Las madres protectoras exigimos reparación

l Estado debe investigar los casos de abusos sexuales a la infancia y ofrecer a la víctimas una reparación adecuada, que incluya una indemnización, rehabilitación y restitución.

María Isabel Martínez Hervás, Madre protectora e integrante de la Asociación Yo Sí Te Creo 27 FEB 2023 El Salto

Vista general del aula donde se celebró la mesa Justicia Feminista el 25 de febrero en el marco del Encuentro Internacional Feminista. ELVIRA MEGÍAS

Las madres protectoras queremos trasladar la vulneración sistemática de derechos humanos a la infancia y a sus madres, situación que se está produciendo en el Estado español mediante el constructo del Síndrome de Alienación Parental (SAP). Igual que yo, podrían hablar aquí Celia, Ana, Pilar, Patricia… cientos de mujeres. Pero dar la cara no es una decisión sencilla porque estamos tan criminalizadas que cualquier movimiento y declaración tiene consecuencias en nuestras vidas y en las de nuestras hijas e hijos.

¿Os imagináis que vuestra criatura os cuenta cómo su padre le agrede sexualmente de forma continuada? ¿Os imagináis descubrir lesiones en el cuerpo de vuestras hijas e hijos por esas agresiones? ¿Os imagináis poner todo esto en conocimiento de las autoridades judiciales y que alguien juzgue que todo es un montaje tuyo, que estás instrumentalizando a tu hija o hijo, y os convierten en victimarios, como si fueseis vosotros los delincuentes? ¿Os imagináis a continuación una persecución y criminalización que acaba en arrancamientos de tu hija o hijo, y la entrega a sus agresores sexuales o a centros de menores? ¿Os imagináis estar años sin verlos o verlas? ¿Os imagináis quedaros atrapadas en esta situación?¿Os imagináis entrar finalmente en prisión por haber protegido a vuestros hijos e hijas? Esto lo vivimos día tras día y es la consecuencia de la aplicación del SAP y todo su constructo.

Este supuesto síndrome ha sido desautorizado por todos los organismos internacionales, es una teoría que carece de todo rigor científico y en España la ley regula que no se use. Pero se sigue utilizando cada día en los juzgados. El SAP fue inventado por un pedófilo estadounidense en 1985, un psiquiatra llamado Richard Gardner, que difundía la pedofilia en sus libros. Fue creado para tapar la violencia sexual intrafamiliar, desviando el foco de la agresión sexual para convertirlo en un conflicto familiar, en el que la madre instrumentaliza para sacar ventaja en los casos de separación y divorcio. Su uso se extiende en diferentes países: España, EE UU, Brasil, Colombia, Israel, Francia, Argentina. Para que la madre pare de “instrumentalizar”, la prescripción que contempla el SAP es el arrancamiento de los hijos y que se corte todo contacto, es decir, romper el vínculo más importante de la infancia, y entregarlos a sus agresores. La receta se llama “terapia de la amenaza”.

La aplicación del SAP tiene efectos fatales para nosotras y nuestros hijos. Para la infancia supone una serie de consecuencias como estrés postraumático, trastornos de conducta, conductas agresivas, disociación, depresión, pesadillas, insomnio, entre otros traumas de una larga lista. Las madres sufrimos pérdidas de memoria, depresión, fibromialgia, fatiga crónica, migrañas, miedo y estado de alerta constante, alteraciones del sueño, conductas autolíticas... La lista también es extensa en nuestro caso.

Consideramos que esto es una forma grave de tortura institucional que es sistemática y vulnera derechos humanos básicos. Para empezar, no se investigan con debida diligencia los casos de agresión sexual a la infancia. No se les escucha de forma adecuada, se cuestiona sistemáticamente la credibilidad de su relato y no se toman medidas de protección, viendo vulnerado su derecho a una vida libre de violencia.

Por otra parte, las madres estamos siendo discriminadas y castigadas por proteger a nuestras criaturas de la violencia sexual, física y psicológica cometida en su contra por sus padres. Además del castigo atroz que supone el arrancamiento, la protección pasa a ser criminalizada y enjuiciada bajo delitos de desobediencia, sustracción de menores o acusaciones de denuncias falsas, olvidando en estos juicios el marco de violencia en el que se producen estos hechos y con sentencias ejemplarizantes para el resto.

Algunas hemos ido a prisión o podríamos ir a prisión: es el caso de Silvia Aquiles, quien podría en poco tiempo enfrentar pena de cárcel por proteger a sus hijos.

Esta discriminación se encuentra basada en estereotipos de género que presentan a las madres como manipuladoras de sus hijas e hijos, que supuestamente pretenden dañar a los padres: esta discriminación es violencia institucional por razón de género.

Mientras, se está permitiendo la impunidad, ya que la aparición de la acusación de instrumentalización de la madre juega un papel determinante en el archivo de la inmensa mayoría de las denuncias que se interponen en España por agresiones sexuales a la infancia. Según datos de Save the Children, un 72 % de las denuncias termina en un sobreseimiento, es decir, 3 de cada 4 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes denunciados no llegan a ser investigados. Estaríamos hablando de unos elevadísimos índices de impunidad para la violencia sexual contra niñas y niños en España.

Ante esta tortura institucional tras denunciar la infancia agresiones sexuales paternas, hemos acudido a organismos internacionales, a varías relatorías y comités de la ONU, al GREVIO o al Parlamento Europeo, lo que ha llevado a diferentes sanciones y pronunciamientos negativos hacia el Estado español. El GREVIO está alertando del uso del SAP en decisiones judiciales, lo que, advierte, está llevando a minimizar o negar la violencia, incluida la violencia sexual intrafamiliar. La tendencia de los estados a identificar el interés superior de las niñas y niños con el contacto “a toda costa” con el padre lleva a que “no se investiguen o se rechacen” estos procedimientos.

Consideramos que esta tortura constituye una infracción de las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional al mismo tiempo que enfrentamos una prolongada violencia y desprotección de las autoridades españolas. El Estado debe investigar estos casos y ofrecer a la víctimas una reparación adecuada, que incluya una indemnización, rehabilitación y restitución, lo que supone la devolución a la situación anterior a los hechos y medidas para garantizar que no se repetirá lo ocurrido.

Las madres protectoras pedimos una investigación que documente y ponga cifras a la violencia institucional en España, en especial en los casos de violencia sexual intrafamiliar y poner en marcha un plan nacional que garantice la reparación en los casos en los que se ha aplicado el falso SAP. Queremos, también, que se revisen todos los procedimientos judiciales en los que se ha empleado este síndrome y que se desarrollen garantías de no repetición. Por último, queremos que se ofrezcan disculpas públicas a las víctimas de violencia institucional

Exigimos verdad, justicia y reparación, porque nuestras hijas e hijos siguen secuestrados y esto sigue pasando cada día. No pararemos hasta que se haga justicia y nuestras hijas e hijos puedan tener una infancia libre de violencias.

Este texto es un resumen de la intervención de la autora en la mesa Justicia Feminista celebrada en el marco del Encuentro Feminista Internacional el 25 de febrero.