Este jueves 12 de diciembre, el miembro del Movimiento memorialista y del colectivo Sare Antifaixista y compañero de la Plataforma Contra la Criminalización de la Protesta Social, Eduardo González, se presentó ante le juzgado contencioso administrativo para solicitar la anulación de la sanción impuesta por la Ertzaintza el 17 de marzo de 2018, cuando a las 11:20h. fue identificado en Plaza Moyua durante una concentración convocada por esta Plataforma. El denunciado, lleva más de 30 años militando en movimientos sociales de Euskal Herria, en ese día era el compañero que había dado su nombre en la comunicación al Departamento del Interior del Gobierno Vasco informando de la convocatoria, en la que se protestaba contra el actual modelo represivo (Ley Mordaza) y en defensa de la libertad de expresión, y en la que, según los agentes allí personados, se gritó el lema “Vergüenza me daría ser policía”, lema que fue entendido como ofensivo por los mismos y en base al cual se inició el procedimiento sancionador contra Edu en concepto de “organizador” de la concentración. Al haber agotado los recursos administrativos para intentar evitar el atentado contra la libertad de expresión que consideramos implica la sanción de 100€ impuesta, se decidió recurrir al contencioso administrativo, vía que se resolverá en el juicio del próximo 12 de diciembre.
Igualmente se verá en el Juzgado contencioso administrativo el caso de Diego Jauregi, conocido komparsero y militante de varios movimientos sociales, quien fue sancionado el 24 de agosto de 2018 a las 20:00 horas, en el bilbaíno Paseo del Arenal (en el recinto de las txoznas de Aste Nagusia) por fotografiar a varios agentes municipales durante una intervención e intentar después que se respetasen sus derechos legales. Pese a realizar las alegaciones oportunas en plazo y forma, el expediente sancionador continuo adelante, y se anunció una sanción de 300€. Al no habérsele dado traslado del expediente sancionador, pese a efectuar solicitud explícita del mismo (con la indefensión que esto implica) y ante la falsedad genérica de los hechos imputados («Faltar al respeto a los agentes municipales, dirigiéndoles comentarios despectivos tras haberles sacado fotografías»), se decidió recurrir a los Juzgados para la anulación de la sanción, estando aún a la espera de la concreción de una fecha para la vista.
Más allá de los hechos concretos y de las dos compañeras sancionadas en estos casos, entendemos que la aceptación y el mantenimiento de la actual Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley Morzada) supone per se un atentado contra la Libertad de expresión, contra la presunción de inocencia y una vulneración del derecho a la protesta social. Por ello, una vez más, solicitamos públicamente la abolición de esta legislación, al tiempo que nos solidarizamos con todas las personas sancionadas y, muy especialmente, con Edu y Diego, a quienes apoyamos hoy y seguiremos apoyando en el futuro, en su lucha por la anulación de las sanciones tan injustamente recibidas.
Herritarren kriminalizazioaren aurkako plataforma
Plataforma contra la Criminalización Social
Asociación de trabajadoras del hogar (ATH-ELE), Berri-Otxoak, Bizkaiko SOS Arrazakeria,
Ernai , Fundación Paz y Solidaridad, Greenpeace Euskadi, KEM-MOC, Komite Internazionalistak ,
Mugitu!, Mujeres del Mundo “Babel”, M15M, Plataforma de sin papeles Mbolo Moy Doole,
Sagarrak, Salhaketa Bizkaia, Sare Antifaxista, Tosu Betirako
