Paralizado el desahucio de una mujer víctima de violencia machista

El martes se consiguió paralizar en Barakaldo el desahucio previsto contra una mujer víctima de violencia machista, con 2 hijos menores de edad a cargo. Familia que no cuenta con ninguna otra alternativa habitacional.
Hay que tener en cuenta, que esta mujer a lo largo de estos meses ha intentado dirigirse a los recursos sociales del consistorio o el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide para evitar esta situación.Sin embargo, la única respuesta que ha obtenido es una llamada telefónica el pasado 5 de julio donde se la comunicaba su desahucio para hoy martes 30 de julio. Sin ningún otro tipo de dialogo o solución.

Enlace al vídeo de la movilización: Tele 7Telenorte (TVE) y Radio Bilbao (Cadena SER)

Argitan / Berri Otxoak


Comunicado

Concentración anta el domicilio sitio en la calle La Felicidad de Barakaldo, número 5. En este portal la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco pretende desalojar a una mujer y sus 2 hijos menores de edad.

En concreto, hablamos de J.T.B. de 41 años, con dos menores a cargo de 15 y 6 años. Familia que no cuenta con ninguna otra alternativa habitacional.

Mujer del municipio víctima de violencia machista. Circunstancia que han confirmado las diferentes denuncias ante el juzgado de guardia y las diversas resoluciones judiciales; las cuales acreditan las situaciones de maltrato contra esta mujer y sus hijos.

Es más grave si cabe, este intento de desahucio si tenemos en cuenta que se vulneran todos los protocolos, normativas, jurisprudencia o compromisos adquiridos cuando se ven afectadas mujeres víctimas de violencia machista con menores a cargo.

Hay que tener en cuenta, que esta mujer a lo largo de estos meses ha intentado dirigirse a los recursos sociales del consistorio o el Servicio de Vivienda-Etxebide para paliar esta situación. Un ejemplo, y por sugerencia de la oficina del Ararteko, es el escrito remitido a Etxebide en mayo del 2018 del cual aún no ha tenido respuesta. Sin embargo, se encuentra con una llamada telefónica el 5 de julio donde se la comunica su desahucio para este 30 de julio. Sin ningún otro tipo de dialogo o solución.

Cabe destacar que la defensoría del pueblo-Ararteko está pendiente de esta problemática. En la medida que el gobierno municipal o la Consejería de Vivienda están vulnerando el dictamen del “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU” que exige, frente al desahucio de familias sin recursos económicos suficientes, una alternativa habitacional.

En este caso, las diferentes administraciones concernidas, incumplen la resolución del “Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”: el cual remarca en sentencia firme que “se ha de dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo ante la evidente constatación de una situación de exclusión y precariedad económica”.

Nuevamente se comprueba que es un brindis al sol el supuesto protocolo anti-desahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, tras el suicidio de la vecina del municipio Amaia Egaña.

Acuerdo, renovado este pasado mes de febrero entre el Gobierno Vasco, Eudel y CGPJ “para aplicar medidas sociales en desahucios de personas vulnerables. Sobre todo en los supuestos de especial vulnerabilidad como las víctimas de la violencia de género”.

Compromiso de actuación por el cual los servicios sociales de base deben “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio; y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia.

Cabe recordar que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo establece de forma clara que “no se puede proceder a ningún desahucio hasta procurar desde las diferentes administraciones una alternativa habitacional duradera. Más si cabe sí hay menores afectados por la actuación institucional de desalojo”.

Incumplimiento que conlleva infringir tanto a la jurisprudencia de la “Convención Europea de Derechos Humanos” o la “Convención sobre los Derechos del Niño”; donde se señala que “deben ponderarse todos los intereses y derechos en juego para garantizar, como mínimo, que los derechos de los menores afectados no se vean perjudicados”. Normas con rango de ley, y obligado cumplimiento, tanto para el actual gobierno local o la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco.
Sin obviar la “Recomendación general del Ararteko 2/2015, de 8 de abril” donde se exhortaba a las instituciones a “la obligada consideración del interés superior del menor en las políticas públicas”. Es decir, “siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño/niña concreto se debe tener en cuenta la debida consideración del interés superior del menor como titulares de derechos, en particular en las decisiones judiciales y administrativas”.

Por último, en la línea de garantizar en el municipio el derecho a una vivienda digna. Cabe recordar el acuerdo del 3 de febrero del 2016 donde todos los sindicatos de la Policía Municipal de Barakaldo comunicaban a la alcaldesa, Amaia del Campo, su rechazo a que la guardia urbana sea utilizada en los procedimientos de desahucio en la localidad.

En definitiva. Mediante esta iniciativa se quiere exigir medidas urgentes e inmediatas para paralizar los desahucios, la aplicación efectiva del acceso a una alternativa habitacional y garantizar el derecho a una vivienda digna para todas las personas y familias afectadas por el desalojo de su vivienda habitual.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail