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Manifiesto antinuclear en el Primer aniversario de Fukushima

Reclamamos del Gobierno español, de la Junta de Castilla y León y del Consejo de Seguridad Nuclear que incorporen las lecciones del accidente de Fukushima-Daiichi y establezcan un calendario de cierre escalonado de las nucleares, empezando por la central de Garoña (Burgos), gemela de Fukushima

Domingo 11 de marzo de 2012 - 149 lecturas


MANIFIESTO ANTINUCLEAR EN EL PRIMER ANIVERSARIO DEL ACCIDENTE DE FUKUSHIMA

Cuando se cumple un año desde el grave accidente de la central nuclear japonesa de Fukushima consideramos necesario volver a la calle para recordar sus efectos devastadores, mostrar nuestra solidaridad con las víctimas del terremoto, del tsunami y de la catástrofe nuclear, y para reclamar el fin de la energía nuclear en todo el mundo. También, y en un día tan señalado, queremos manifestar nuestra solidaridad con las víctimas del brutal atentado que vivió nuestro país en esta misma fecha hace ya ocho años.

El 11 de marzo de 2011 la central nuclear de Fukushima-Daiichi sufrió un terrible accidente nuclear que ha dado lugar al segundo escape radiactivo más grave de la historia, tras el originado por el accidente de Chernóbil el 26 de abril de 1986. En concreto, y según los cálculos realizados por investigadores de varias Universidades e Institutos de Noruega, Austria, Estados Unidos y España, se ha fugado más de la quinta parte de la radiactividad que escapó en Chernóbil.

Las consecuencias del accidente en la salud de las personas se irán conociendo en los próximos años, dadas las dosis sufridas ya por la población, y las que finalmente recibirá. El Gobierno japonés ya ha certificado un total de 573 muertes relacionadas con el desastre nuclear. Cifra que incluye a los 45 pacientes del hospital de Futaba y de la cercana residencia de ancianos que murieron durante la evacuación al ser abandonados durante 3 días sin comida ni agua.

Hoy ya sabemos que 80.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en un radio de 20 kilómetros en torno a la central, teniendo que abandonar su medio de vida, sus amigos y familias. En total 150.000 personas han sido evacuadas para protegerlas de la radiactividad dentro y fuera de la zona de exclusión, como es el caso de los vecinos de la localidad de Date situada a 80 kilómetros de los reactores siniestrados.

Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, la pluma de contaminación radiactiva que se desplazó hacia el Noroeste por efecto de los vientos, se ha encargado de distribuir por el territorio suficiente radiactividad para que las personas que habiten zonas a más de 50 kilómetros de la central de Fukushima reciban dosis superiores a 20 milisievert al año, superiores a las permitidas para el personal profesionalmente expuesto.

La contaminación se ha detectado ya en alimentos como arroz, espinacas, vacuno, algas y pescados. En el caso de estos dos últimos la contaminación procede de los vertidos accidentales y controlados de miles de toneladas de agua radiactiva. Los efectos de estos vertidos son desconocidos, puesto que nunca antes se había producido una contaminación del mar tan intensa.

No obstante las consecuencias del accidente hubieran sido mucho peores si en los primeros días los vientos hubieran soplado hacia el interior en lugar de hacerlo en dirección al mar, o si un reducido número de 50 trabajadores no se hubieran sacrificado por evitar el descontrol total en los cuatro reactores accidentados. El primer ministro japonés de entonces, Naoto Kan, reconoció, meses más tarde del accidente, que barajó el escenario de tener que desalojar Tokio, la metrópoli más poblada de Japón, a 270 kilómetros de la central afectada.

En contra de lo que proclamaron los «expertos» tras producirse el accidente, cuando declararon que la situación estaría bajo control en pocos días, se ha tardado casi un año en llevar los reactores a parada fría. Incluso, se han observado aumentos de temperatura en el reactor 1, el más dañado, a los 11 meses del accidente, tras señalar que la situación estaba controlada.

La gestión del accidente por la compañía propietaria, TEPCO, y por las autoridades japonesas se ha caracterizado por el secretismo y la mentira. Se tardó más de un mes en reconocer que el accidente tenía nivel 7, el máximo, en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES). Se negó la evidencia de que los reactores 1, 2 y 3 estaban parcial o totalmente fundidos, con la consiguiente expulsión de sustancias radiactivas pesadas de larga vida y la dificultad adicional que esto supone en el control de los reactores. Se negó también la evidencia de que los reactores ya habían sufrido daños con el terremoto, y no sólo con el tsunami. Se tardó en refrigerar los reactores más de 20 horas y se permitió que miles de personas recibieran grandes dosis radiactivas al retrasar la evacuación de zonas muy contaminadas más de dos semanas.

