VOZ

A dos meses de su posesión, el gobierno de Andrés Pastrana será recordado por lo ambivalente de su discurso: mientras establece puentes de diálogo con el movimiento guerrillero le da tratamiento de guerra a las pacíficas reclamaciones de los trabajadores que se oponen al lesivo Plan de Ajuste Fiscal, reivindican los derechos de los sectores más desprotegidos de la población y proponen reajustes salariales apenas justos. Mientras los trabajadores de clínicas y hospitales se atrincheraban en sus sitios de labores, eran desalojados de manera violenta los trabajadores de la Refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, Telecom y Caja Agraria en Bogotá, Popayán, Cali, Cartagena, Medellín y Bucaramanga, con toque de queda en Cúcuta y Norte de Santander, enfrentamientos en el puerto petrolero de Barrancabermeja,desconociéndose el saldo de heridos y detenidos. La Toma de Bogotá del miércoles 14 congregó no menos de 150.000 trabajadores provenientes de todos los rincones del país. Primeros contactos entre el Equipo Ministerial y el Comando de Paro no arrojaban resultados positivos, gracias a la prepotencia e intransigencia de la actual administración.

Tras la apertura de las conversaciones entre el gobierno y el Comando Nacional del Paro Estatal al término del puente festivo, y la toma de Bogotá por unos 150.000 trabajadores provenientes de todo el país, las negociaciones tendientes a ponerle fin a la protesta de los asalariados, desactivando un campo minado de inconformidad y malestar de similares o peores consecuencias que el conflicto entre la insurgencia guerrillera y el establecimiento, estaban condenadas al fracaso. Máxime con la catastrófica alocusión televisada del Primer Mandatario, Andrés Pastrana Arango, transmitida la víspera de la jornada, constituyendo un auténtico tratado de guerra y prepotencia.

Como de manera insistente lo han manifestado las organizaciones sindicales desde el comienzo del paro el 7 de octubre, todo depende de la voluntad del gobierno. De lo contrario, con los desalojos y la militarización el fin de semana de la Refinería de Ecopetrol en Barran-cabermeja y las oficinas de Caja Agraria en Bogotá, Bucaramanga, Popayán y Cali, entre otras ciudades, cualquier cosa puede suceder. En Cúcuta y Norte de Santander era declarado el Toque de Queda y la Ley Seca, con decenas de labriegos que por espacio de varias semanas fueron acorralados en cercanías de la capital de departamento, impidiénseles el acceso al Coliseo después que acababan de arrancar ese compromiso al Ministerio del Interior. Otra burla que arroja decenas de heridos y detenidos, al tiempo que en Bogotá un centenar de labriegos se declaraba en visita permanente a la sede del Ministerio de Agricultura.

La Toma de Bogotá, celebrada como un hito el miércoles 14 de octubre, no pudo ser disuelta por los torrenciales aguaceros que ese día cayeron sobre el Distrito Capital. Menos aún con las provocaciones de los organismos de seguridad del Estado. Con las marchas del 24 de septiembre y 9 de octubre en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, entre otras capitales, son tres las jornadas de enormes proporciones realizadas en menos de tres semanas. Dos semanas después de la jornada del 24 de septiembre en desarrollo del paro de 48 horas que antecedió a la declaratoria de paro indefinido, la Plaza de Bolívar de Bogotá fue colmada tres veces entre las 12:00 del día y las 2:00 de la tarde, constituyendo la más grande movilización de los últimos tiempos. La marcha del 9 de octubre resultó más imponente que la del 19 de mayo, cuando tuvo lugar la jornada de repudio a los crímenes de los defensores de los derechos humanos Jesús María Ovalle, Eduardo Umaña Mendoza y María Arango. Una movilización tan imponente como la del 9, organizada en cosa de 24 horas, puede transformar la Toma de Bogotá en un verdadero hito para las luchas sociales que serán libradas en un futuro no muy lejano, gracias a la crisis del capitalismo y modelo neoliberal que causa estragos en todo el mundo.

Todos ponen, todos pierden

La lucha de los trabajadores colombianos se suma al malestar del campesinado, los pequeños y medianos cafeteros, los transportadores y hasta los deudores del sistema UPAC, miles de los cuales cada día son desalojados de sus viviendas. Se sintoniza, además, con los estallidos de inconformidad que justo por estos días se desatan al sur del continente, en países vecinos como Perú y Ecuador. Aquí cada quien tiene qué perder. Los trabajadores, las conquistas laborales, incluidas sus direcciones sindicales, por el delito de oponerse al Plan de Ajuste Fiscal que el Congreso de la República estará aprobando ésta misma semana, con plazo máximo hasta el 19 de octubre para hacerlo. El gobierno de Pastrana, por su parte, arriesga una imagen de reconciliación que comenzó a sembrar desde la víspera de su elección, cuando se atrevió a entrevistarse en plena selva con el secretariado de las FARC. Imagen que se disparó el pasado fin de semana al permitir la salida de la cárcel de dos de los más altos líderes guerrilleros presos en el país -Galán y Torres-, entregándole al ELN, como un trofeo de paz, la posibilidad de confeccionar lo que será la Asamblea Nacional. Logros que pueden convertirse en un petardo a la paz si el Ejecutivo persiste en darle tratamiento de guerra a las protestas de los trabajadores. El gobierno no puede equivocarse ya que son los trabajadores los llamados a reivindicar su propia razón de ser. Un golpe a los trabajadores en la presente coyuntura tiene que interpretarse como un atentado contra la paz, ya que Pastrana estaría tratando de posicionarse frente a las eventuales negociaciones con la guerrilla, libre del ingrediente social en el espectro público representado por el movimiento sindical colombiano, tal vez el contingente de la llamada sociedad civil más representativo.

