Esta mañana se ha realizado una concentración coincidiendo con la apertura del foro de empleo -precario- “Work-inn”; a cuyo acto inaugural han acudido como representantes del Gobierno Vasco la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia; y la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.
Esta movilización se ha desarrollado con el ánimo de denunciar los recortes contemplados en la “Proposición de Ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social” presentada el pasado 27 de marzo en el Parlamento Vasco por los grupos políticos PNV y PSE.
La medida estrella de esta propuesta es, también, la más agresiva. Se propone establecer una única RGI por domicilio, considerando a todas las personas que habitan en la misma vivienda como miembros de la misma unidad de convivencia, por más que no existan relaciones familiares de ningún tipo; más allá de compartir piso producto de una situación de escasos recursos económicos.
Esta proposición de reforma de la actual RGI no tiene en consideración las 123.000 personas que en nuestra sociedad sufren situaciones de pobreza grave. Desde 2008 el número de personas que están en riesgo de pobreza y que no son atendidas en Lanbide o los servicios sociales se ha incrementado en un 25%.
Comunicado
Esta mañana coincidiendo con la apertura del foro de empleo “Workinn” que se desarrollará estos días en el BEC. Se acercarán a su acto inaugural la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.
En este contexto, los diferentes puntos de información, asesoramiento y denuncia entorno a los derechos sociales y las prestaciones gestionadas por Lanbide o los servicios de base de la Margen Izquierda. Hemos decidido desarrollar una concentración ruidosa en la entrada del BEC. Desde nuestro contacto directo con la realidad de la precariedad y la pobreza en nuestra comarca.
En el trascurso de la misma se instalarán media docena bidés -con su correspondiente cisterna- para representar en paños menores el lema “La precariedad y los Recortes son una Mierda”. Además, se repartirán decenas de rollos de papel higiénico a quienes se acerquen a esta feria del empleo precario.
Esta iniciativa surge con el ánimo de protestar contra los recortes contemplados en la “Proposición de Ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social” presentada el pasado 27 de marzo en el Parlamento Vasco por los grupos políticos PNV y PSE.
Por este motivo, mediante esta movilización se exigirá al Gobierno Vasco, y a los grupos que lo sustentan, que esta reforma de la RGI conlleve como objetivo acabar con la pobreza. Ante lo cual demandamos a la Consejera Beatriz Artolazabal el dar marcha atrás a su política de recortes: porque es posible, y es de justicia, erradicar de nuestras calles, pueblos y barrios la precariedad y la exclusión.
La medida estrella de esta propuesta es, también, la más agresiva. Se propone establecer una única RGI por domicilio, considerando a todas las personas que habitan en la misma vivienda como miembros de la misma unidad de convivencia, por más que no existan relaciones familiares de ningún tipo; más allá de compartir piso producto de una situación de escasos recursos económicos.
Esta orientación está dirigida a la disminución del número de unidades de convivencia perceptoras de la RGI. Lo que conlleva considerar como una misma unidad familiar a personas que se ven obligadas a compartir piso al no poder hacer frente a unos abusivos precios de alquileres e hipotecas que superan las escasas posibilidades de la gente sin recursos.
Hay que tener en cuenta que la propuesta realizada por los grupos que sostienen el Gobierno Vasco pretende restringir el acceso a la RGI. En un momento en el que se constata, según la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2016” del propio Gobierno Vasco, que 60.000 personas estando en riesgo de pobreza real no perciben la RGI; y otras 63.000 personas que recibiéndola no salen de la misma.
Esta propuesta de reforma de la actual RGI no tiene en consideración las 123.000 personas que en nuestra sociedad sufren situaciones de pobreza grave. Desde 2008 el número de personas que están en riesgo de pobreza y que no son atendidas en Lanbide o los servicios sociales se ha incrementado un 25%.
Cuando uno de los objetivos de la reforma de la RGI debe ser lograr que ninguna persona en riesgo de pobreza se quede sin acceder a la RGI y que ninguna persona perceptora de RGI siga siendo pobre.
Estas políticas de recortes las padecen mayoritariamente las mujeres. Según datos de Lanbide, del total de personas que perciben RGI, el 56,7% son mujeres. En un 67,4% son mujeres las que completan su pensión con la RGI. Los incentivos al empleo, o ayuda para mejorar los ingresos de su trabajo precario, los reciben en un 66,1% mujeres. Por lo tanto, en los datos generales como en los concretos las mujeres son las más perjudicadas por los recortes en la RGI planteados por la Consejera Beatriz Artolazabal.
Además, la cuantía actual de la RGI es insuficiente, habiendo sido objeto de continuos recortes, lo que ha supuesto un recorte en su importe del 13,5 % sobre las previsiones iniciales de la ley de 2008; acumulando una pérdida de poder adquisitivo del 11,9 % de 2.009 a 2.017.
En esta línea de recortes cabe destacar los sufridos por el complemento de pensiones que perciben de Lanbide 15.000 pensionistas. Desde el año 2012 al 2016, con el pretexto de la crisis económica, las personas pensionistas han visto cómo se les reducían sus ingresos en 52 euros al mes, 630 euros al año por aplicación de la reducción del complemento a su pensión en un 7% vía presupuestos de la Comunidad Autónoma. Es decir, 3.200 euros en estos últimos 5 años. Los recortes al sistema público de pensiones no solo vienen de Madrid; aquí hay partidos que aplican las mismas recetas neo-liberales de recortes.
Recorte en la cuantía que perciben las personas pensionistas que se incrementó el pasado año 2.017 al mantener el recorte del 7% en la cuantía de la RGI y al no aplicarse el incremento del 8% del SMI al cual estaba vinculado el complemento de pensiones gestionado por Lanbide. Esto supuso que miles de pensionistas dejaran de ingresar 100 euros al mes, 1.200 euros al año. Este año 2.018, el acuerdo presupuestario entre PNV, PSE y PP, ha supuesto un incremento de la pérdida de poder adquisitivo: 125 euros al mes es lo que dejan de ingresar las pensionistas vascas en relación a la actualización de la cuantía a la cual tenían derecho según lo recogido en la ley actualmente en vigor.
Para finalizar, solo cabe destacar que nuestra apuesta pasa por una reforma de la RGI que suponga atender a un mayor número de personas con unas prestaciones que posibiliten llevar a cabo un proyecto de vida libre y autónomo; y que establezca un sistema de gestión ágil, transparente y garantista.
