Buscando Camino Buscando Camino
Panamá, Año IV, No. 85
16 al 22 de mayo de 2005
Mientras que – según la encuesta Dichter & Neira del 16 de mayo- el 92.2% de los panameños considera que la justicia no es igual para todos, y en pasadas encuestas un porcentaje incluso superior no otorga credibilidad alguna a la Corte Suprema de Justicia ni a la Asamblea Nacional de Diputados, el gobierno nacional se apresta a enviar a la Asamblea el proyecto de ley reformatorio de la CSS. Se trata a todas luces, y tal como le consta al país entero, de un proyecto inconsulto y secreto que ha hecho oídos sordos de la responsable propuesta presentada desde hace meses por el movimiento popular, y cuyo eje central se orienta a resolver los problemas de la CSS por la vía de los ingresos, rechazando la vía de los egresos propuesta por el gobierno y los empresarios, puesto que esta última constituye un ataque sin precedentes al nivel de vida y al propio derecho a la vida del pueblo en su conjunto.
Se debe hacer constar que el gobierno no ha presentado al país su proyecto de reformas, pese a que el ahora Presidente Martín Torrijos, entonces candidato, declaró reiteradas veces que tenía una propuesta para resolver los problemas de la CSS, pero que no la daba a conocer porque en aquellas fechas él no era gobierno. Ha pasado más de un año desde aquéllas declaraciones. Por otra parte, el movimiento popular ha solicitado a gritos que su propuesta sea discutida públicamente en lo técnico y lo político, y el gobierno y la patronal han dado por respuesta el más despreciable de los silencios. Ante ello, el movimiento popular ha solicitado que la decisión se tome por la vía un referéndum democrático. Tal propuesta sólo ha merecido la burla y la sorna por parte de las autoridades.
La paz de los justos o la violencia de los injustos
Resuelto a caminar por el estrecho camino de la imposición, el gobierno nacional se prepara «para la guerra», tal como ha declarado sin vergüenza alguna un diputado de la bancada de gobierno. Para ello se han realizado compras de material «antidisturbios», se instalan cámaras de filmación en calles y avenidas y hasta en el propio complejo hospitalario. Se reglamentan las intervenciones en la Comisión de Salud de la Asamblea, para así aprobar la ley a tambor batiente y no tener que dar explicaciones al pueblo, lo que recorta gravemente tanto el derecho de expresión como el de la participación ciudadana. Se pintarrajean las calles con consignas alusivas a las supuestas aspiraciones presidenciales del dirigente obrero Genaro López, en un vano intento de confundir a la población sobre las verdaderas intenciones, en esta lucha, de la dirigencia de los trabajadores. Se fortifica el Complejo Hospitalario, se cancelan los permisos y las vacaciones de los miembros de la Fuerza Pública, se militarizan varias provincias (Bocas del Toro y Chiriquí) y son movilizados hacia la capital las fuerzas estacionadas en la frontera con Colombia.
¿Y todo ello contra qué, contra quiénes? Contra el derecho constitucional que tienen los ciudadanos a protestar y movilizarse en defensa de lo que consideran que es una imposición inadmisible. Los asalariados exigen una discusión pública de su propuesta y de la propuesta de los empresarios y el gobierno. ¿Es un delito discutir, pensar de forma diferente y discrepar de lo que se considera injusto e inconsulto? Los trabajadores piden que se realice un referéndum democrático para que el pueblo decida en las urnas. ¿No vivimos acaso en una democracia? ¿Será que convocar a las urnas constituye una acto de perversa violencia callejera? Ciertamente estamos contra toda forma de violencia, pues consideramos que ella es el argumento de los injustos, pero no por ello podemos condenar el derecho que tiene el pueblo a protestar y defenderse de la violencia de los injustos. La paz es el fruto de la justicia, y sobre los injustos recaerá la responsabilidad única de lo que pueda ocurrir en los próximo días. Los trabajadores han hecho todo lo necesario y posible por transitar el camino de la paz. Les han negado esa alternativa.
La restringida democracia neoliberal
La democracia que sufrimos no es un régimen político fundamentado en la voluntad popular y legitimado por las mayorías. Por el contrario, y tal como podemos comprobar en esta coyuntura, vivimos y sufrimos un régimen político de estrechas y recortadas libertades democráticas, en la que se le niega al pueblo el derecho a decidir mediante un referéndum sobre aquéllas cuestiones que nos afectan a todos. ¿Quién nos consultó sobre las nefastas privatizaciones de las empresas de telefonía y electricidad? ¿Quién nos consultó sobre la condonación de 1.2000 millones a una de las empresas beneficiadas con la privatización de los puertos? Y así podríamos hacer preguntas hasta el infinito. Por otra parte, ¿no consagra la Constitución el derecho de organización, movilización, expresión y protesta? ¿Por qué entonces el gobierno criminaliza un derecho fundamental para el pueblo? ¿Cómo explicar que sean los representantes de los partidos políticos neoliberales los únicos con derecho a discutir el destino de la CSS? Evidentemente, el Código electoral, hecho por ello y para ellos, es el tapón que impide que el movimiento popular se exprese políticamente en las instituciones.
El régimen político neoliberal de democracia restringida, impuesto tras la invasión, ya no logra obtener el consentimiento de los ciudadanos para gobernar, y por ello recurren cada vez más a la violencia que suponen las imposiciones. ¡A falta de consentimiento, palo! Se trata de la bancarrota de un régimen político que ya no representa a las nuevas fuerzas políticas y sociales que han surgido en el seno de la sociedad panameña. Asalariados, campesinos, profesionales, intelectuales, pequeños empresarios, e incluso sectores como los ecologistas y las mujeres organizadas, ya no se sienten representados por el régimen partidocrático neoliberal. De ahí que la mal llamada «oposición» esté hecha jirones y el gobierno perredista necesite que la última encuesta Dichter & Neira nos pregunte sobre la elección del Papa o lo hospitalario que somos, y silencie preguntas claves en la coyuntura como serían las siguientes: ¿Qué opina usted sobre las reformas de la CSS anunciadas por el gobierno y que nadie conoce? ¿Aprueba usted la gestión del Presidente Torrijos? Al buen entendedor pocas preguntas le bastan.
No en balde el 75% de los ciudadanos opina que el país carece de rumbo fijo. Dicho en otras palabras, considera que el país lleva un rumbo que nada tiene que ver con ellos. La resistencia organizada contra la imposición de las reformas antipopulares de la CSS marcará el único camino, pues no entienden ni entenderán otro leguaje.
