Ecologistas en Acción Valladolid rechaza por insostenible el nuevo PGOU de Tudela de Duero

Comunicado 15-11-2021

El municipio de Tudela de Duero cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 1998. En 2009 se aprobó su revisión, anulada en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por lo que desde entonces volvió a resultar de aplicación el PGOU de 1998, no adaptado a la Ley de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL).

En este contexto, el Ayuntamiento de Tudela de Duero decide tramitar una nueva revisión del PGOU, supuestamente adaptada al contexto urbanístico y legal actual. Dicha revisión plantea la clasificación de 10 sectores de suelo urbanizable y 22 sectores de suelo urbano no consolidado, con una superficie total de casi 100 hectáreas y capacidad para 2.500 nuevas viviendas y 5.000 nuevos habitantes, a mayores de los centenares de viviendas posibles en las 54 unidades de normalización y el resto de solares en el suelo urbano consolidado.

Buena parte de los nuevos desarrollos se plantean sobre sectores del PGOU de 1998 clasificados directamente como suelo rústico en aplicación de la disposición transitoria tercera de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre. Llama además la atención la clasificación como suelo urbano no consolidado e incluso consolidado de antiguos terrenos urbanizables desclasificados, que por ello no cumplían ni cumplen los requisitos legales del suelo urbano.

Todo ello a pesar de que desde el año 2011 la actividad inmobiliaria es prácticamente nula, existiendo un total de 665 viviendas vacías en el municipio, el 13 por ciento de las censadas. Y mientras la población empadronada a 1 de enero de 2020 se ha reducido a 8.620 habitantes, con una pérdida de 200 habitantes frente a los 8.836 empadronados a 1 de enero de 2012.

En este contexto, la propuesta de clasificación de suelo urbanizable residencial excede al suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen. Por ello, consideramos que las 1.000 nuevas viviendas en el suelo urbano no consolidado clasificado, junto a los centenares de viviendas posibles en el Suelo Urbano Consolidado, son más que suficientes para satisfacer las demandas previsibles, debiendo suprimirse todo el suelo urbanizable residencial.

La intención deducida del modelo territorial propuesto es el intento de regularizar el disperso residencial que ha arruinado buena parte de la Huerta de Tudela de Duero, sembrándola en las últimas décadas de centenares de viviendas unifamiliares en muchos casos ilegales, viviendas que ahora se pretenden incluir en sectores o unidades de normalización en suelo urbano, cuando en realidad se trata de asentamientos irregulares de difícil solución urbanística.

La organización ambiental recuerda que la LUCyL obliga a declarar expresamente fuera de ordenación todas las viviendas y edificaciones ilegales de la Huerta de Tudela de Duero en suelo rústico protegido por el PGOU vigente, con los niveles de protección A, P1 y P2, así como en el afectado por zonas inundables, con el objetivo de extinguir el uso irregular y las edificaciones asociadas al mismo, demoliéndolas una vez finalice su vida útil.

Por otro lado, aunque la revisión del PGOU clasifica como suelo rústico con protección agropecuaria los terrenos incluidos en Áreas de interés Paisajístico, Histórico y Agrícola por las Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno DOTVAENT, buena parte de la vega agrícola del río Duero no catalogada de esta manera ha sido clasificada como suelo rústico común, en ámbitos actualmente clasificados como suelo rústico con niveles de protección A y P2, lo que supone por lo tanto una degradación injustificada de las protecciones vigentes.

Por todas estas razones, Ecologistas en Acción pide a la Dirección General de Urbanismo y Vivienda de la Junta de Castilla y León que entre a considerar estos argumentos y emita un dictamen de fondo sobre su pertinencia, en uso de las facultades que tiene atribuidas por la legislación vigente. Si no se produjera esa actuación, la organización ambiental considerará la posibilidad de acudir a la Justicia para que dilucide la legalidad de las propuestas del PGOU.