Garrote e inconformidad

Además de la displicencia con que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Hernando Yepes Arcila, recibió las demandas de los trabajadores al ilegalizar el paro y conminar a descontar los salarios dejados de laborar, la fuerza pública arremetió contra los trabajadores. En el puerto petrolero de Ba-rran-cabermeja, donde fueron desalojados los obreros petroleros de la Refinería de Ecopetrol, hasta la mañana del martes 13 de octubre se registraban enfrentamientos con la fuerza pública que trataba de impedir a la USO la realización de un mitin. Esa misma mañana, en Bogotá, era garroteado un centenar de trabajadores que custodiaban la sede central de la estatal de telecomunicaciones, Telecom, con saldo de varios heridos. Similar agresión se registró dos días antes en la oficina principal de Caja Agraria de esta misma capital, donde en horas de la madrugada fueron desalojados alrededor de 300 trabajadores a punta de bolillo, gases y agua. Entre los heridos figuran mujeres embarazados y niños que acompañaba a sus padres. Ésta misma mañana, de otra parte, se presentó un conato de choque en las oficinas principales del Instituto de Seguros Sociales, ubicadas al exclusivo norte de la capital. Los trabajadores del ISS que desde 1973 no protagonizaban una parálisis similar -justamente bajo el gobierno del padre del actual mandatario, Misael Pastrana-, tuvieron que acceder a la entrega parcial de la edificación. Pero a pesar de semejante derroche de agresividad, el Paro Estatal se mantenía más firme que nunca. La ilegalidad no consiguió doblegar a los trabajadores, entre otras razones, porque ellos permanecían por fuera de la mayoría de las entidades. Prácticamente ningún maestro de escuela, colegio o universidad ingresaba a las aulas de clase: permanecía afuera, trabajando con estudiantes y padres de familia. Igual situación enfrentaban los funcionarios de las contralorías a lo largo del país: la música, la arenga y el ambiente de paro se vive es por fuera de las edificaciones, como igual acontece con los trabajadores del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el Incora, la Regis-traduría Nacional, Caprecom, juzgados y fiscalías. En clínicas y hospitales, así como en los entes territoriales, la situación era similar: abocados al cierre por física asfixia presu-puestal, personal médico y paramé-dico se limitaba a atender las urgencias y los pensionados, conminando al gobierno a dejar de ver la salud como un negocio destinado a robustecer el lucro del sector privado. En total, incluidos los empleados de la Aeronáutica Civil y una veintena de empresas, no menos de 600 mil servidores públicos y oficiales participaban de la jornada, la más grande y contundente en la historia reciente de un gobierno recién posesionado y con una popularidad tan alta como neoliberales en el Gabinete y todas las entidades.

Marchas campesinas y paros cívicos

En las regiones la situación era similar. Agravada, como en la salud, por la falta de presupuesto que se deriva, entre otras razones, por la inequitativa distribución del situado fiscal en virtud de la Ley 60. Nada más revelador que el paro cívico que coincidiendo con el estatal iniciaron el 7 de octubre los nariñenses. Según informaciones suministradas por Alfonso Velás-quez, quien se desplazó hasta esa parte de la frontera con Ecuador en representación de la Central Unitaria, el drama más conmovedorcorre por cuenta de los maestros departamentales a quienes no les pagan salarios desde hace cinco meses y desde hace dos semanas se encadenaron a la gobernación. La comunidad, por su parte, se levantó contra la corrupción y el clientelismo con el respaldo de la Iglesia y los concejos municipales de todo el departamento. El Concejo de Pasto por mayoría se comprometió en cabildo abierto a no privatizar a Empopasto y ofrecer fórmulas alternativas al sector informal, anunciando su oposición a incrementar la sobretasa de la gasolina del 9 al 20%. Mientras tanto, en Norte de Santander, Huila y Tolima, miles de campesinos en éxodo trataban de llegar hasta las capitales de departamento contra el cerco paramilitar y en demanda de cumplimiento de viejos acuerdos suscritos con el gobierno. En Bogotá, por su parte, donde era esperado un importante contingente de labriegos en desarrollo de la toma, el Congreso Nacional Agrario que sesionó por convocatoria de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Unidad y Reconstrucción, votó la realización del paro agrario para febrero del año entrante, en contra del restablecimiento de la ley de aparcería del actual ministro y por verdaderas políticas de reforma agraria.

Agenda sobre la marcha

Por lo pronto, el Paro Estatal convocado por las organizaciones estatales y el Comando Nacional Unitario que integran las tres centrales obreras y la confederación de pensionados -CUT, CGTD, CTC y CPC-, no podía ser más tenso luego de la contundente demostración de la Toma de Bogotá. Tras la ilegalización y los desalojos violentos de asalariados podría desatarse una oleada de despidos mediante los cuales se pretendería castigar la osadía sindical para dejarle abierto el camino al Plan de Ajuste Fiscal y una eventual declaratoria de Emergencia Económica que agravaría las cosas de tal manera que el Presidente quedaría dotado de facultades para hacer lo que le venga en gana. El problema es que una salida en falso de la actual administración podría resultarle muy costosa. El paro ha sido tan contundente como impactante en importantes círculos sociales y de opinión que ven en el Comando Unitario el gladiador del que carecen los sectores populares, afectados por una cascada de impuestos y tributos sin precedentes. Al punto que frente al incremento en la base del IVA y el desmonte infame de subsidios en los servicios públicos domiciliarios, en distintos sectores se acaricia la idea de trabajar por jornadas de la envergadura del paro cívico nacional. Resta esperar, finalmente, que surtan efecto positivo las reuniones que sostenían los trabajadores con el jefe de Planea-ción Nacional y los titulares de las distintas carteras comprometidas en fenómenos de reestructuraciones, fusiones y privati-zaciones.