VOZ

¿Cómo entender que mientras el Gobierno Nacional habla de paz asuma la tradicional posición represiva y de orden público para tratar el paro de los trabajadores oficiales, que es la respuesta a las drásticas medidas de ajuste neoliberal del ministro Juan Camilo Restrepo? Es la principal contradicción de la Administración Pastrana, que no rompe con el continuismo del poder oligárquico bipar-tidista y tradicional.

Si algo ha atizado el conflicto armado en Colombia es la intolerancia del régimen, que acude a la represión para acallar las justas protestas de los trabajadores y del pueblo, y en el último tiempo a la penalización de la lucha social para golpear al movimiento sindical y a sus más destacados dirigentes. Por eso, no es congruente con las prédicas de paz del presidente Pastrana el tratamiento que sus ministros le están dando al paro estatal indefinido con la más absoluta indiferencia del mandatario.

¿Qué sentido tiene que el Gobierno Nacional haga presencia en las montañas de Antioquia en el diálogo del ELN y haya estado en las montañas del suroriente del país para conversar con los comandantes Manuel Marulanda Vélez y Jorge Briceño del secretariado de las FARC-EP, si en las ciudades silencia mediante el terror militar la movilización de los trabajadores? Con esta conducta se está cerrando la puerta de la solución política del conflicto interno. No tiene sindéresis el gobierno, cuando asegura estar dispuesto al diálogo con los alzados en armas, pero se niega a hacerlo con los dirigentes sindicales para buscarle una solución civilizada y democrática al problema de la crisis social. La posición oficial frente al paro estatal es bastante cínica. Tanto el ministro de Hacienda como el ministro de Trabajo reciben a los sindicalistas pero cerrados en la decisión de que no hay nada que negociar. El ministro Yepes, de Trabajo, haciendo gala de extrema intolerancia, declara públicamente que "podrán hacer todos los paros que quieran pero las medidas de ajuste son inmodificables". Entre tanto, el presidente Pastrana, encerrado en las cuatro paredes de la Casa de Nariño, se divierte colgando en una de estas la monja gorda de Botero sin mostrar el menor atisbo de interés por el conflicto de los trabajadores colombianos.

La declaratoria de ilegalidad del paro que le abre las puertas a los despidos; la militarización de la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja; y el desalojo brutal de la Caja Agraria y Telecom sin importar la presencia de mujeres y niños, revelan que el Gobierno Nacional está dispuesto a ejercer la "mano dura" que claman desde distintos puntos del establecimiento las voces destempladas que añoran los días de Camacho Leyva y Bedoya Pizarro. Y este no es el camino. No ayudan los desafueros del poder a crear un ambiente favorable a los diálogos de paz y de buenas relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Para no hablar de esa entelequia de la "sociedad civil", ahora representada dizque por el procurador Bernal Cuéllar y los señores representantes de los gremios y los comerciantes, que al fin y al cabo son parte del Establecimiento y elementos del poder político y económico.

El paro de los trabajadores del Estado es muy justo. No puede el Gobierno Nacional descargar el peso de la crisis, originada en el modelo impuesto por el FMI, el Banco Mundial y sus amanuenses criollos para asegurar la mejor ganancia de las transnacionales, los grupos económicos y el capital financiero, en los hombros del pueblo trabajador y de los sectores populares. Porque mientras se le fija un tope al incremento salarial de los servidores públicos, se dejan libres las utilidades de los poderosos. Por eso, los señores de la Andi, Fenalco, Sac, Fedegan y otros caimacanes del poder, mientras hablan de la paz a nombre de la "sociedad civil" en medio del incienso de la "gran prensa", respaldan las medidas de ajuste gubernamentales porque para nada los afecta. Sus utilidades están incólumes. El sacrificio es del pueblo.

En estas condiciones el paro de los trabajadores es legítimo. Debe contar con el más amplio respaldo de los sectores populares. Y si subsisten la posición intransigente del gobierno y las medidas represivas, habrá el derecho hasta de convocar un paro cívico nacional al mediano plazo como lo han propuesto ya algunas centrales y federaciones sindicales, y lo respaldó en su histórica realización el 17o. Congreso del Partido Comunista Colombiano, cuyo desarrollo, la semana pasada, estuvo enmarcado por la lucha social y sindical. Un buen presagio para el futuro de la lucha popular.