La Junta autoriza la ampliación de la fundición de MEMESA en Medina del Campo

Por Orden de 17 de mayo de 2004, publicada en el BOCyL de hoy, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha concedido autorización ambiental a la mercantil «Metalúrgica de Medina, S.A.» (MEMESA) para el «Proyecto de mejora de la instalaciones de fabricación de plomo» en Medina del Campo (Valladolid), que en esencia legaliza el nuevo horno instalado por la empresa hace más de un año para la fusión de plomo, con una capacidad de 100 toneladas diarias.

Para Ecologistas en Acción, la autorización concedida a MEMESA es manifiestamente ilegal en el fondo y en la forma, y confirma el trato de favor que tradicionalmente se ha otorgado a esta empresa por sus vínculos con el actual alcalde de Medina del Campo y ex-diputado provincial Crescencio Martín Pascual. De entrada, llama la atención que la solicitud de autorización no se haya sometido a la preceptiva información pública, privando en particular a los ciudadanos de Medina del Campo de su derecho constitucional a la participación.

Por otro lado, la autorización sólo ha considerado una parte de las instalaciones de MEMESA (el nuevo horno en cuestión), a pesar de que según la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación cuando la modificación proyectada sea considerada como sustancial, ésta no podrá llevarse a cabo en tanto no sea otorgada una nueva autorización ambiental integrada para el conjunto del establecimiento, autorización general que la Consejería de Medio Ambiente demora de forma irregular hasta el 30 de octubre de 2007.

Para los ecologistas, lo más preocupante es que a pesar de tratarse de una instalación de gestión de residuos peligrosos, las autoridades ambientales regionales han decidido eximir arbitrariamente a MEMESA del cumplimiento de valores límite de emisión a la atmósfera (el límite impuesto para las partículas es 15 veces superior al vigente) y aguas superficiales, omitiendo el establecimiento de consumos máximos de agua, materiales y energía y la cantidad máxima y tipos de residuos que se pueden generar. En este último aspecto, remite a una autorización anterior de la Consejería de Medio Ambiente, mantenida transitoriamente hasta 2007, que debería haberse integrado en la nueva.

Finalmente, la Junta de Castilla y León renuncia también a controlar el impacto ambiental de la instalación, limitando las mediciones de contaminantes en chimenea a una muestra de sólo partículas y plomo cada 6 meses (cuando la periodicidad legal mínima es quincenal) y omitiendo la posibilidad de ubicar algún punto de medición de la contaminación en Medina de Campo y sus alrededores, ampliado a otros metales pesados emitidos por la fundición como el arsénico o el cadmio. Tampoco ha sido tenida en cuenta la petición de un estudio epidemiológico de la población de Medina del Campo para conocer su «capacidad de carga» frente a la exposición a las sustancias tóxicas mencionadas.

Para los ecologistas, todas estas irregularidades y el escaso interés por la preservación de la salud pública y el medio ambiente que denotan sientan un mal precedente en la aplicación de la nueva Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que entró en vigor hace casi un año y en virtud de la cual la primera autorización otorgada en la provincia de Valladolid ha sido precisamente la de MEMESA.