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Violencia sexual y laboral: la revuelta de las trabajadoras de las fresas

Miércoles 13 de junio de 2018

Sin poder y en situación evidente de vulnerabilidad, cualquier mujer está expuesta a abusos sexuales. Aquí, la mejor forma de luchar contra ellos es dar derechos a las migrantes

Nuria Alabao CTXT 13-06-2018

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Varias jornaleras marroquíes, tras presentar una denuncia por abuso en los campos de Huelva. Lunes, 4 de junio.

Temporada de la recogida de fresas en Huelva, el mayor productor de la península. El año pasado se recolectaron más de 300.000 toneladas. Para ello el sector ocupa a unas 120.000 personas, el 80% mujeres, según la patronal, muchas de ellas marroquíes contratadas en origen para la campaña, que trabajan sobre todo en la recogida, la parte más dura. Ya sabíamos que es una labor penosa, pero este mes además hemos descubierto que partirse el lomo en la fresa viene acompañado de explotación laboral y de abusos sexuales. Y lo conocemos porque las trabajadoras se han rebelado y porque conecta con toda una oleada feminista despertada al calor del #Metoo.

Las hemos visto gritar en vídeos: "¡no bien! ¡no bien!", y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que las ha acompañado en la denuncia –que apoyan más de 100 de ellas–, ha hecho público que trataron de expulsarlas involuntariamente a Marruecos para acallarlas aunque la temporada no había terminado. El SAT lleva años alertando de las consecuencias del modelo de contratación en origen y los escasos controles con que se implementa. También que las denuncias de vulneración de derechos o las violaciones no llegan a juzgarse porque las temporeras son obligadas a regresar antes de que las denuncias prosperen. Un círculo de impunidad perfecto para los abusadores. Aunque sí se ha conseguido alguna condena gracias al tesón del SAT.

La mejor forma de luchar contra la violencia machista es dar poder a las mujeres

Estas semanas las temporeras marroquíes también han explicado cómo los encargados las chantajean con dejarlas sin trabajo si no mantienen con ellos relaciones sexuales. Denunciar no es fácil. El aislamiento fuera de los núcleos urbanos en un país donde no conocen a nadie y cuyo idioma no dominan; el tipo de contratación –por el que carecen de la mayoría de derechos que tiene un trabajador normal– y la dependencia extrema del empleador generan una brutal desigualad de poder. Sin poder, en situación evidente de vulnerabilidad, cualquier mujer está expuesta a la violencia sexual –así como a cualquier otra violencia o forma de explotación–. Al fin y al cabo, el acceso al cuerpo de la mujer –independientemente de su voluntad– está inscrito en la estructura de dominio del patriarcado, donde en general los hombres tienen más poder, y donde muchas veces, lo ejercen para procurarse sexo no consentido. Por eso, la mejor forma de luchar contra la violencia machista es dar poder a las mujeres. En este caso, derechos a las migrantes que ahora mismo son las más vulnerables de nosotras.

Contratación en origen por contingente, parte del problema

Las condiciones de los temporeros en el campo español son terribles, las de las trabajadoras que se contratan en origen todavía más, pese a que ese tipo de contratación se vendió como la gran solución al “problema” de la necesidad de mano de obra extranjera de carácter temporal en la agricultura. Precisamente Huelva fue el gran laboratorio en el 2000-2001 de una política de gestión de la mano de obra que la Unión Europea adoptó convirtiéndola en directiva –lo que impide a los Estados miembros prohibirla–. Una política que consolida en el espacio europeo a trabajadoras de “usar y tirar”. A este proceso de sustitución étnica de la fuerza de trabajo se le ha llamado modelo de “inmigración ordenada”, como explica la antropóloga Alicia Reigada.

Los contratos en origen permiten a los empresarios de la fresa disponer de un cupo de trabajadoras migrantes que tendrán una autorización temporal de residencia y trabajo para el tiempo que dure la campaña y luego están obligadas a regresar. Da lugar a permisos vinculados a una país, a una actividad y a un empleador concretos. “A cambio de trabajar legalmente en el país, las temporeras ceden parte de sus derechos asociados a un mercado de mano de obra libre. No tienen poder para negociar sus condiciones de trabajo, ni libertad para desplazarse en el mercado laboral o para elegir empleador. Esto configura, además, una enorme dependencia del empleador para la permanencia legal en el país y el retorno en sucesivas campañas”, explica este informe de la Mesa de Integración de Huelva. Aquí empieza y se consolida la vulnerabilidad de estas trabajadoras: en una renuncia de derechos que sería intolerable para cualquier otro trabajador o trabajadora que no fuese extranjero.

