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Comunicado. 3-XII-03

La nueva cementera de La Parrilla carece de permisos y evaluaciones ambientales

Ecologistas en Acción ha solicitado a la Junta de Castilla y León la paralización inmediata de su funcionamiento, hasta que obtenga las autorizaciones preceptivas

Miércoles 3 de diciembre de 2003 - 3021 lecturas


Tras publicar un diario local este fin de semana la apertura de una nueva
fábrica de cemento en la localidad vallisoletana de La Parrilla, con una
capacidad de producción de medio millón de toneladas al año, Ecologistas en
Acción ha podido comprobar que el promotor, la sociedad Cementos La
Parrilla, S.A., carece de autorización ambiental para el ejercicio de su
actividad, y asimismo no se ha sometido a la preceptiva evaluación de
impacto ambiental de su proyecto, con carácter previo al inicio de la
ejecución del mismo.

La actividad referida requiere autorización ambiental integrada según la Ley
de prevención y control integrados de la contaminación, al estar incluida en
su Anexo I y no haber entrado en funcionamiento con anterioridad al pasado 3
de julio. Asimismo, debe someterse a evaluación de impacto ambiental por
estar incluida en el Anexo I de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
Castilla y León vigente en el momento de inicio de la tramitación de la
licencia municipal de actividad de la instalación, única autorización con la
que parece contar el promotor.

No obstante, la cementera ha entrado en funcionamiento hace un mes, sin que
por parte de Cementos La Parrilla, S.A. se haya siquiera solicitado la
preceptiva autorización ambiental, que integra en su tramitación la también
obligatoria evaluación de impacto ambiental. Por ello, Ecologistas en Acción
ha presentado una denuncia el pasado lunes ante el Delegado Territorial de
la Junta de Castilla y León en Valladolid, solicitando la paralización
inmediata de la actividad de la nueva fábrica hasta que cuente con los
permisos necesarios, tal y como prevé la normativa en estos casos, sin
perjuicio de la apertura del correspondiente expediente sancionador de las
infracciones citadas.

Este es el segundo caso en fechas recientes en que un promotor industrial
decide por su cuenta y riesgo que puede poner en marcha una actividad
potencialmente contaminante al margen de la normativa de prevención
ambiental vigente, tras la instalación y entrada en funcionamiento de un
nuevo horno de fusión de plomo en la fábrica de MEMESA, en Medina del Campo.
La denuncia presentada por la ACU y Ecologistas en Acción contra esta última
empresa el pasado mes de septiembre aún no ha recibido siquiera acuse de
recibo por parte del Delegado de la Junta en Valladolid.

Los ecologistas consideran el caso de Cementos La Parrilla, S.A.
especialmente llamativo, al contar esta empresa con la propia Junta de
Castilla y León como accionista, a través de la Sociedad para el Desarrollo
Industrial de Castilla y León (SODICAL). Para los ecologistas, es
incomprensible que el Gobierno autonómico incumpla las leyes, invirtiendo
además recursos públicos en empresas que actúan al margen de la legalidad.
La presencia el lunes del Consejero de Economía de la Junta de Castilla y
León, Tomás Villanueva en la inauguración de una planta ilegal no es de
recibo, y muestra un escaso respeto del Gobierno autonómico por el Estado de
Derecho que tanto dice defender.

La empresa Cementos La Parrilla S.A. se constituyó en 1999 y cuenta en la
actualidad con un capital social de 6.345.290 euros. La fábrica que ha
construido en el municipio de La Parrilla pretende facturar medio millón de
toneladas anuales de cemento. El principal problema de estas instalaciones
es la emisión de polvo y ruido por las operaciones de molturación de la
piedra caliza, así como el tráfico pesado y los desmontes mineros que
genera en su entorno.


Más información: Alberto Rueda, 657.185652

El Texto de la denuncia presentada ante el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid el 1 de diciembre de 2003 está disponible en Denuncia contra Cementos La Parrilla S.A. por iniciar su actividad sin autorización ambiental ni evaluación de impacto ambiental.