Carbón al ayuntamiento

Mari Domingi y Olentzero  dejan carbón ante el Ayuntamiento por los continuos recortes a las ayudas de emergencia social

Nos hemos concentrado esta mañana para denunciar que el equipos de gobierno disminuye en un 20% de media la cuantía a la que tienen derecho las 3.100 familias en situación de precariedad que han podido solicitar este año una ayuda social en la localidad.
Las familias con dificultades económicas se quedan en la estacada durante alrededor de 4 meses al no poder acceder a ninguna prestación porque el Ayuntamiento no admite solicitudes desde el 4 de noviembre hasta febrero. A pesar del agravamiento de la situación socioeconómica causada por el covid-19, el Ayuntamiento de Barakaldo aplica demoras injustificadas y prácticas ilegales durante la tramitación de las solicitudes de prestaciones sociales

Barakaldo, 23 de diciembre de 2020.

El popular personaje navideño Olentzero ha acudido al Ayuntamiento de Barakaldo para dejar carbón al equipo de gobierno por su política de recortes sociales.

Esta ha sido la manera en la que la plataforma contra la exclusión ha denunciado que las 3.100 familias que han podido formalizar este año su solicitud de una ayuda social de emergencia (AES) se han encontrado con un recorte del 20% en el dinero que reciben.

Del mismo modo, el equipo de gobierno ha decidido retirar desde el mes de octubre el cheque comida con el que han estado sustentándose 200 familias de la localidad.

En esta línea, incluso el interventor del Ayuntamiento ha criticado en su informes de legalidad el recorte aplicado desde el área de Acción Social a las ayudas económicas municipales al no existir ninguna incompatibilidad “cuando éstas se dirijan a cubrir los gastos relativos a las necesidades primarias, como lo es la alimentación”.

Berri-Otxoak ha señalado que “a todos estos recortes hay que sumar la suspensión fraudulenta del plazo de solicitudes para las ayudas de emergencia”. Desde el pasado 4 de noviembre no se puede solicitar ningún tipo de ayuda ante los servicios sociales del municipio.

Desde la plataforma contra la pobreza se señala que «la percepción de estas prestaciones, denominadas irónicamente de emergencia, puede tardar hasta siete meses desde su solicitud» y que «suspender el plazo para solicitarlas por un lapso de al menos cuatro meses, implica que las familias económicamente vulnerables de Barakaldo no tengan ningún ingreso para costear sus necesidades básicas durante casi un tercio del año».

Desde el colectivo barakaldés se han constatado más prácticas “fraudulentas” por parte del equipo de gobierno durante el plazo de solicitud de AES, entre las que se encuentran las «reiteradas cancelaciones injustificadas de las citas presenciales para la entrega de documentación, concertadas previamente por teléfono”.

Otra de estas “ilegalidades perpetradas” consiste en «coaccionar a las familias solicitantes para que elijan solicitar prestaciones en uno o unos pocos conceptos que cubren las AES (alquiler, gastos de mantenimiento de la vivienda habitual o gastos sanitarios) cuando tienen pleno derecho de solicitarlas en todos aquellos conceptos que así lo consideren, tal y como lo contempla el Decreto que regula el acceso a estas prestaciones».

La asociación barakaldesa contra la exclusión considera «impúdico y negligente que ante el agravamiento de la situación sociosanitaria causada por el covid-19, el gobierno local decida continuar practicando recortes e irregularidades con total impunidad y evadirse en su responsabilidad de ofrecer soluciones reales a las cada vez más familias en situación de precariedad que está dejando el contexto de la pandemia”.

Por todos estos motivos, Berri-Otxoak exige al Ayuntamiento un presupuesto “suficiente para que todas las familias que lo necesiten tengan unas ayudas de emergencia social dignas, para que ni una sola persona tenga que seguir durmiendo en la calle, para que ninguna mujer víctima del machismo se vea sin ayudas ni asistencia; para que todos los menores de Barakaldo tengan acceso a una alimentación sana y equilibrada y para que nadie se vea sin recursos y sin casa por los desahucios que cada año afectan a más de 200 familias en la localidad”.

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