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Panamá, Año IV, No. 83
25 de abril al 1° de mayo de 2005
– Un régimen político deslegitimado –
Dos acontecimientos recientes han puesto a prueba, una vez más, al carcomido régimen político partidocrático de democracia restringida que padecemos. Bolívar Pariente, ex Gerente General del Banco Nacional de Panamá, y prófugo de la justicia por los delitos que pudiera haber cometido al conceder un dudoso préstamo multimillonario a los delincuentes que construyeron la trampa de muerte conocida como Barriada Prados del Este – entre los que se encuentra un familiar político de Pariente -, concedió una entrevista «desde la sala de su casa» a un Canal de Televisión nacional. Por otra parte, un «error humano» documento la friolera de 330 millones de dólares como crédito estatal a dos operadoras portuarias, beneficiadas por las privatizaciones empobrecedoras del pueblo panameño.
El desafío de Pariente
Con la entrevista televisiva concedida, Pariente no sólo se burla del pueblo panameño y realiza un desafío inadmisible a la Procuraduría General de la Nación y al Presidente de la República – puesto que este último tiene entre sus principales funciones la de hacer cumplir la Constitución y las leyes -, sino que también muestra de forma descarnada la crisis en que están sumidas las instituciones del régimen político de democracia restringida a través del cual se nos domina.
Tanto la PTJ, como la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Migración y la propia Procuraduría, han mostrado una incompetencia que no podemos presumir de inocente, máxime cuando la reina del club de los cínicos, la ex Presidenta Mireya Moscoso, realizó inmediatas declaraciones acusando al gobierno y a las autoridades judiciales de persecución política de su «amigo». El caso Pariente revela tal grado de corrupción institucional que no puede ser considerado uno más del rosario de corruptelas a que nos tienen acostumbrados. Se trata de algo mucho más grave, puesto que muestra el grado de separación (autonomía) alcanzado por régimen político neoliberal respecto al conjunto de los ciudadanos a los que dice representar. Tamaña fractura vuelve a las instituciones del régimen inoperantes. Separadas de la sociedad, las instituciones del actual régimen político responden únicamente al conjunto de los pactos y acuerdos alcanzados en las «alturas», y por lo tanto a las contradicciones que tales pactos y acuerdos generan, con independencia absoluta de la supuesta representación ciudadana. Ningún órgano del Estado, ninguna autoridad responde ya a los representados o a la «opinión pública», puesto que han dejado de organizar y expresar al conjunto de la ciudadanía, para expresar los intereses y contradicciones de los grupos que conforman la excluyente partidocracia neoliberal.
«Error humano» y/o corrupción institucional
Por su parte, el «error humano» cometido por altos funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (Democracia Cristiana/Partido Popular), mediante el cual se concedían 330 millones de crédito fiscal a dos de las empresas operadoras de los puertos privatizados, ha dejado al descubierto la verdadera naturaleza de la corrupción que corroe la esencia misma del régimen político neoliberal de democracia restringida. No se trata de «errores humanos» o de «manzanas podridas», tal como una y otra vez sentencian los «representantes» políticos de la sociedad. Debe saberse que el Ministro de Comercio, Alejandro Ferrer, pertenece al despacho de abogados que representa a alguna de las empresas beneficiarias del «error humano», y que Director de la Autoridad Marítima de Panamá tiene una demanda privada interpuesta contra la empresa PPC, con la que hoy negocia el gobierno panameño para rescatar ilegales beneficios otorgados por pasado gobierno de mafiosos. Como se ve, se trata de la esterilización de un régimen que representa a sus minoritarios beneficiarios, con independencia absoluta de los intereses de los mayoritarios «representados». La corrupción emana, pues, de un régimen político que por su propia naturaleza genera corrupción. De ahí la crisis de la Corte Suprema de Justicia, la parálisis y esterilización de la Procuraduría, las vergonzosas actuaciones diarias de la Asamblea Nacional de Diputados, y la decidida orientación del gobierno (Ejecutivo), a contrapelo de los intereses nacionales(TLC, la inequitativa reforma fiscal, reformas antipopulares de la CSS, financiamiento con 20 millones a las petroleras para que mantengan sus niveles de beneficios, etc.).
Mientras se captura a los asaltantes de bancos y a los miserables vendedores de drogas en los barrios populares, los grandes mafiosos del multimillonario negocio del tráfico de drogas y lavado de dinero son puestos en libertad «por fallas en proceso» o «falta de pruebas», previo pago, claro está, de multimillonarias coimas. Por el contrario, los afectados por las quiebras fraudulentas del Banco Disa, Adelag, Estrella Mar, etc., agonizan en un calvario sin fin, y sus verdugos se pasean en lujosos automóviles y ríen las anécdotas de sus ingeniosas travesuras. Queda claro, pues, que Bolívar Pariente, los implicados en el «error humano» cometido en la AMP, y el prófugo del presunto asesinato del piso 17 del hotel Paitilla Inn, pueden dormir tranquillos y pasear su impunidad sin sobresaltos: ellos forman parte del club neoliberal que desgobierna el país.
Un régimen político deslegitimado
Una y otra vez hemos dicho que el régimen político se mantiene por inercia. Que los ciudadanos le han retirado su consentimiento, y que por lo tanto se trata de un régimen deslegitimado, sostenido únicamente por un aparato jurídico-político partidocrático neoliberal que hace aguas por todas partes como resultado de una grave crisis de representación. Ciertamente, el envejecimiento prematuro de la «Patria Nueva», que ha perdido en ocho meses un 40% de la aceptación ciudadana, lleva a la crisis de representación política a un punto sin retorno. Sólo falta la chispa que incendio la pradera ecuatoriana. ¿Habrán entendido el mensaje
que les llega de Ecuador ? Nosotros pensamos que no, pues para nada ha servido la mascarada de reformas constitucionales que impusieron, y sus actuaciones antinacionales y antipopulares así nos lo señalan. Pero también pensamos que quien debe entender el mensaje es el pueblo panameño. El actual régimen partidocrático neoliberal está agotado como mecanismo de dominación de los sectores dominantes. Los panameños y panameñas requerimos de un régimen político de amplia democracia por donde discurran las fuerzas del bloque antineoliberal que hoy se gesta en las entrañas del volcán popular, y para cuya inevitable erupción debemos estar preparados.