Estos contratos se pensaron como una solución de control sobre las poblaciones de temporeros que se instalaban en la zona desde finales la década de los noventa –marroquíes y subsaharianos sobre todo–. Se trataba de evitar que se establecieran de forma permanente. Así como ahorrarse los “problemas” de convivencia que pudiesen causar estas bolsas de población migrante, como los brutales linchamientos racistas que se produjeron en el Ejido en el año 2000 contra la población extranjera. Esta política migratoria se presentó como la gran y novedosa solución, y se vendió con el argumento de que mejoraría las condiciones de vida de estos trabajadores que muchas veces acababan en asentamientos chabolistas cerca de los campos de fresa. En realidad, no es nueva, tiene su origen en la Prusia nacionalista de finales del S.XIX, como explica Sandro Mezzadra (Traficantes, 2009), donde la preocupación por la “homogeneidad nacional” terminó por alimentar políticas tendentes a constituir y consolidar una estructura dual, de carácter marcadamente étnico, del mercado de trabajo. No tan lejos de nuestro presente.

La exigencia es que sean mujeres de mediana edad, de entornos rurales y con hijos menores a cargo

Los requisitos bajo los que se han seleccionado a las más de 14.000 temporeras de esta campaña (ha llegado a haber el doble en otras) evidencian esta necesidad de control. La exigencia es que sean mujeres de mediana edad –no muy jóvenes porque son más rebeldes–; de entornos rurales y con hijos menores a cargo. Es decir, con poca instrucción, y por tanto, pocas tentaciones u oportunidades de quedarse y que estén suficientemente disciplinadas por las cargas familiares. Condiciones que en su propio enunciado vulneran los derechos de las trabajadoras e incluso podrían ser inconstitucionales, y que, una vez más, serían impensables para una trabajadora española.

Pero ¿por qué mujeres?

Aquí se ponen en juego todos los estereotipos de género: la patronal lo justifica habitualmente porque son más idóneas para la “delicada labor de la recogida”. La antropóloga, Alicia Reigada entrevistó a empresarios y encontró argumentos que incidían en “la mayor responsabilidad y entrega al trabajo y la menor conflictividad que les generan las mujeres”. “Las mujeres dan menos problemas que los hombres, tú manejas mejor setenta mujeres que setenta hombres”, decían. O sea, que son más fáciles de dominar. Además, que tengan hijos probablemente les parece determinante para que quieran regresar. Algo que, consideran, no opera en los hombres.

Uno de estos empresarios hasta llegó a explicar que pensaba que las mujeres son más trabajadoras porque están acostumbradas a la doble jornada. Aquí también se ponen en juego todos los estereotipos de sumisión y conservadurismo asociados a las mujeres marroquíes en nuestro imaginario colonial. Aunque a pesar de todo, las “sumisas marroquíes” se han rebelado.

Lo que no explican los empresarios respecto a su preferencia de género es que la feminización de determinados trabajo abarata y precariza aún más las condiciones laborales del sector, que consigue así alcanzar competitividad en los mercados globales a costa de la explotación de estas mujeres.

Las inspecciones de trabajo, según el SAT, brillan por su ausencia

Tampoco quieren hablar de las denuncias de violaciones o agresiones que califican de “campaña de desprestigio contra el sector”. Pero según contó Correctiv, la revista alemana que empezó a publicar sobre el tema este año, el número de abortos en la zona es muy elevado y el 90% se practican a trabajadoras migrantes de los campos de fresas muchas de las cuales dicen haber sido forzadas. Como denuncian tanto el SAT como los organismos de derechos humanos, el estado de aislamiento en el que viven facilitan estos abusos. Los empresarios están obligados a proporcionarles alojamiento y lo hacen en barracones alejados de los núcleos de población –donde no dejan entrar a los sindicalistas ni otras visitas de ningún tipo. A veces, además, no pueden salir porque no hay transporte cercano –o porque no les dejan–, y esto durante meses. Las inspecciones de trabajo, según el SAT, brillan por su ausencia.

Todas estas circunstancias crean un panorama de vulnerabilidad y de impunidad donde los abusos proliferan sin ninguna garantía de derechos fundamentales. En los procesos de migraciones feminizadas donde el sistema legal reproduce esquemas de dominación y explotación racista y de género se producen casos de violencia machista de forma sistemática. Como dijo el portavoz del SAT, Oscar Reina, “vienen a por un sueño y viven una pesadilla”.

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