El Ayuntamiento reabre el Aparcamiento de Portugalete sin la autorización judicial

Cumpliendo con su «ultimátum», el concesionario Corsan-Corviam Construcción
ha reabierto esta mañana las dos plantas rotatorias del aparcamiento de la
Plaza Portugalete, clausuradas por orden judicial desde el pasado 7 de
noviembre, tras el otorgamiento el viernes pasado por parte del Ayuntamiento
de Valladolid de una nueva batería de permisos (licencias de obras,
ambiental y de apertura).

La apertura se produce tras las declaraciones realizadas esta semana por
responsables de la empresa, en las que daban de plazo al juzgado hasta el
día de hoy para pronunciarse sobre la validez de los nuevos permisos. El
propio Alcalde de Valladolid anunció también públicamente el pasado
miércoles la fecha de la reapertura, queriendo aparentar que la decisión era
del concesionario, quizás para evitar eventuales responsabilidades.

Para Ecologistas en Acción, la Federación de Vecinos e Izquierda Unida, la
actitud de empresa y Ayuntamiento constituye un claro acto de desobediencia
de la orden judicial de clausura, emitida por Auto de 19 de septiembre de
2008 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2, y cuyo cumplimiento
sólo se materializó tras tener que volver éste a ordenarlo por Auto de 3 de
noviembre de 2008.

En consecuencia, estas organizaciones sociales van a plantear de inmediato
un incidente de ejecución ante el juez, informándole de las decisiones
adoptadas por Ayuntamiento y empresa y volviendo a solicitar el cumplimiento
de la orden de clausura, sin perjuicio de las responsabilidades en que hayan
podido incurrir empresa y autoridades por su actuación.

Las organizaciones sociales consideran inadmisible la actuación municipal,
que de la sistemática vulneración de las normas vigentes en sus resoluciones
urbanísticas y ambientales, está deslizándose hacia el incumplimiento de las
resoluciones judiciales contrarias a sus intereses, como viene sucediendo
también en otros casos como el del inmueble de la calle Niña Guapa.

En el caso del aparcamiento de Portugalete, la maniobra para burlar la orden
judicial ha consistido en la improvisación de una nueva tanda de permisos,
que se superponen a los ya otorgados y suspendidos, al tiempo que se lanza a
la opinión pública la idea de que la calidad del aire en la ciudad ha pasado
a ser de pésima a excelente, a pesar de que todas las estaciones de control
de la contaminación atmosférica han seguido registrando en 2008 niveles
superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Se intenta crear así la ficción de que no hay problemas urbanísticos ni
ambientales que justifiquen el cierre del aparcamiento rotatorio, y a
continuación se deja aparentemente en manos del concesionario la decisión de
vulnerar la orden judicial de clausura. No obstante, la decisión sobre el
levantamiento de la orden sólo corresponde al juez, que es quien debe
valorar, en su caso, si han cambiado las circunstancias que la motivaron en
su día, lo que no ha sucedido en opinión de las organizaciones sociales
recurrentes.

Éstas reiteran que se mantienen las causas de ilegalidad que han motivado
hasta la fecha 6 sentencias judiciales contrarias al Ayuntamiento, además
del auto de suspensión cautelar en vigor: el incumplimiento del Plan General
de Ordenación Urbana y de las Directrices de Ordenación del Territorio de
Valladolid y Entorno, y los elevados niveles de contaminación atmosférica y
acústica que soporta el centro de la ciudad, que desde luego no se resuelven
llevando 3.000 nuevos vehículos diarios a un aparcamiento en pleno centro.

Ecologistas en Acción, la Federación de Vecinos e Izquierda Unida vuelven a
emplazar al Ayuntamiento a que modifique la concesión administrativa del
aparcamiento, reconvirtiendo las 260 plazas rotatorias en plazas de
residentes, lo que además hace innecesario el aparcamiento proyectado en la
Plaza de la Antigua.