El centro asesor de la mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak se han concentrado frente al edificio consistorial denunciando que «los derechos no se sortean» después de que el Ayuntamiento de Barakaldo haya hecho público que mañana miércoles 1 de junio abrirá el plazo de inscripción para el sorteo de 135 viviendas de protección oficial (VPO) en Serralta, en el barrio de Lutxana.

Ambas asociaciones han coincidido en que dicho sorteo “se realiza por la insuficiente dotación de un parque de viviendas públicas y que viola un derecho regulado por ley al que se debería acceder en base a un baremo de prioridad por necesidad y no sortearlo impúdicamente.”

Ambas organizaciones concluyen que «el sorteo de estos pisos en el barrio de Lutxana, demuestra el desprecio del equipo de gobierno a garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias de la localidad.”

Por ello, bingo en mano, han acusado a la Consejería de Vivienda y al consistorio fabril de vulnerar este derecho al no aplicar el vigente decreto que exige la adjudicación directa de una alternativa habitacional a las personas que sufren un desahucio, prioritariamente a las mujeres víctimas de violencia de género que tengan menores a su cargo, si no los tienen o si sencillamente hay menores afectados por un lanzamiento. No contempla de ninguna manera el sorteo de las alternativas habitacionales.

«Ambas administraciones infringen reiteradamente la actual legislación que fija un plazo máximo de 4 meses de estancia en un recurso municipal temporal para estas mujeres, como recoge hasta el manual “Recursos para mujeres víctimas de violencia machista” de la Diputación de Bizkaia» han sentenciado.

Las entidades sociales barakaldesas han vuelto a reiterar que «la legislación obliga a ofrecer una alternativa habitacional de manera preferencial y urgente a las mujeres que se encuentran alojadas en centros destinados a la protección de víctimas de violencia de género. Más si cabe cuando estas mujeres sufren una carencia de recursos económicos propios y de vivienda, motivada por la huida de su situación de violencia machista».

«A pesar de las campañas institucionales en contra la violencia machista, a la hora de la verdad los servicios sociales municipales y de vivienda del gobierno vasco no tienen en cuenta la situación de las mujeres maltratadas, a las que, se las niega el acceso a la vivienda a la que tienen derecho”, han declarado los colectivos sociales y en defensa de los derechos de la mujeres de Barakaldo.