Buscando Camino Buscando Camino
Panamá, Año XI, No. 241
20 de septiembre de 2012
Si en nuestro editorial anterior advertíamos que se aproximaba una tormenta y describíamos con exactitud los siguientes pasos que daría el aprendiz de tirano – lo que se ha cumplido con lamentable rigor – (editorial 240), ahora podemos ya afirmar que la tormenta se ha desencadenado y sus consecuencias ponen al país al borde del agujero oscuro del perfeccionamiento de la dictadura civil.
Primero fue el bloqueo del diario La Prensa por un grupo de “obreros” vinculados a un “empresario” ligado al poder, posteriormente fue la anulación de las elecciones de El Bebedero, luego que demostró el Tribunal Electoral el gigantesco fraude electoral mediante la compra descarada de votos, lo que provocó, por parte del gobierno, la movilización de turbas pagadas para enfrentarlas a dicho tribunal, así como amenazas legales contra sus Magistrados, y se continuó con la condena de dos periodistas por “delito” de opinión. Este rosario de actos intimidatorios no eran más que preparatorios para el golpe final: la reforma del Código Electoral a la medida de los intereses de la dictadura civil.
La preparación del fraude electoral
Pese a la oposición del Tribunal Electoral y la Comisión Nacional de Reformas Electorales, de todos los gremios y sindicatos obreros y empresariales, así como el de la totalidad de las organizaciones de la sociedad civil del país, sin olvidar a todas las fuerzas políticas de oposición, entre ellas el Frente por la Defensa de la Democracia, y con una Asamblea de Diputados rodeada por antimotines que impidieron que a los debates pudieran asistir los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos constitucionales, mientras que en su exterior turbas pagadas agredían a los manifestantes oposicionistas, la bancada del oficialismo, comandada por Sergio Gálvez, lamentable presidente de ese órgano del Estado, impuso la reforma electoral, no sin antes violentar descaradamente el Reglamento Interno de la Asamblea para así impedir la legítima actuación de los diputados de la oposición.
Las reformas ilegal y violentamente impuestas son violatorias de la Constitución Nacional, tal como ha señalado el Tribunal Electoral, entre otros, en su carta de petición para que el Presidente de la República las vetara por inconstitucionales e inconvenientes. Por supuesto, Ricardo Martinelli hizo caso omiso del clamor popular y sancionó tan nefasta y antidemocrática reforma, echando por la borda las ingenuas ilusiones de que quienes, incluso en su buena fe, no alcanzan a ver la gravedad última de los acontecimientos.
La reforma tiene por objetivo controlar, gracias a la manipulación del proceso electoral, a la próxima Asamblea de Diputados. La eliminación de la proporcionalidad del voto, anteriormente distorsionada en beneficio de los partidos grandes, es ahora un gravísimo retroceso que abre las puertas a la victoria de “candidatos independientes”, sobrados de dineros públicos, que podrán ser postulados, además, por los partidos políticos oficialistas. Se prohíbe a los partidos alcanzar acuerdos para postular candidatos comunes, a menos que dichos partidos tengan una alianza para la candidatura presidencial, lo que significa impedirle a la oposición unir sus fuerzas, violentando así principios democráticos de larga data electoral. Se garantiza que la propaganda considerada sucia pueda mantenerse tres semanas, antes de que el Tribunal Electoral pueda actuar para suspenderla, lo que advierte de las perversas intenciones del oficialismo. Los candidatos independientes a Presidente y Vicepresidente se les limita a recoger las firmas necesarias en un restringido período de tres meses y a la utilización de libros estacionarios. De esa manera sólo los candidatos “independientes” a la Presidencia que dispongan de grandes sumas de dinero, o sean apoyados por el oficialismo, posibilidad que no debe descartarse. Y así podríamos continuar con la farsa manipuladora que ha sido impuesta por la ilegítima mayoría legislativa del oficialismo.
Extrañamente, se aprobó un artículo que establece que los estatutos partidarios no pueden exigir la renuncia de un cargo directivo a lo interno del partido para poder postularse a un cargo de elección, lo que atenta abiertamente contra la autonomía de los partidos políticos. Pero lo extraño es que el único beneficiado por dicho artículo es el nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PRD, cuyos estatutos obligaban a la separación del cargo en el caso de aspirar a una postulación. ¿Qué explicación puede ofrecer Juan Carlos Navarro a tan sorprendente y bochornoso beneficio?
La reelección presidencial
No se había secado la tinta de la firma que sancionaba la ley, cuando diversos diputados proclamaban nuevamente la necesaria reelección inmediata de Ricardo Martinelli, y especulaban públicamente sobre las fórmulas jurídicas que podrían posibilitar tamaña violación de la Constitución Nacional. Al mismo tiempo se tomaban medidas extraordinarias para separar las gradas del hemiciclo de la Asamblea, y se adelantaba que se procedería a reformar el Reglamento Interno para silenciar la voz de los diputados de la oposición. Hay que entender que avanzamos rápidamente hacia el perfeccionamiento de una dictadura civil, y que para ello se descabalgará a los actuales Magistrados del Tribunal Electoral utilizando a la corrupta y sometida Corte Suprema de Justicia, mismo órgano que servirá para legitimar la reelección inmediata. O nos unimos todos en defensa de las recortadas libertades democráticas que hemos padecido desde hace veinte años, para así derrotar políticamente las ambiciones de la dictadura y convocar un proceso constituyente democrático que extienda, amplíe y profundice las libertades democráticas y los derechos sociales del pueblo, o lamentaremos durante años la ceguera infantil en la que habríamos incurrido.
