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Las licencias ambientales otorgadas desde 2016 por el Ayuntamiento de Valladolid son ilegales

El Consistorio vallisoletano viene incumpliendo reiteradamente y con conocimiento las obligaciones de publicidad activa contenidas en la Ley estatal de Transparencia

Viernes 5 de junio de 2020 - 133 lecturas


Comunicado, 05-06-2020

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno estableció la obligación de que las administraciones publicaran en sus páginas Web la información sujeta a las obligaciones de transparencia, de una manera clara, estructurada y entendible para la ciudadanía, como muy tarde a partir del 10 de diciembre de 2015.

De especial relevancia jurídica resultan los documentos que deben ser sometidos legalmente a un período de información pública durante su tramitación, cuya publicación en Internet resulta obligada para facilitar el ejercicio de los derechos a la información y a la participación públicas reconocidos en la Constitución, evitando que los ciudadanos deban identificarse y desplazarse a una oficina administrativa en horario laboral para poder consultar los proyectos.

Si bien el cumplimiento de esta obligación legal se ha retrasado en muchas administraciones, el caso del Ayuntamiento de Valladolid resulta especialmente notorio, ya que hasta este año 2020 no ha empezado a publicar en su Web los proyectos sujetos a una licencia ambiental o una autorización de uso excepcional en suelo rústico, durante la información pública.

Desde 2018, Ecologistas en Acción está advirtiendo de esta deficiencia a las autoridades, a través de las alegaciones y recursos administrativos presentados a más de un centenar de proyectos de todo tipo, que se han autorizado sin practicar de forma adecuada la información pública. En varias ocasiones ha informado personalmente de este vicio legal a los concejales de movilidad, urbanismo y medio ambiente, la última en una reunión que tuvo lugar el pasado mes de marzo con Luis Vélez, concejal de movilidad y responsable actual de estas licencias.

El propio Comisionado de Transparencia de Castilla y León se ha dirigido al Ayuntamiento de Valladolid para recordarle sus obligaciones de publicidad activa, comunicándole que “deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar que sean publicados electrónicamente todos los documentos que han de ser sometidos a información pública”.

Por fin, el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid vigente desde el pasado 30 de noviembre, se adaptó a la normativa estatal, estableciendo en su artículo 12.3 que “la información sujeta a las obligaciones de transparencia activa será publicada en el Portal de Transparencia municipal, de manera clara, estructurada y entendible para los interesados”.

No obstante, la Junta de Gobierno municipal continúa otorgando cada semana licencias ilegales por su deficiente información pública, cuando lo más sensato sería que al menos todas las pendientes de resolución desde el año pasado se volvieran a someter a información pública, respetando la obligación legal de publicar simultáneamente los proyectos en Internet.

Entre los proyectos aprobados irregularmente y recurridos por la organización ambiental, se pueden citar cinco gasolineras en suelo urbano, cinco casas de apuestas, cinco conjuntos de apartamentos turísticos o una decena de actividades en suelo rústico, con relevancia social.

Destacan por su repercusión ambiental gasolineras en áreas residenciales como las de Arcas Reales y la Plaza Circular, un call center con 600 puestos sin aparcamientos asociados en el antiguo Museo Gabarrón, en una zona escolar y residencial de Huerta del Rey, o incluso un bar-chiringuito en suelo rústico, cuando la ciudad dispone de abundante suelo para este uso.

Además, el Ayuntamiento de Valladolid sólo ha resuelto uno del centenar de recursos administrativos presentados por Ecologistas en Acción, por lo que transcurrido un mes desde su interposición las licencias recurridas quedan automáticamente suspendidas, de forma que en la actualidad decenas de actividades están operando en la ciudad sin cobertura legal.

En opinión de la asociación ecologista, se trata de una situación insostenible, que no sólo está vulnerando los derechos constitucionales a la información y a la participación de la ciudadanía sino la propia seguridad jurídica de multitud de actividades económicas, y especialmente del centenar que tienen sus licencias suspendidas por la negligencia municipal.

Por ello, la organización ambiental reitera públicamente la petición a las autoridades municipales de que revoquen todas las licencias otorgadas irregularmente, y las vuelvan a someter a información pública con plena publicación de sus documentos. De manera urgente, Ecologistas en Acción reclama que no se otorgue ni una sola licencia más sin este requisito.