El Proceso a Sharon en CSCAweb
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Comunicado abogados de la defensa de 18 de
julio de 2003 "Consideramos que es inadmisible que un caso como el nuestro, respecto al cual el Tribunal Supremo de Bélgica y el Tribunal de Apelación ya se han pronunciado en una decisión final que debe pasar a la fase de investigación, pueda ser cancelado por una decisión del gobierno y por la subsiguiente modificación de la ley. Este hecho no sólo viola los principios de separación de poderes dentro del Estado, sino que también viola el derecho de las víctimas a un juicio justo y a recursos legales efectivos, tal y como están garantizados por la Convención Europea sobre la Protección de los Derechos Humanos." "Los abogados defensores de los supervivientes de Sabra y Chatila condenan la decisión del gobierno belga de renunciar a la Ley de Jurisdicción Universal a causa de presiones económicas El gobierno belga ha decidido renunciar a la Ley de Jurisdicción Universal. En lo sucesivo, la jurisdicción se limitará a casos que en los que estén involucrados víctimas belgas, criminales belgas o que vivan en territorio belga. Fuertes presiones por parte de EEUU e Israel, unidas a errores estratégicos y legales por parte de las autoridades belgas respecto a varias de las recientes reclamaciones han forzado en última instancia al gobierno belga a dar este enorme paso atrás. Si las intenciones del gobierno llegan a convertirse en ley, eso afectará sin duda enormemente a la investigación pendiente de las masacres de Sabra y Chatila [1]. El proyecto de ley que se va a proponer al Parlamento contiene de hecho una norma transitoria para estos casos pendientes, que especifica que sólo podrán proseguir aquellos casos en los que estén implicados ciudadanos belgas en el momento de iniciarse el caso o sospechosos que todavía estén detenidos. El proyecto de ley no sólo constituye un enorme paso atrás respecto a la defensa de los derechos humanos y al derecho humanitario internacional sino que también discrimina a las víctimas de crímenes internacionales respecto a las víctimas de crímenes ordinarios. Según el derecho criminal, una víctima belga tiene la posibilidad de presentar una reclamación por delitos graves cometidos en fuera del país por un extranjero en cuanto el criminal pise el territorio belga. El proyecto de ley limita más, con una colección adicional de filtros, esta posibilidad de reclamar. Hacemos un llamamiento a todos los diputados de Bélgica para que no acepten esta propuesta. En cualquier caso consideramos que es inadmisible que un caso como el nuestro, respecto al cual el Tribunal Supremo de Bélgica y el Tribunal de Apelación ya se han pronunciado en una decisión final que debe pasar a la fase de investigación, pueda ser cancelado por una decisión del gobierno y por la subsiguiente modificación de la ley. Este hecho no sólo viola los principios de separación de poderes dentro del Estado, sino que también viola el derecho de las víctimas a un juicio justo y a recursos legales efectivos, tal y como están garantizados por la Convención Europea sobre la Protección de los Derechos Humanos. Dependiendo del resultado del actual procedimiento legal, estamos considerando buscar los recursos adecuados para estas violaciones ante los tribunales adecuados. La propuesta del gobierno belga constituye también un durísimo golpe para todas las víctimas y supervivientes de la masacre de 1982 en Sabra y Chatila. Después de que el Estado belga haya acogido favorablemente la presentación de la demanda de investigación que durante años había parecido imposible, este mismo Estado, por temor a sanciones económicas, les da ahora la espalda tanto a ellos como a su búsqueda de la justicia que se debería haber realizado hace tiempo. Después de haber sido invitados a revivir los dramáticos acontecimientos de la masacre, a punto de ser aprobada la propuesta por el Parlamento belga cruel e irresponsablemente, el Estado belga echa por tierra sus esperanzas de superar dos décadas de presiones y dificultades emocionales. Luc Walleyn, Michael Verhaeghe, Chibli Mallat."
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