Se consuma el desahucio de una familia en paro

En la mañana de este martes ha sido desahuciada una familia en paro de Barakaldo. En concreto, A. E., de 59 años, y su hijo D. R., de 32 años, han sido desalojados de su vivienda del número 10 de la calle Landabeko, del barrio de Arteagabeitia.
Una vez más se comprueba el papel mojado que supone el protocolo anti-desahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, tras el suicidio de la vecina del municipio Amaia Egaña.

Enlace al vídeo de la movilización: HerriKolore, EITBTele 7 Barakaldo Digital


Comunicado

Concentración en la calle Landabeko, número 10. Vivienda de la cual ha sido desahuciada una familia de Barakaldo. Desalojo que se produce tras la inacción el Ayuntamiento de Barakaldo y la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco.

En concreto, A. E. de 59 años, y su hijo D. R. de 32, años son desahuciados sin ningún tipo de solución ni alternativa habitacional.

Son una familia de 2 miembros en paro que desde hace unos meses se han dirigido a los servicios sociales. Pasado este periodo de tiempo no han obtenido ninguna respuesta a su situación de vulnerabilidad económica.

Cabe destacar, que han solicitado una reunión con la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, y a día de hoy siguen esperando una respuesta. Lo que demuestra su falta de sensibilidad a las necesidades de las familias que peor lo están pasando en la localidad.

Por otro lado, tanto el consistorio o el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide han incumplido el derecho de todas las personas a una vivienda digna y no han acatado el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que exige, frente al desahucio de familias sin recursos económicos suficientes, una alternativa habitacional.

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo exige paralizar todo desahucio “hasta procurar desde las diferentes administraciones una alternativa habitacional a las familias afectadas”.

Esta instancia europea remarca que “se ha de dar un alojamiento alternativo y servicios sociales adecuados a la familia afectada por un desalojo. Ante evidente constatación de una situación de exclusión. No se debe desahuciar a las familias que se encuentren en situación de necesidad”.

Sin embargo, el desalojo de esta mañana deja en evidencia el acuerdo anti-desahucios aprobado en 2013 por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, tras el suicidio de la vecina de la localidad Amaia Egaña. El cual establece que se deben solicitar informes a los servicios sociales de base cuando hay familias vulnerables afectadas por un desahucio.

Es más, en febrero de este año el propio Gobierno Vasco garantizaba el facilitar “a través del Departamento de Empleo y Políticas Sociales sus recursos en servicios sociales y programas de asistencia social, así como la adjudicación directa de viviendas de protección oficial”.

Por otro lado, la totalidad de consistorios de la Comunidad Autónoma, a través de EUDEL, se comprometían a “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” ante una situación de desahucio. Siendo a día de hoy este protocolo de actuación auténtico papel mojado.

Cabe recordar que 4 familias de Barakaldo son desahuciadas cada semana; especialmente por impagos de alquiler, que son ya el 82% del total.

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