El Ayuntamiento intenta implantar la “Ley Mordaza” en #Barakaldo
Ayer por la mañana varias personas se concentraron amordazadas ante el Ayuntamiento de Barakaldo. En el trascurso de esta iniciativa se ha presentado la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia; donde se desestima la denuncia contra la “Plataforma contra la Exclusión y Por los Derechos Sociales, Berri-Otxoak”.
A raíz de esta actuación se citó a declarar en el juzgado de instrucción número 3 de Barakaldo a varias personas militantes de “Berri-Otxoak”. Por comisión de un posible delito penal de injurias.
A pesar de la crisis… se siguen forrando!!!
Hay que tener en cuenta que el anterior equipo municipal de gobierno decidió emprender acciones judiciales a cuenta de las diferentes campañas públicas desarrolladlas en denuncia del abultado sueldo que perciben el Alcalde del municipio, el Concejal de Acción Social o los corporativos que rigen el consistorio.
Tras esta demanda judicial se escondía el intento de disuadir de realizar denuncias públicas sobre el desorbitado coste a las arcas públicas del salario de Acalde de Barakaldo y corporativos liberados: 88.217 euros anuales para la actual alcaldesa Amaia del Campo (74.307,38 de salario base; 13.909,45 euros de cotización a la Seguridad Social); y 79.877,87 euros al año para los concejales liberados (65.968,42 de sueldo base; y 13.909,45 de cotización).
Comunicado
El anterior equipo municipal de gobierno del Ayuntamiento de Barakaldo decidió emprender acciones judiciales -y presentar una denuncia contra diferentes miembros del colectivo “Berri-Otxoak”- a cuenta de las diferentes campañas públicas desarrolladlas en denuncia del abultado sueldo que perciben el Alcalde del municipio, el Concejal de Acción Social o los corporativos que rigen el consistorio.
Este jueves, y en concentración ante el edificio consistorial, varias personas asistirán a esta iniciativa con una mordaza. Mientras se presenta la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia; donde se desestima la denuncia contra la “Plataforma contra la Exclusión y Por los Derechos Sociales, Berri-Otxoak”.
Antecedentes de hecho
En representación del exAlcalde Alfonso García (actual director de empleo de la Diputación de Bizkaia; por lo que percibe 87.235 euros; a sumar 6.000 euros por “antigüedad”); y en nombre de la totalidad de concejales liberados del pasado equipo de gobierno. Se presentó denuncia contra Berri-Otxoak ante las instancias judiciales del Palacio de Justicia de Barakaldo.
A raíz de esta actuación se citó a declarar en el juzgado de instrucción número 3 de Barakaldo a varias personas de la “Plataforma contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales, Berri-Otxoak”. Por comisión de un posible delito penal de injurias. Imputación mantenida por la actual corporación.
Intentan imponer en Barakaldo la “Ley Mordaza”
Esta querella se presentó en el mismo momento que se aprobó la “Ley Mordaza” en el Congreso de los Diputados. Sin esperar un minuto, el anterior equipo de gobierno fabril decidió intentar silenciar a las asociaciones que denuncian las consecuencias de las políticas de recortes en la localidad.
Sin embargo, frente a las actuaciones judiciales contra Berri-Otxoak “el juez instructor opta por el sobreseimiento, decisión que apoya el Ministerio Fiscal y con la que el Tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia está de acuerdo pues nada autoriza a dirigir el procedimiento contra ningún miembro ni contra otra u otras personas individualizadas sobre las que puedan existir indicios racionales de su participación en hechos punibles relacionados con la querella”.
Tras esta demanda judicial se esconde el intento de disuadir de realizar denuncias públicas sobre el desorbitado coste a las arcas públicas del salario de Acalde de Barakaldo y corporativos liberados: 88.217 para la actual alcaldesa Amaia del Campo (74.307,38 salario base; 13.909,45 euros cotización Seguridad Social); y 79.877,87 concejales liberados (65.968,42 sueldo base; y 13.909,45 de cotización).
Suma y sigue
Mientras se aplican políticas de recortes se mantienen los astronómicos sueldos de los políticos del consistorio. El pacto presupuestario alcanzado entre los partidos PNV y PSE ha supuesto ampliar la nómina de políticos liberados del equipo de gobierno. Las retribuciones de Alcaldesa, corporativos, cargos liberados y asesores municipales de ambos partidos suponen cerca de 1’5 millones de euros al año.
Pero el presupuesto destinado a las ayudas de emergencia lleva congelado 5 años: 960.000 euros a repartir entre 1.200 familias del municipio.
Se mantienen las políticas de recortes sociales
Además, este año el gobierno municipal ha decidido suprimir el “Servicio de Urgencias Sociales”. Además, de reducir la cuantía a percibir por las familias para hacer frente a sus carencias: un tercio para alquileres; un 9% para hipotecas; un 17% para gastos sanitarios no cubiertos por Osakidetza; un 10% para necesidades básicas como alimentación, vestuario y educación.
Sobreseimiento denuncia contra Berri-Otxoak
