Seiscientas industrias siguen careciendo de autorización ambiental para funcionar

El próximo 30 de abril finaliza la prórroga del plazo establecido en 1996 por la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación para que unas 800 industrias de Castilla y León obtengan e implanten la denominada autorización ambiental integrada, permiso imprescindible para poder operar en la Unión Europea. El plazo original venció el pasado 30 de octubre de 2007, pero el Congreso de los Diputados aprobó el pasado otoño su prórroga por 6 meses, para intentar evitar el colapso de la actividad industrial.

La intención de la Directiva era procurar una mejora sustancial del comportamiento ambiental de la industria europea, previniendo en origen la contaminación mediante la implantación de la Mejores Técnicas Disponibles y el establecimiento de valores límites de emisión al aire, las aguas o los suelos coherentes con aquéllas y con la preservación de la salud pública y el medio ambiente. Asimismo, se buscaba unificar los múltiples permisos ambientales existentes en cada Estado miembro en uno único, la autorización ambiental integrada.

A pesar de los más de 11 años transcurridos desde la aprobación de la Directiva europea, a dos meses del fin de esta prórroga, tres cuartas partes de las empresas regionales sometidas a esta legislación no han obtenido aún su permiso, y en consecuencia podrían tener problemas para continuar su actividad si no lo obtienen antes del 30 de abril, arriesgándose en el caso de mantenerla ilegalmente a sanciones que pueden alcanzar los 2 millones de euros en cada caso.

Castilla y León sigue a la cola de España en el cumplimiento de la Directiva, pues el escaso 24% de empresas que han obtenido su autorización en plazo se aleja del 50% de cumplimiento estimado para España, gracias a Comunidades como Cataluña, que se adelantó 4 años al Gobierno Central en la transposición de la Directiva Europea con su propia Ley de 1998. No obstante, países como Alemania, Bélgica, Holanda y Reino Unido llegan al día de hoy con la práctica totalidad de sus empresas autorizadas, encontrándose España en el furgón de cola junto a otros Estados como Grecia, Polonia o Portugal.

Desde el pasado 30 de octubre y hasta el día de ayer, sólo se han publicado las autorizaciones ambientales de 51 industrias más, acumulándose en las oficinas de la Administración regional los restantes 600 expedientes, 250 de los cuales ni siquiera han salido a información pública, por lo que parece difícil que varios cientos de empresas de la región puedan llegar a la fecha tope con el permiso que les faculte para mantener su actividad.

Las provincias con el proceso más avanzado son Burgos y Salamanca, y las más retrasadas León y Valladolid, que junto a Zamora son además las que tardan más tiempo en tramitar los permisos, con un tiempo medio de 2 años frente a los 10 meses que como máximo prevé la Ley que se pueda dilatar el periodo entre la solicitud y la resolución de la Administración.

La explicación de esta lamentable situación es compleja, pero en todo caso desoladora: a los 6 años que tardó el Gobierno de José María Aznar en trasponer la Directiva a la legislación española, con la aprobación en 2002 de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se suma la penuria de medios aportados por la Junta de Castilla y León para aplicar la norma, y el desconocimiento y desidia de las empresas afectadas para presentar sus solicitudes y proyectos de adaptación.

Más allá de la incapacidad administrativa y la desidia empresarial generalizada, siempre con honrosas excepciones, también hay que lamentar que las autorizaciones ambientales otorgadas no consideran en general las Mejores Técnicas Disponibles ni la capacidad de carga del medio ambiente afectado por cada industria, limitándose a trasladar los límites de emisión de contaminantes de la normativa vigente, en algunos casos procedente de 1975 (como los valores límite de emisión a la atmósfera), dándose la situación absurda de que muchas autorizaciones permiten a sus titulares contaminar en mucho mayor grado de lo que venían haciendo en la última década.

Ante el incumplimiento generalizado de la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Ecologistas en Acción exige a la Junta de Castilla y León que aporte los medios humanos necesarios para superar el colapso actual, así como un mayor rigor técnico en los condicionados ambientales de las autorizaciones, en particular en lo referido a valores límite de emisión y sistemas de control de los mismos. Asimismo, insta a la industria a que cumpla con su obligación de adaptar sus procesos a las Mejores Técnicas Disponibles, limitando la contaminación que genera en su entorno.