JUICIO Y CASTIGO A LOS CORRUPTOS

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 BUSCANDO CAMINO

Movimiento Democrático Popular

Panamá, Año XII, No. 249    –    18 de agosto de 2014

Durante las últimas dos semanas la ciudadanía ha sido testigo de las bochornosas declaraciones realizadas ante el Pleno de la Asamblea Nacional por dos símbolos del gobierno de Ricardo Martinelli. Tanto la Contralora General de la República (CGR), Gioconda Torres de Bianchini, como el Director General de la Caja de  Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez Llorens, han dado un espectáculo que le ha provocado vergüenza ajena a todo el país.

No fue suficiente con que demostraran sobradamente su incapacidad para dirigir tan importantes instituciones, lo peor fueron las muestras de cinismo que patentizaron a lo largo de toda la comparecencia. Más aún, sus declaraciones estuvieron plagadas de mentiras, de verdades a medias y de respuestas incoherentes que pretendían ocultar lo inocultable. Quedo claro para todo el país que estos personajes no fueron nombrados en esos cargos para cumplir con las funciones que les mandataba la ley, sino que, por el contrario, fueron nombrados para servir como cómplices de desafueros orientados a posibilitar innumerables delitos contra las arcas públicas, ocasionando con ello multimillonarios perjuicios a los bienes del Estado, es decir a los bienes que le pertenecen a todos los panameños, a fin de engordar el sucio bolsillo del grupito que asaltó y secuestró el Estado con el único propósito de beneficiarse particularmente.

Economistas de muy diversas orientaciones políticas e ideológicas han calculado, muy someramente, que la apropiación dolosa ha sobrepasado en estos últimos cinco años más de dos mil (2.000) millones de balboas. El atraco a los bienes del Estado fue tan descarado y evidente en razón de que jamás imaginaron que podrían perder las pasadas elecciones, dada la utilización multimillonaria que hicieron de los dineros públicos en apoyo de sus candidatos. De ahí las tribulaciones de ambos funcionarios, que se vieron ahora obligados a comparecer ante el Pleno de la Asamblea para dar explicaciones de sus dolosas actuaciones. De ahí sus incoherencias, mentiras, y absurdas respuestas que los fueron hundiendo cada vez más en el pantano de la autoinculpación.

La vergonzosa comparecencia de Sáez Llorenz

El torrente de “no sé”, “no tengo los datos a mano”, “no tengo conocimiento”, “me enteré por el periódico”, contrastó con la presentación inicial que hizo durante tres y horas y 20 minutos en las que le faltaron adjetivos elogiosos al diccionario para calificar su administración. En cuanto a las sistemáticas y generalizadas quejas de la población respecto a su administración, respondió que solo son “5 o diez personas las que se quejan”, respuesta casi inaudible por los abucheos y los gritos de “asesino” que provenían de las gradas. Respecto a los muertos por la bacteria KPC, el colmo de la burla llegó cuando afirmó que se enteró de ello por la noticia publicada en un periódico. Mintió descaradamente, puesto que las autoridades de salud fueron advertidas casi un año antes. Igualmente mintió con desfachatez cuando afirmó que “no fue advertido” que la heparina con alcohol bencílico tenía prohibida su administración a los neonatos por el Congreso Mundial de Pediatría, por lo que la no observancia de dicha prohibición provocó varias muertes y dejó a varios recién nacidos con graves secuelas de por vida. Resulta que un formulario de la propia CSS advertía de esa prohibición en el año 2012. Y finamente, también mintió cuando afirmó que las privatizaciones de servicios que realizó fueron por un monto de alrededor de 14 o 17 millones, cuando la realidad es que entregó servicios que podía suministrar la CSS por valor de 273 millones de balboas. ¿Qué explicación puede tener esta multimillonaria privatización de servicios que no sea la de un gran negociado a expensas de los cotizantes de la CSS? El señor Sáez Llorenz debe ser separado del cargo, aunque solo falten unos días para el final de su período, y sometido a la justicia ordinaria lo antes posible.

El espectáculo Bianchini

Ciertamente, las declaraciones de la Contralora Bianchini constituyeron un espectáculo grotesco. Olvidada por Dios cuando repartió el don de la palabra, la Contralora carecía incluso de la facilidad para mentir que le prodigo el Señor a Sáez Llorens. Ante las abrumadoras pruebas de su absoluto descontrol de las finanzas públicas, de la irresponsable omisión de su obligación de fiscalizar y controlar, de los múltiples ejemplos de sobreprecios escandalosos, llamando especialmente la atención la compra por el PAN de diez millones de balboas en arroz para los comedores escolares del Ministerio de Educación, pagándose por cada quintal tres veces el precio de mercado, la Contralora no encontró otra formas de escapar que declarando a todo que “Solo me apegué a  cumplir con la ley, no hice nada más”. Y así respondía una y otra vez ante los innumerables interrogantes la señora Contralora, pese al inocultable mandato constitucional y legal que violó sistemáticamente.

Su actuación indiscutiblemente dolosa, y sus respuestas bochornosas, han llevado a que la Asamblea solicitara a la Corte Suprema de Justica (CSJ) su destitución y enjuiciamiento, pasándole así esa “papa caliente” a la CSJ, institución mejor conocida por su injusticias.

Una vez más: ¿qué hacer?

Estos emblemáticos personajes no constituyen más que la punta del iceberg de la corrupción generalizada que campeo en el pasado gobierno. Se trató de un sistema de corrupción establecido para succionar los fondos públicos por quienes constituyeron una banda organizada para delinquir. El daño al país, tanto económica como éticamente, es inconmensurable, y si no se revierte la justicia será exigida en las calles. Todos y cada uno de estos delincuentes han de ser llevados a la justicia de manera expedita y los bienes sustraídos recuperados para las arcas estatales. No importan aquí argumentos justificativos orientados a lavarse las manos con el Poder Judicial. El “ya hicimos nuestro trabajo y ahora le toca al Poder Judicial”, no eximirá en esta ocasión de las responsabilidades por dejar el campo libre a la impunidad. Si la CSJ no funciona, pues tendrá que irse, y los jueces que no imparten justicia expedita tendrán que renunciar. Un ¡basta ya! sonoro emerge de las gargantas de todo un pueblo.

En esta coyuntura, la lucha contra la corrupción y la impunidad es un “parte aguas” que develará quienes están por profundizar la democracia y quienes se oponen a ello con la excusa del respeto a la “legalidad”. Y es por eso la urgencia de poner en pie una plataforma unitaria, estable y permanente, que asuma esta lucha con tenacidad y firmeza. A ella deben sumarse las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y gremios, y las organizaciones sociales y sociopolíticas como el Frente por la Defensa de la Democracia y la Alianza Estratégica Nacional. Nadie debe restarse de este esfuerzo que, repetimos, debe ser estable y permanente. No basta con poner el grito al cielo, poner una denuncia e irse a dormir muellemente. Esa actitud no quebrará el sistema de corrupción e impunidad.

La coyuntura abre una gran posibilidad de avanzar en la profundización de los derechos sociales y ampliación de las libertades ciudadanas. Si dejamos pasar el momento lo lamentaremos una y mil veces. La sociedad civil empieza a moverse y no así los gremios y sindicatos. A llegado la hora de la unidad con respeto a la diversidad para impulsar una lucha que es de todos y todas.