El equipo de gobierno de Barakaldo recorta el presupuesto social y aumenta sus sueldos pese al colapso de los servicios sociales municipales

●El proyecto de presupuestos para el año 2022 contempla un incremento del 6’23% del salario base de los políticos del equipo de gobierno llegando a los 1.224.990,65 euros, a sumar cotizaciones a la seguridad social y retribuciones complementarias

●El gobierno municipal congela, por noveno año consecutivo, el presupuesto para las ayudas económicas en 960.000 euros, sin atender a la crisis provocada por la pandemia de la covid-19

●Recortes que también se aplican a unos servicios sociales saturados. Además, de no atenderse las situaciones más graves y urgentes

●Durante un periodo de más de cuatro meses no se puede pedir ninguna ayuda de emergencia social al estar cerrado el plazo de solitud desde el pasado 21 de octubre

–Berri-Otxoak denuncia que el sueldo de los políticos del Gobierno de Barakaldo se incrementa un 6%
–Berri Otxoakek Barakaldoko udal aurrekontuak salatu ditu
–Berri Otxoak denuncia los presupuestos municipales de Barakaldo
Barakaldo, 14 de diciembre de 2021

Integrantes de la asociación contra la pobreza Berri-Otxoak se han concentrado ante el Ayuntamiento de Barakaldo en denuncia de los recortes contemplados en el proyecto de presupuestos elaborados por el gobierno local para este próximo año.

El equipo de gobierno vuelve a congelar, por noveno año consecutivo, las ayudas económicas municipales en 960.000 euros sin atender las situaciones de precariedad, desempleo y pobreza que viven miles de familias del municipio. Como ejemplo: desde el pasado 21 de octubre no se atiende ninguna petición de acceso a una ayuda de emergencia, al estar cerrado el plazo de solicitudes.

Berri-Otxoak ha declarado que “la falta de un presupuesto suficiente conlleva aplicar recortes a unos servicios sociales saturados, endurecer los requisitos de acceso a las ayudas de emergencia o recortar de forma sistemática en un 20% la asignación económica a percibir por las familias más necesitadas, más si cabe teniendo en cuenta las consecuencias económicas y sociales que está conllevando la pandemia del coronavirus”.

Estos recortes son más graves si tenemos en cuenta que a pesar de las situaciones de gran precariedad vividas actualmente en Barakaldo, el gobierno local ha optado por incrementar sus sueldos en un 5%, alcanzando los 2 millones de euros, en concreto 1.994.958,16 de euros.

Alcaldesa, concejales, asesores y cargos de confianza incrementan su salario base en un 6’3% llegando a los 1.224.990,65 euros. A sumar el incremento del 2% en sus cotizaciones a la Seguridad Social, siendo el presupuesto destinado 605.592,60 euros; y 41.073,34 euros en retribuciones complementarias. Además, de 122.478 euros de asignación nominal a los partidos que conforman los órganos de gobierno del consistorio, PNV y PSE.

La asociación barakaldesa ha añadido que visto este derroche “el equipo de gobierno ya no tiene ninguna excusa para comprometerse con las familias económicamente más vulnerables de la localidad”.

Las personas participantes en la movilización han exigido una política social y presupuestaria consecuente con la actual situación de crisis provocada por la pandemia, que requiere de una mayor inversión en protección social, en personal de los servicios municipales y en consecuencia, para que la cobertura de las necesidades básicas de las familias con más dificultades económicas de la localidad sea prioritaria.

La plataforma contra la pobreza constata que “debido al alto coste de los alquileres y la situación económica que se afronta actualmente, cada vez son más familias, muchas con menores a cargo, las que se ven obligadas a residir en una habitación teniendo que prescindir de alimentarse adecuadamente y/o de ir al dentista, entrando en una dinámica en que deben anteponer el pago de su habitación a la alimentación o salud de sus familiares”.

A esta política de recortes se debe sumar la falta de personal encargado de gestionar las solicitudes (trabajadoras sociales y administrativos) del “Equipo de Ayudas Económicas”, situación que provoca demoras injustificables en la resolución de los expedientes de hasta de 7 meses, para unas prestaciones destinadas a circunstancias de “emergencia social”.

Las personas activistas de Berri-Otxoak han exigido al equipo de gobierno que “no se lave las manos” ante las situaciones de precariedad y pobreza que sufre buena parte de las familias barakaldesas.