No podemos olvidar que todos estos sucesos han tenido lugar en Japón, una potencia tecnológica de primer orden. A pesar de eso, no se ha podido evitar este accidente. Tampoco se han controlado sus efectos ni se ha evitado la mentira.

El coste económico del desastre es enorme. El Centro Japonés para la Investigación Económica lo ha estimado en hasta medio billón de euros, incluyendo indemnizaciones y el desmantelamiento de los seis reactores de la central nuclear, una cifra que se aproxima al coste de la crisis bancaria de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos en 2008-2009. Este coste está siendo asumido en su mayor parte por el Gobierno japonés, que ha tenido que ayudar financieramente a la empresa responsable de la central, TEPCO. Las compañías aseguradoras se niegan a cubrir los daños nucleares, y por ello la industria nuclear deriva estos enormes costes, así como los de la gestión de sus residuos radiactivos, a toda la sociedad. Este es el secreto de la supuesta “energía barata”.

Los graves sucesos de Fukushima nos recuerdan, una vez más, la peligrosidad de los procesos de obtención de energía eléctrica a través de la fisión del átomo. La corta historia de la energía nuclear está llena de accidentes nucleares y ya ha generado gran cantidad de residuos radiactivos cuya larga vida amenaza a generaciones presentes y futuras. Por eso no es una alternativa para nuestro futuro energético. Queremos energías limpias basadas en fuentes renovables abundantes en nuestro territorio como el sol y el viento.

Algunos países ya han tomado decisiones importantes en ese camino. Italia ha abandonado en referéndum su programa nuclear. Alemania ha cerrado sus ocho centrales nucleares más viejas y peligrosas de un plumazo, y junto a Bélgica, Suiza y Japón ha establecido un calendario de cierre de todas las nucleares.

Contrastan esas actuaciones con las anunciadas en España por el nuevo gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy. Lejos de aprender la lección de Fukhusima, ha ratificado su clara apuesta por la energía nuclear y ha establecido una moratoria de facto contra las energías renovables.

Uno de los primeros anuncios del Gobierno Rajoy ha sido el de manifestar su intención de alargar la vida de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Esta central es gemela del reactor número 1 de Fukushima-Daiichi, uno de los cuatro reactores involucrados en el accidente nuclear. El mismo diseño tecnológico (agua en ebullición, contención Mark I), fabricante (General Electric), potencia (460 MW) y antigüedad (inicio de actividad en 1971) deberían ser motivos suficientes para finalizar de inmediato su operación.

Se trata de una central obsoleta de primera generación, con tecnología de los años sesenta del siglo pasado y cuya aportación al sistema eléctrico nacional es mínima, cinco veces por debajo de la de las energías renovables de Castilla y León. Hay que recordar que, en caso de accidente grave, se verían afectados de manera inmediata y severa 57.000 habitantes de 56 municipios burgaleses situados en un radio de 30 kilómetros, más otros 10.000 del País Vasco y La Rioja. Y que en 100 kilómetros en torno a la central viven millón y medio de personas en ciudades como Bilbao, Burgos, Santander y Vitoria.

El Gobierno de Castilla y León, con Juan Vicente Herrera a la cabeza, venía revindicando la continuidad de la central y se ha alineado totalmente con los intereses de las grandes compañías eléctricas, defendidos por el Gobierno de Rajoy, que también ha tomado la decisión de construir un cementerio de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).

La reciente aprobación de la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras de Castilla y León confirma el alineamiento total del gobierno regional con los intereses económicos de Endesa e Iberdrola, empresas propietarias de la central nuclear de Garoña. Se ha eximido de cualquier tributación a los centros de producción de energía eléctrica más contaminantes y se ha aplazado la imposición anunciada a Garoña. Esta instalación, ya amortizada económicamente, es una fuente de beneficios extraordinarios para sus propietarios, que dejan los riesgos y los costes económicos y sociales para el conjunto de la población.

Ante todos estos hechos, reclamamos del Gobierno español, de la Junta de Castilla y León y del Consejo de Seguridad Nuclear que incorporen las lecciones del accidente de Fukushima-Daiichi y establezcan un calendario de cierre escalonado de las nucleares, empezando por la central de Garoña (Burgos), gemela de Fukushima, que no debería seguir funcionando ni un día más. Sigamos de esta manera el ejemplo de Alemania, Bélgica, Suiza, Italia y Japón.

¡Fukushima nunca más!

¡Cierre inmediato de Garoña!

Valladolid, 11 de marzo de 2012

Ecologistas en Acción
Greenpeace
Plataforma Tierra de Campos Viva