Contra los cortes de acceso al suministro de agua.
Ante la oficina del Consorcio de Aguas en Barakaldo se ha desarrollado una iniciativa organizada por las asociaciones vecinales y sociales de la localidad en demanda de unos presupuestos más justos y solidarios; en defensa de los servicios sociales; y contra la actual política de recortes del equipo de gobierno municipal.
En el trascurso de esta protesta se ha presentado la moción elaborada con el ánimo de garantizar que todas las familias del municipio vean garantizadas sus necesidades más básicas; y que no sufran ningún corte en el suministro de un bien tan básico como el agua.
Hay que tener en cuenta que -y según datos facilitados por el propio “Consorcio de Aguas”- en el último año 1.130 familias han sufrido cortes de agua y embargos por querer acceder a este bien básico. Muchas de estas familias residen en la localidad fabril.
•Enlace al vídeo de la movilización: Barakaldo Digital, HerriKolore y Tele 7
Bono Social
Entidades vecinales y sociales de Barakaldo:
Asociaciones de vecin@s de Barakaldo de Ibarreta (Zuazo-Arteagabeitia), Villamor (Lutxana-Llano), Mendi-Alde (Rontegi), ERREKA-ORTU (Retuerto), San Vicente, Biltzarrea (Lasesarre–El Carmen) y Desertu Berria (Urban); Centro Asesor de la Mujer “Argitan”; Asamblea de personas en Paro; y Berri-Otxoak (Plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales).
Comunicado y moción
Este martes, 28 de febrero, y en concentración ante la sede del Consorcio de Aguas en Barakaldo. Representantes de las asociaciones vecinales y colectivos sociales de la localidad. Presentan de forma pública la moción que han elaborado con el ánimo de garantizar que todas las familias del municipio no sufran ningún corte en el suministro de un tan básico como el agua.
A la par que remarcan su compromiso con la moción presentada desde estas mismas entidades locales y aprobada en pleno municipal. Con el ánimo de asegurar las necesidades básicas (alimentación, atención sanitaria, vivienda, inserción laboral, educación…) de las familias a través de evitar cualquier recorte en el acceso, gestión, asignación y cuantía de las Ayudas de Emergencia Municipales.
En la dinámica de iniciativas con ánimo de garantizar el acceso a bienes básicos como vivienda, la sanidad o el agua; y para evitar situaciones como el corte en su suministro. Se desarrollará esta protesta ante la sede del Consorcio de Aguas de Barakaldo (Calle La Florida, 12. 48902).
A través de esta movilización se presentará la moción elaborada para exigir que el agua sea considerada -y gestionada- como un bien social que satisfaga las necesidades de las familias; y no como un negocio que genera pingües beneficios a las empresas privadas gestoras.
Además, de denunciar que en el último año el “Consorcio de Aguas” (según datos de la propia institución) ha efectuado 1.130 cortes domiciliarios en el suministro de agua. Muchas de estas familias residentes en la localidad fabril. Ante esta realidad de recortes se presentará la propuesta de un “Bono Social” con el ánimo de garantizar el acceso al agua de forma universal.
Hay que tener en cuenta, que el “Consorcio de Aguas” es un ente privatizado al 60%; y muchos de sus servicios están subcontratados; como es el caso del corte de suministros o la recaudación ejecutiva.
Frente a esta realidad de recortes, y mediante esta movilización, se exigirá una gestión pública -y sin ánimo de lucro-, del acceso al agua como servicio de interés general. Porque el agua no es una mercancía, sino un bien común y un derecho fundamental; además de elemento esencial para la vida.
Por este motivo. Mediante la moción presentada a pleno municipal. Se demandará los desarrollos reglamentarios necesarios para dar soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica. Siendo esencial prohibir los cortes de agua domésticos a las familias que no pueden hacer frente a su pago; así como asegurar un abastecimiento mínimo de 100 litros por persona/día en caso de impago, en cumplimiento del derecho humano al agua establecido por todos los organismos internacionales.
MOCIÓN PARA GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL AL AGUA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El compromiso con la consideración del abastecimiento de agua como derecho humano esencial está basado en la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La “Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales establece que “todos los ciudadanos del País Vasco tienen derecho a una protección social suficiente, protección de la salud, educación de calidad y vivienda digna y adecuada” y que “todos los derechos mencionados serán objeto de respeto y promoción por parte de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco”.
El Decreto 4/2011 de 18 de enero, de las ayudas sociales establece que “(…) atendiendo a lo que manda la Ley 18/2008, de 23 de diciembre para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, se establecen los límites que condicionan la concesión de las ayudas de emergencia social y el computo de las cuantías (…)
En virtud de tal consideración -del abastecimiento de agua como un derecho humano con carácter general- debe garantizarse de manera el suministro a todas las personas usuarias domésticas de primera vivienda; aún en caso de impago de las tasas. En este caso debe buscarse fórmulas no lesivas para hacer efectiva esta obligación de pago.
De esta manera, no existirían amenazas de corte de suministro ni cortes ejecutivos a personas usuarias domésticas de primera vivienda.
Por ello, entidades sociales y vecinales proponen al pleno del Ayuntamiento de Barakaldo, trasladar al Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia el siguiente acuerdo:
I. Poner en práctica una política tarifaria alternativa basada en el principio de progresividad fiscal. Esta política tarifaria incluirá la aplicación de bonificaciones a personas usuarias de baja renta, asegurará la aplicación del Suministro Mínimo Vital, y contemplará la aplicación de fraccionamientos sin intereses pactados con las persona usuarias y/o la práctica de moratorias en las deudas.
II. Para ello, pedimos recoger en sus ordenanzas fiscales bonificaciones en función de los ingresos de la unidad convivencial del domicilio objeto del suministro. En este sentido, la ordenanza reguladora de la tasa por el suministro de agua potable reconocerá el Bono Social en base a las siguientes referencias:
a. Exención de 100% de tarifa para las personas usuarias que tengan ingresos inferiores al 150% de la cuantía máxima de la Renta de Garantía de Ingresos que les hubiera podido corresponder atendiendo al número de personas miembros de la unidad de convivencia.
b. Tarifa reducida en un 50% (sobre el total de la factura) para las personas usuarias que tengan ingresos inferiores al 175% de la cuantía máxima de la Renta de Garantía de Ingresos que les hubiera podido corresponder atendiendo al número de personas miembros de la unidad de convivencia
III. Asimismo, las personas usuarias que por razones de dificultades económicas no puedan hacer frente al pago de las tasas del agua, aun aplicándose las bonificaciones correspondientes, dispondrán de un mecanismo recaudatorio alternativo.
IV. Cualquier persona usuaria que tenga dificultades de pago podrá solicitar en las dependencias del CABB la evaluación como posible preceptora del Suministro Mínimo Vital o la petición de moratorias de deuda, mediante procedimiento reglado.
V. La política tarifaria del Consorcio deberá garantizar un Suministro Mínimo Vital
VI. Los costes inherentes al sostenimiento económico del bono Social y del Suministro Mínimo Vital, aplicado a todas las personas usuarias que cumplan los requisitos estipulados deberán correr a cargo del CABB, debiéndose incorporar a los presupuestos anuales una partida económica denominada Fondo de Solidaridad, de cuantía suficiente para sufragar dichos gastos. El citado Fondo se establecerá siempre y cuando registre consumos que no excedan los límites del consumo doméstico estimados en 120L/día por miembro de la unidad familiar, que equivaldría a unos 11 m3/trimestre.
El presente acuerdo se dará traslado a los órganos correspondientes del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia para su aprobación e implementación por la Asamblea General del mismo.
