Esta mañana nos hemos concentrado frente a Lanbide para escenificar el entierro de derechos sociales que supone la gestión actual del IMV, que esta provocando que centenares de expedientes aún están sin resolver a pesar de haber pasado ya un año de la implantación de esta prestación.
A esto hay que añadir las malas prácticas y un procedimiento deficiente por parte de Lanbide. Esto supone que familias desempleadas, con empleos precarios en el sector servicios e incluso usuarias de entidades benéficas y comedores sociales sufran demoras, burocracia y trabas en el acceso.
l año de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital denuncia de los recortes, estrictos requisitos y grandes demoras en su concesión
●Pasado un año desde la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cientos de expedientes en la Comunidad Autónoma Vasca siguen sin resolución
●Lanbide vuelve a hacer dejación de sus funciones tramitadoras del IMV e impone una nueva traba más a las familias solicitantes al eliminar de su página web la posibilidad de tramitar telemáticamente esta prestación
●Familias desempleadas, con empleos precarios en el sector servicios e incluso usuarias de entidades benéficas y comedores sociales sufren las demoras, burocracia y trabas en el acceso que se aplican desde Lanbide y la Seguridad Social a las familias solicitantes del IMV
Barakaldo 16 de junio de 2021
Activistas de Berri-Otxoak han representado el «entierro de los derechos sociales» ante la oficina de Lanbide en el barrio barakaldés de Beurko para visibilizar los recortes, las demoras, la burocracia y las trabas de acceso que sufren las familias solicitantes del Ingreso Mínimo Vital en Euskadi, llevados a cabo por los organismos gestores de esta prestación: la Seguridad Social y el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.
Otra nueva traba, llevada a cabo recientemente por Lanbide, ha consistido en eliminar de su página web la posibilidad de realizar telemáticamente la solicitud del IMV; tras nimios avances en el cumplimiento de sus obligación de tramitar esta prestación, lo que conlleva aún más dificultades en el acceso a esta prestación social.
El plazo de solicitudes se inició el 15 de junio de 2020 y el plazo máximo para ser resueltas se demoró de los tres a los seis meses, pero pasado un año cientos de expedientes de familias desempleadas, con empleos precarios en el sector servicios, con pensiones mínimas e incluso usuarias de entidades benéficas y comedores sociales en la CAV siguen aún sin resolverse, impidiéndoles llegar mínimamente a fin de mes o cubrir sus necesidades básicas.
«Hasta inicios del mes de febrero Lanbide ha estado derivando a la Seguridad Social a las personas solicitantes del IMV y ha actuado de mala fe negando la ayuda a las que solicitaron la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por no haber solicitado previamente el IMV: una prestación que la entidad conocía y que aunque alegue lo contrario, tenía el poder de tramitar desde junio del pasado año», ha declarado la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak.
La asociación barakaldesa contra la pobreza ha denunciado los recortes que sufren las familias solicitantes al no ser considerada su situación económica actual, pues es el promedio de ingresos y rentas del año anterior a la solicitud lo que se evalúa, coincidente con el periodo anterior al estallido de la actual situación de pandemia y emergencia social, por lo que la prestación no está destinada a paliar las situaciones de pobreza real que sufre la población en el presente.
El promedio mensual de rentas anuales del año anterior a la solicitud debe ser inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el IMV que corresponde según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia (para una persona que vive sola, la media de renta anual del año anterior no puede sobrepasar los 450€). Alegan que «ni el Gobierno Vasco, ni la Seguridad Social, ni el Gobierno Central parecen saber cuál es el coste de la vida, por lo que no se consideran las actuales circunstancias de estas familias».
«No obstante, cientos de familias que sí reúnen este y otros requisitos llevan un año esperando, por lo que el cumplimiento de los requerimientos no está garantizando mayor celeridad en la cobertura de sus necesidades básicas por parte de las administraciones», han puntualizado.
Por todas estas razones, Berri-Otxoak exige tanto al Gobierno Vasco como al Gobierno Central «que dejen de banalizar las situaciones de pobreza que está sufriendo la población, que pongan de una vez todas los medios a su alcance para agilizar la concesión de esta prestación y que prioricen la cobertura de las necesidades básicas de toda familia que lo necesite, ya que esta situación no viene dada por una falta de recursos a destinar a las familias, si no por una falta de interés en las personas que sufren situaciones de pobreza».
