Qibya fue descrita por aquel entonces en una carta
enviada al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unida por
el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Jordania en los
Estados Unidos, fechada el 16 de octubre de 1953 (S/313).
"El 14 de octubre de 1953, a las 9.30 de la noche, escribió-
las tropas israelíes lanzaron un batallón al ataque de la
aldea de Qibya, en el reino hachemita de Jordania" (en aquella época,
Cisjordania estaba anexionada a Jordania). De acuerdo con el relato de este
diplomático, las fuerzas israelíes entraron en la aldea y
asesinaron sistemáticamente a todos los moradores de sus viviendas,
utilizando armas automáticas, granadas y bombas incendiarias. El
14 de octubre, se recuperaron los cuerpos de 42 civiles; varios cuerpos
más permanecían todavía bajo los escombros. La escuela
de la localidad, un aljibe de agua y 40 casas quedaron destruidas. En la
aldea se encontraron explosivos israelíes que no habían sido
utilizados y que mostraban distintivos en hebreo del ejército israelí
. Alrededor de las 3 de la madrugada, y con el fin de cubrir su retirada,
las tropas de apoyo israelíes comenzaron a bombardear las aldeas
vecinas de Budrus y Shuqba desde sus posiciones en el interior de Israel.
El Departamento de Estado norteamericano emitió un comunicado
el 18 de octubre de 1953 expresando sus "más hondas simpatías
por los familiares de quienes perdieron la vida" en el ataque contra
Qibya, así como su convicción de que los responsables "deberían
responder de sus actos y que deberían tomarse medidas efectivas para
impedir incidentes semejantes en el futuro". (Department of State Bulletin,
26 de octubre de 1953, pág. 552).
En la reunión del Consejo de Seguridad del 20 de octubre de 1953,
se decidió por unanimidad examinar las violaciones recientes del
Acuerdo General de Armisticio, así como el ataque de Qibya en particular.
Se acordó que el Consejo invitara a su representante, el general
de división Vagn Bennike, Jefe de Estado Mayor de la Organización
de Supervisión de la Tregua de las Naciones Unidas, y escuchase su
informe, con el fin de conseguir una información precisa sobre lo
sucedido.
El general Bennike informó al Consejo de Seguridad el 27 de octubre
de 1953. Afirmó que, tras recibir quejas jordanas acerca de una incursión
llevada a cabo por fuerzas militares israelíes durante la noche del
13 al 14 de octubre, entre las 9.30 p.m. y las 4.30 a.m., un equipo de investigación
partió de Jerusalén en dirección a Qibya a primera
hora de la mañana del 15 de octubre. Al llegar a la aldea, el Presidente
Suplente de la Comisión Mixta de Armisticio comprobó que se
habían destruido entre 30 y 40 casas. En el momento de abandonar
Qibya el Presidente Suplente se habían desenterrado 27 cadáveres
de entre los escombros.
Los testigos se mostraron uniformes en su descripción de una noche
de horror, durante la cual los soldados israelíes se habían
paseado por la aldea volando viviendas, disparando contra puertas y ventanas
con armas automáticas y lanzando granadas. Una serie de granadas
de mano sin estallar, con letras hebreas que señalaban su reciente
fecha de fabricación en Israel, así como tres sacos de TNT,
aparecieron dentro y alrededor de la aldea. Se celebró una reunión
urgente de la Comisión Mixta de Armisticio en la tarde del 15 de
octubre y se aprobó con el voto de la mayoría una resolución
que condenaba al ejército regular israelí por haber llevado
a cabo el ataque contra Qibya, como violación del artículo
III, párrafo 2,62/ del Acuerdo General de Armisticio entre Jordania
e Israel. El Jefe de Estado Mayor declaró que había discutido
con el Presidente Suplente de la Comisión Mixta de Armisticio las
razones por las que había apoyado la resolución que condenaba
al ejército israelí por haber llevado a cabo el ataque y,
tras escuchar sus explicaciones, le pidió que las pusiera por escrito.
Los argumentos técnicos presentados por el comandante Hutchison en
su memorándum se consideraron convincentes por parte del Jefe de
Estado Mayor.
En la reunión del Consejo de Seguridad del 16 de noviembre de
1953, el representante de Jordania solicitó que el Consejo condenara
a Israel por la masacre de Qibya en los términos más contundentes,
y pidiera a Israel que encausara y castigase a todos los funcionarios israelíes,
militares o civiles, responsables de esas muertes. El representante del
Líbano hizo una petición similar. La resolución 101
del Consejo de Seguridad, adoptada el 24 de noviembre de 1953 (con la abstención
del Líbano y la URSS), consideraba que la acción de represalia
de Qibya llevada a acabo por fuerzas israelíes era una violación
de las disposiciones de alto el fuego de la Resolución 54 del Consejo
de Seguridad (1948) y contravenía las obligaciones de las partes,
de acuerdo con el Acuerdo General de Armisticio entre Israel y Jordania
y la Carta de las Naciones Unidas, expresaba "la censura más
severa de dicha acción". La resolución pedía también
a los gobiernos de Israel y Jordania que impidiera cualquier acto de violencia
a ambos lados de la línea de demarcación, pero no pedía
a Israel que considerase responsables a quienes habían realizado
la masacre y los pusiera a disposición de la justicia.
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