Argitan y Berri-Otxoak denuncian que el Ayuntamiento niega un piso a una mujer con cuatro hijos desahuciada y víctima del machismo

● Ante el agravamiento de la situación de violencia de género, la mujer afectada se ve forzada a acudir a un refugio para mujeres víctimas de violencia machista

● La actual normativa obliga a las instituciones a proporcionar de forma urgente una vivienda alternativa a las mujeres cuando están en centros por su situación de víctimas del machismo

● Argitan y Berri-Otxoak denuncian el incumplimiento sistemático del Ayuntamiento de la norma de a realojar a las familias afectadas por un desahucio

Barakaldo, 13 de mayo de 2021

La asociación feminista Argitan y la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak han denunciado que el Ayuntamiento de Barakaldo está negando una vivienda a una mujer con cuatro hijos víctima de la violencia machista y afectada por una orden de desahucio.

Ante el agravamiento de su situación, la mujer, a la que el Gobierno Vasco ha forzado a abandonar su piso de alquiler, “se ha visto obligada a refugiarse de forma urgente y temporal” en un centro para mujeres víctimas de violencia machista, ante el hecho de que el Consistorio no le ofrece una alternativa en un piso social.

“Recordamos al Ayuntamiento de Barakaldo y al Gobierno Vasco que las mujeres víctimas de violencia de género son consideradas solicitantes con especial necesidad de vivienda. Y cuando estas mujeres se encuentran en una situación de acogimiento en recursos por su situación de violencia machista la adjudicación de una vivienda en alquiler social debe ser prioritaria e inmediata”, han advertido desde Argitan y Berri-Otxoak.

“Por lo tanto la salida realizada en el día de hoy ha sido urgente debido al agravamiento de su situación personal. Pero obliga y mandata a las diferentes instituciones concernidas a dar una respuesta, real y urgente, de acceso a una vivienda para ella y sus menores a cargo”.

«Constatamos que durante el estado de alarma, ni con la sucesiva aprobación de más normativa para esta problemática han cesado los desahucios; a pesar de que el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre contemplaba la paralización de los lanzamientos para personas en situación vulnerable, sin importar si ésta era o no derivada de la pandemia, estas situaciones continúan y el desahucio de esta vecina de Barakaldo es una prueba de ello», han declarado las asociaciones.

“Es, cuando menos, criticable, por no emplear otros calificativos, la actuación del Ayuntamiento de Barakaldo y el Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide. Con la fecha del desahucio fijada para el 21 de mayo, y en pleno estado de alarma y a dos semanas de su ejecución, ni los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una alternativa habitacional a esta mujer víctima de violencia machista”, denuncian.

“Es más, la sociedad pública de alquiler del Gobierno Vasco, Alokabide, es la que ha instado el procedimiento de desalojo de esta vecina de Barakaldo con cuatro hijos —tres de ellos menores—, pese a la ampliación de las políticas de moratoria y suspensión de desahucios para colectivos vulnerables. Hay que tener en cuenta que esta mujer víctima de violencia machista y se encuentra en una situación de vulnerabilidad acreditada a instancia del juzgado de primera instancia de Bilbao”.
Asimismo, Argitan y Berri-Otxoak recuerdan que «esta normativa obliga a garantizar el realojo inmediato de personas en situación de vulnerabilidad acreditada en una vivienda, excluyendo albergues o centros de acogida, en caso de llevarse a cabo un desahucio y prohíbe la ejecución del mismo si no hay una vivienda digna disponible para tal fin».

La asociación feminista y la plataforma contra la exclusión coinciden en señalar que “tanto el Ayuntamiento de Barakaldo y el Gobierno Vasco están incumpliendo la actual legislación ante la problemática de los desahucios además de las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, hasta el protocolo antidesahucios firmado por Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial en 2013 a raíz del suicidio de la vecina de Barakaldo Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada y actualizado en febrero de 2019. En toda esta legislación, sin excepción, se contempla la obligación institucional de poner a disposición de las familias afectadas una alternativa habitacional digna. Obligación que nunca se cumple salvo mediante la presión social”.

“La precariedad y la pobreza se ceba entre las mujeres; los desahucios no son una excepción. Nos consta que hay medidas económicas y legales de sobra para abordar esta problemática y que la única razón por la que no se terminan de llevar a cabo es por una falta de voluntad política, por lo que instamos a las instituciones a priorizar las actuaciones frente a las promesas o campañas por la igualdad en este periodo de crisis económica y socio-sanitaria, ya que su actuación en materia social solo tiene como guía recortar derechos sociales”, han afirmado.

ARGITAN   /  BERRI OTXOAK