LA IMPUNIDAD, ¿UN TÚNEL SIN SALIDA?

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BUSCANDO CAMINO

Movimiento Democrático Popular

Panamá, Año XII, No. 253    –    23 de septiembre de 2014

El pasado domingo se realizó la reunión del Directorio Nacional (DN) del PRD que tenía por objetivo elegir, de entre sus 303 miembros, a los cinco integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que habían renunciado previamente. Hay que constatar que la corriente de Benicio Robinson, actual presidente del PRD, obtuvo cuatro de los cinco puestos en disputa, incluyendo el de Secretario General que recayó en la figura de Carlos Pérez Herrera, en la actualidad Representante del Corregimiento de San Francisco. Con este resultado, Benicio Robinson suma a su facción 9 de los diez miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Esto significa que tiene un absoluto dominio de la dirección nacional del partido y de su financiamiento electoral – 12 millones de dólares-, a partir de lo cual irá sometiendo a todas las demás estructuras del PRD que aún no controla. Súmese a lo anterior su férreo control de la bancada legislativa, sometida a la amenaza de la revocatoria de mandato si quebranta las instrucciones procedentes del CEN, es decir de Benicio Robinson.

Terminada la elección de los nuevos miembros del CEN, consolidado el poder de Benicio Robinson, de forma inmediata se intento leer una resolución, para su votación y aprobación por el Directorio, que cancelaba el acuerdo legislativo firmado semanas atrás por el PRD y el Panameñismo, lo que se logró evitar gracias a la enérgica intervención de dos de los más votados candidatos perdedores a la Secretaria General. Con ello empiezan a dibujarse con claridad las consecuencias de esta aplastante derrota de las corrientes opuestas a la actual dirección, ahora reforzada, agrupadas todas ellas en la denominada Coordinadora pro Rescate Torrijista.

Desechado Juan Carlos Navarro como plan b martinelista, pasadas las elecciones, y vista la correlación de fuerzas legislativas resultante de ella, otro ha venido a ocupar su lugar. Se trata ahora de una alianza de Martinelli con la nueva dirección del PRD para posibilitar el nombramiento del Contralor y el Procurador, garantizando así la impunidad respecto de los innumerables y variados delitos cometidos por la totalidad de los integrantes del gobierno de Martinelli, así como de los ilegales aprovechamientos de dineros facilitados por Martinelli a diversos diputados del PRD. Con ello se trata de impedir el desmantelamiento del tramado de corrupción tejido por Martinelli en su gobierno y que abarca todas las esferas del Estado, arrodillar al débil gobierno de Varela y preparar el nuevo asalto al poder en el 2019, esta vez en alianza con un PRD electoralmente disminuido y liderizado por Benicio Robinson.

La impunidad, ¿un túnel sin salida?

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), organismo cuya mayoría ha sido nombrada por Martinelli, retrasa deliberadamente decisiones importantes orientadas al desmantelamiento del sistema de corrupción montado por el jefe del anterior gobierno. Así podemos observar cómo semanas después de la solicitud de la Asamblea de Diputados a la CSJ para que observara si en la declaraciones de la Contralora ante dicha cámara había indicios de delito, la Corte ha hecho mutis y no se pronuncia, dejando pasar así un tiempo trascendental. Lo mismo ocurre con las pocas denuncias puestas por los funcionarios del actual gobierno con respecto a delitos de peculado y otros cometidos por los altos cargos del pasado gobierno. La Procuradora General de la Nación no impulsa dichas investigaciones, con lo que empieza a correrse el peligro de la impunidad, dejando en pie la trama corrupta tejida por el martinelato.

Un gobierno débil, y por ello mismo lento, no pareciera estar a la altura de las exigencias de la sociedad ni tampoco se ve capaz, hasta ahora, de tomar las medidas necesarias para su propia sobrevivencia. Rehén de la alianza legislativa conformada por Robinson/Martinelli, amenazado de perder su capacidad de elegir a un Contralor por parte de su bancada y de nombrar un Procurador por parte del Ejecutivo, sometido a las exigencias de justicia social y penal que día a día, y cada vez con más fuerza, plantea la sociedad, el gobierno Varela aparece como un títere de acontecimientos que no puede o quiere controlar.

No es cierto como afirman algunos que Varela y Martinelli son lo mismo. Eso es tanto como afirmar que las manzanas y las peras son lo mismo por el hecho de que ambas son frutas. Las diferencias entre ambas frutas son enormes, al igual que entre ambos gobiernos. Pero si la lucha contra la corrupción y la impunidad la hemos definido como un objetivo estratégico de este período, para así avanzar en la democratización de la sociedad y poner en evidencia a los falsos demócratas, eso no quita que el gobierno Varela, por impotencia e incapacidad, se transforme en objetivo de dicha lucha. El tiempo se acorta, los errores aumentan y el peligro del retorno de Martinelli cobra cada vez mayor credibilidad por la falta de acciones dirigidas al desmantelamiento de la pandilla más voraz y peligrosa a la que aún no le han sido incautadas sus “armas”.

De continuar desarrollándose los acontecimientos tal como los estamos viendo, no habrá la menor duda de que la impunidad es un túnel carente de salida. Eso significaría una derrota de gran envergadura para los movimientos sociales y ciudadanos, dado que la misma “clase política”, al servicio de los mismos intereses económicos, seguiría con el control del gobierno del Estado.

Hay que construir una alternativa

Es al calor de la lucha por enfrentar la impunidad que debemos dar los primeros pasos para construir una alternativa al régimen político agotado que hace aguas por todas partes. Y ello no se conseguirá mientras el sectarismo y el caudillismo sean enfermedades vigentes en el cuerpo social y ciudadano. Propugnar una sociedad verdaderamente democrática sólo pueden hacerlo organismos que a su vez también lo sean.

Un primer paso en el camino correcto será la construcción de un frente por una Asamblea Constituyente Democrática, que agrupe a todos aquéllos que estén de acuerdo con una importante ampliación de la representación ciudadana en dicha Asamblea, abandonando desde ya posiciones utopistas que solo logran confundir y dividir.

Y no basta con ponerse de acuerdo en los anteriores términos, habría que concretizar un programa para defenderlo en dicho proceso y en los debates en la Constituyente, el cual deberá trazar las líneas gruesas del modelo de sociedad a la que aspiramos, sin incurrir en elucubraciones que solo existen en la cabeza de quienes las conciben y no en el imaginario del pueblo panameño. También queda poco tiempo para impulsar los acuerdos que se requieren para dar pasos adelante en el camino correcto.

Mientras tanto, los ciudadanos debemos agruparnos en círculos de discusión de los problemas que aquejan al país, no importa si tales círculos los integran 3 o equis número de personas. Lo importante es agruparse y compartir preocupaciones y posibles soluciones a los problemas del país, a la espera de unificarnos todos.