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Organizaciones sociales presentan nuevas alegaciones al aparcamiento de Portugalete

Recurren la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid que permite la construcción de aparcamientos subterráneos rotatorios en el centro de la ciudad

Martes 23 de diciembre de 2008 - 121 lecturas


Ecologistas en Acción, la Federación de Vecinos e Izquierda Unida han
presentado alegaciones al Proyecto de Construcción y a la licencia ambiental
del aparcamiento subterráneo de la Plaza de Portugalete, que por tercera vez
intenta legalizar el Ayuntamiento de Valladolid, como respuesta a la
clausura judicial de las dos plantas rotatorias ordenada el pasado mes de
septiembre por un juzgado de Valladolid, y ejecutada por el Ayuntamiento con
más de un mes de retraso.

Las organizaciones sociales reiteran ante el Ayuntamiento las mismas causas
de ilegalidad que han motivado hasta la fecha 6 sentencias judiciales
contrarias al Ayuntamiento, además del auto de suspensión cautelar en vigor:
el aparcamiento rotatorio incumple los criterios del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid y de las Directrices de Ordenación
del Territorio de Valladolid y Entorno (DOTVAENT), al localizarse en pleno
centro urbano y no en su periferia.

Detrás de esta prohibición se encuentra la preocupación por los elevados
niveles de contaminación atmosférica y acústica que soporta el centro de la
ciudad, que desde luego no se solucionan llevando 3.000 nuevos vehículos
diarios al aparcamiento. El Mapa de Ruido de Valladolid indica que los
niveles sonoros en las vías perimetrales de acceso al aparcamiento (Bajada
de la Libertad, Angustias, Echegaray, Arzobispo Gandásegui, López Gómez,
Fray Luis de León y Cánovas del Castillo) rebasan los límites legales; sin
que por otro lado el Ayuntamiento haya elaborado todavía el Plan Antirruido
que tendría que haber aprobado el pasado verano.

A mayores, los alegantes consideran que la calificación urbanística como
plaza arbolada de las plazas de Portugalete y de la Libertad impedía la
construcción de un parking bajo las mismas, destruyendo los árboles
existentes; y que la suspensión de licencias dimanante de la declaración del
Entorno de Protección de la Catedral de Valladolid no permite la
legalización del aparcamiento, menos aún sin un informe favorable de la
Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

En este contexto, y sin que nadie haya anulado a día de hoy los permisos en
vigor del aparcamiento, la intención de los nuevos (que por cierto se
superpondrán a los vigentes) es simplemente burlar la orden judicial de
clausura de las 260 plazas rotatorias, obligatoria mientras no sea levantada
por el juez. Una huida hacia delante de nuevo ilegal y que podría incurrir
en varios tipos penales.

Ecologistas en Acción, la Federación de Vecinos e Izquierda Unida vuelven a
emplazar al Ayuntamiento a que modifique la concesión administrativa de
explotación del aparcamiento, reconvirtiendo las 260 plazas rotatorias en
plazas de residentes, lo que además haría innecesario el aparcamiento de
residentes proyectado en la vecina Plaza de la Antigua.

Destruido el arbolado y los vestigios arqueológicos de las plazas, la
defensa de la salud pública debe primar sobre el interés particular de una
empresa privada en la que el Alcalde de Valladolid tiene intereses
particulares, lo que en opinión de los alegantes le inhabilita para adoptar
decisiones que la beneficien. En caso de perseverar, las organizaciones
sociales emprenderán iniciativas judiciales, como el nuevo recurso
interpuesto contra la última modificación del PGOU que permite la
construcción de aparcamientos subterráneos rotatorios en el centro de la
ciudad.