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Panamá, Año XII, No. 245
25 de enero de 2014
En diciembre del pasado año los candidatos presidenciales del PRD y del Partido Panameñista se reunieron para intentar cerrar una alianza electoral que posibilitara postular un candidato único a la Presidencia de la República, para lo cual se les presentó un documento denominado “Pacto para una Nueva República”, que debían suscribir.
Dicho pacto contemplaba, entre otros compromisos irrevocables: a) la convocatoria de una Asamblea Constituyente inmediatamente después de tomar posesión; b) la elevación a rango constitucional de los procedimientos de selección de contratistas, para así garantizar la transparencia y la competencia pública, lo mismo que una carrera administrativa que asegurara la estabilidad, dignidad y el derecho al trabajo de los funcionarios públicos; c) enviar a la Concertación Nacional para el Desarrollo todo proyecto de ley que propusiera el Consejo de Gabinete; nombrar al Contralor General de la República, Procurador General de la Nación, y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a personas que sin afiliación política fuesen avalados por la Concertación Nacional para el Desarrollo; asegurar un salario mínimo requerido para vivir decorosamente, incluyendo el factor inflacionario real; someter todos los macro proyectos del actual gobierno a una auditoría forense, y en caso de lesión patrimonial proceder a formular las acusaciones ante las autoridades competentes; proponer ante la Asamblea Constituyente la creación de la Procuraduría General de la Transparencia, cuya función sería la de perseguir los patrimonios no justificados, recobrar los bienes ocultos, procesar a los que hubiesen incurrido o incurran en delito de peculado, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público; y el respeto irrestricto de la libertad sindical.
Cuando todo parecía que se acordaría la alianza, en el último momento uno de los dos candidatos se echó para atrás y se negó a suscribir el acuerdo. Motivaciones mezquinas y de una enorme irresponsabilidad histórica frustraron dicha Alianza de Oposición, que incluiría a sectores sociales y de la sociedad civil. Con ello se puso en peligro el objetivo estratégico, en esta coyuntura, de propinarle a la dictadura civil imperfecta de Ricardo Martinelli una derrota política y electoral de envergadura, abriendo así el espacio para una lucha frontal por impulsar en la Asamblea Constituyente, democrática, incluyente y originaria, la profundización de los derechos sociales y la ampliación de las libertades ciudadanas de todo el pueblo.
Lo que se ha puesto en peligro
Si bien los partidos tradicionales son los responsables del atolladero histórico en el que nos encontramos, por ser los artífices y sostenedores de un régimen político que podemos caracterizar como de democracia neoliberal de libertades recortadas, que posibilitó por ello mismo el advenimiento de la dictadura civil imperfecta que hoy padecemos, y ello como resultado del hartazgo y rechazo del pueblo de sus políticas anti populares, lo cierto es que si Martinelli se reelige a través de su candidato José Domingo Arias “Mimito”, la dictadura civil se perfeccionará y consolidará, hundiendo a la República en una noche oscura que no durará menos de diez largos años. Se sabe cuando las dictaduras se inician pero se desconoce cuándo y cómo terminan.
Aún así, señalar que el Partido Panameñista, el PRD y Cambio Democrático son la misma cosa, pone de manifiesto una incomprensión inexcusable de la naturaleza del régimen instaurado por Ricardo Martinelli y lo que este implicaría en caso de que lograra perfeccionarse y consolidarse con un triunfo electoral el próximo domingo 4 de mayo.
En efecto, en el caso hipotético que Martinelli lograra su reelección, disfrazado de José Domingo Arias, controlaría completamente el Tribunal Electoral, pues le correspondería nombrar a los dos Magistrados que terminan su período y lo mismo ocurriría en la Corte Suprema de Justicia, ya que estaría facultado para nombrar a cuatro nuevos Magistrados. Lo mismo sucedería con la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Agréguese a ello su control sobre la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. En cuanto a la corrupta Asamblea de Diputados, su bancada legislativa sería férreamente controlada, gracias a la actual ley electoral pone en manos de Martinelli la revocatoria de mandato. Y para que no se alegue ignorancia sobre sus designios, ya anunció la reforma integral de la Constitución, al objeto de hacerse un traje político a la medida, posibilitando, entre otras gravísimas modificaciones, su reelección luego de terminado el período de “Mimito” Arias.
Nos encontramos ante una compleja y difícil disyuntiva, frente a la cual de nada valen los correctos señalamientos sobre la perversión de la partidocracia neoliberal que se encuentra en una profunda crisis. Nos enfrentamos a la amenaza de una dictadura civil consolidada, en una situación en la que no puede ponerse en duda la extrema debilidad de las fuerzas sociales y democráticas.
Si se logra derrotar electoral y políticamente a la dictadura civil, se abrirán los causes para impulsar una lucha decidida que tenga por objetivo lograr una constituyente democrática e inclusiva que profundice los derechos sociales y amplíe los derechos políticos de todas las sociedad. Ese es el objetivo estratégico. Parafraseando al histórico político francés Jean Jaurés, podemos decir que “hay ocasiones en que habrá que convertirse en tutor de las libertades burguesas que la burguesía es incapaz de defender”. O como afirmo un afligido militante de uno de los actuales partidos tradicionales: “en esta coyuntura, votar por mi partido será como ingerir una gran dosis de ricino, pero permitir que triunfe Martinelli sería como tomar cicuta.” En esta grave disyuntiva nos encontramos.
