SOBRE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL: ELLOS O NOSOTROS

Panamá, Año IV, No. 79

28 de marzo al 3 de abril de 2005

A sólo seis meses, el gobierno de Martín Torrijos se ve envuelto en una agravada e irreversible crisis social y política, resultado de la imposición de las políticas económicas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En tan poco tiempo, el pueblo panameño ha podido constatar como se han hecho añicos las promesas electorales de «más trabajo, más seguridad y cero corrupción». Más que añicos, tales promesas se han transformado en sus contrarios: más desempleo, más inseguridad y ni uno sólo de los cleptócratas mireyistas ha sido llevado a prisión.

Encandilados por el gran «negocio» que les significará en lo personal y empresarial El Dorado de la ampliación del Canal, aceptaron sin rechistar las exigencias fondomonetaristas de impulsar una reforma fiscal cuyos costos han sido traspasados de inmediato a los más pobres, reducir la planilla estatal y recortar sus servicios, reformar antipopularmente la CSS, y firmar próximamente un TLC que borrará de la faz de nuestro agro a importantes sectores productivos. Y todo ello ¿para qué? Con la única finalidad de mejorar la calificación de riesgo país, para de esa manera ser sujetos fiables del crédito de no menos de cinco mil millones de dólares que necesitan para El Dorado de la ampliación del Canal. Dicho en buen cristiano: necesitan recaudar más impuestos, gastar menos al recortar la planilla y los servicios que presta el Estado, resolver la crisis de la CSS haciendo recaer su costo sobre las espaldas del pueblo, sin comprometer recursos del Estado ni de la empresa privada, para de esa manera «ahorrar» lo suficiente para atender puntualmente la deuda externa que se verá incrementada en un 50%, ya sea como deudores directos o deudores solidarios de la ACP.

Hambre y miseria para engordar los bolsillos de una minoría insaciable. Ese es el verdadero programa del gobierno de la «Patria Nueva» del PRD, apoyado por el conjunto de los gremios empresariales y los retazos que quedan de la «oposición» partidocrática neoliberal.

Pero si en lo social llueve, en el plano político no escampa. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está completamente deslegitimada ante el pueblo. Como si no hubiera bastado el escándalo de los Magistrados confirmados a golpe de maletines llenos de dinero – y que en su momento denunció el PRD desde la «oposición»-, ahora son ellos mismos los que se acusan mutuamente de haber recibido prebendas económicas a cambio de favorecer, con sus fallos, a narcotraficantes y lavadores de dinero. La exigencia de que renuncien todos, expresada por una inmensa mayoría ciudadana, nos señala que el «Pacto de Estado por la Justicia», impulsado por el gobierno, no es otra cosa que una artimaña destinada a fracasar en su objetivo de ganar legitimidad para una Corte moribunda. Lo mismo puede decirse de la ahora denominada Asamblea de Diputados, como si el cambio de nombre pudiera variar el descrédito y la deslegitimación que nos muestran una tras otra las encuestas. Y en cuanto al poder Ejecutivo, sólo ha que señalar que en sólo seis meses el gobierno de Martín Torrijos ha caído un 38% en la aceptación ciudadana ( Dichter & Neira de agosto de 2004 y marzo de 2005). Habrá que esperar la imposición de las antipopulares reformas a la CSS y la firma del fatídico TLC, para saber cuán rápido puede desinflarse completamente el globo de las ilusiones vendidas en la pasada campaña electoral.

La Caja de Seguro Social: ellos o nosotros

En medio de la actual marejada social y política, el gobierno, apoyado por los gremios empresariales y los retazos de la «oposición» que quedan, avanza a pasos acelerados hacia la imposición, a sangre y fuego, de unas reformas a la CSS que son terriblemente antipopulares, y cuyas consecuencias no serán otras que un mayor empobrecimiento, si cabe, del conjunto de la población. Se trata, nada más ni nada menos, que del aumento de la edad de jubilación y de los años de cotización para acceder a la misma, sumado a la privatización de distintos servicios de salud y la eliminación de la «gratuidad» de los mismos, como si los trabajadores y asalariados no los pagaran con su cuota. Sépase que si no privatizan los fondos de jubilación es porque las cuentas no le salen: requerirían de cuatro mil millones de dólares para acabar con el sistema solidario y pasar el de cuentas individuales. Y ello les impediría, por el aumento de la deuda interior del Estado, solicitar los cinco mil millones que necesitan de financiamiento para la ampliación del Canal.

Se trata de un crimen social sin nombre, máxime cuando los movimientos sociales han presentado una propuesta alternativa que resuelve, por la vía de los ingresos, la crisis cierta del programa de invalidez, vejez y muerte, que es el único de los programas que muestra déficit. Con buen criterio, los movimientos sociales han presentado la propuesta de llevar a un referéndum democrático la elección de una de las dos propuestas. La cerrada negativa del gobierno a consultar al pueblo, sacando de las manos de la deslegitimada Asamblea de Diputados la decisión, pone de manifiesto, una vez más, los límites estrechos de un régimen político de democracia restringida que hace aguas por todas partes.

Ante la situación descrita, ¿qué le impide al movimiento popular y ciudadano hacer avanzar con fuerza irresistible su alternativa propuesta para la CSS y el método de un referéndum democrático para que sea el pueblo el que tome la decisión? ¿Dónde radica la fuerza de un gobierno que cae en picada, a razón de un 5% de rechazo ciudadano cada mes que transcurre? A no dudarlo, en la división de las direcciones del movimiento popular, que se muestran incapaces, por razones sectarias, de levantar la consigna unitaria de la creación inmediata de una Coordinadora de todas las fuerzas que hoy luchan por la defensa de la CSS. Claro está que para ello sería necesario partir del reconocimiento de la autonomía y diversidad de los movimientos sociales, entendiendo además que la unidad sólo puede ser construida en un marco democrático de funcionamiento. De la compresión urgente de tan elementales verdades dependerá que la solución adoptada sea la de «ellos» o la de «nosotros».