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Panamá, Año III, No. 73
1 al 7 de noviembre de 2004
Los bochornosos escándalos de corrupción surgidos del manejo fraudulento de más de cien millones de dólares «donados» por el gobierno de Taiwan al Estado panameño, utilizando para ello la burda triquiñuela de entregarlos a «fundaciones privadas», ha estremecido los cimientos de un Estado carcomido hasta el tuétano por el comején de los políticos neoliberales que hasta el día de hoy dominan el escenario político nacional. Pese a la naturaleza pública y notoria de los delitos, ni uno sólo de los implicados ha sido llamado a juicio o se encuentra detenido. Por su parte, el Contralor General de la República, funcionario que debió impedir con su actuación diligente tamaño desafuero, continúa en su puesto como si nada de ello hubiese tenido que ver con sus altas y delicadas funciones. Por otra parte, sorprende que el nuevo gobierno no haya roto de inmediato sus relaciones con el corrupto y corruptor gobierno de Taiwan, que dedica la friolera de más de mil doscientos millones anuales en la compra de su reconocimiento diplomático por parte de los infames gobierno peleles de 26 naciones en todo el orbe.
Pero lo anterior no es más que la punta del iceberg. La Junta Directiva y los gerentes de la Caja de Ahorro autorizaron operaciones ilegales de fideicomisos por más de 190 millones de dólares, beneficiando escandalosamente a sus propios integrantes y a sociedades de paja que los representan. No contentos con ello, pagaron cerca de veinte millones de dólares de comisiones por «intermediación financiera y comercial» a una empresa pantalla que responde al mande y ordene de uno de los miembros de la Junta Directiva. Tampoco en este caso nadie ha sido llamado a juicio o se encuentra detenido.
Pero aún hay más. En una criminal acción cuyas consecuencias catastróficas han privado de sus hogares a más de quinientas familias en la urbanización Prados del Este, la Junta Directiva y el gerente del Banco Nacional financiaron ilegalmente con decenas de millones de dólares a una empresa promotora, integrada por amigos, socios y familiares de la alta dirección del banco, que construyó e hipotecó viviendas en una zona pantanosa cuya peligrosidad era plenamente conocida de antemano por los facinerosos. El resultado, como consecuencia de las pasadas lluvias torrenciales, ha sido una inundación previsible que ha ocasionado muerte y destrucción masiva. Tampoco en este caso hay detenidos o llamados a juicio.
Para terminar y no alargarnos con el sin fin de fechorías del pasado gobierno, ahora se hacen públicas las «partidas discrecionales» de las que abusó por más de veinticinco millones la señora Moscoso. Más de ochenta mil dólares gastados en joyas, despilfarro irracional e injustificable de millones de dólares en viajes de placer para ella y sus allegados, la remodelación faraónica de una propiedad del Estado que luego compró ella misma muy por debajo de su valor real, etc. etc. Y todo ello ante la mirada distraída del señor Contralor, que no encuentra ahora las facturas que den respaldo a tales gastos, pese a lo cual firmó sin sonrojarse los finiquitos respectivos.
Las aguas desbordadas del tanque séptico de la corrupción generalizada conducen todas a un mismo sitio: el sillón presidencial de la desplazada mandataria Mireya Moscoso, sus amigos y amigas, familiares, ministros y colaboradores más cercanos. No hay detenciones ni llamamientos a juicio, no hay tampoco medidas cautelares de prohibición de abandonar el país, económicas o de detención preventiva. Sólo el bullicio periodístico que levantan tales fechorías o las declaraciones de altos funcionarios del actual gobierno que amenazan con «llevar hasta sus últimas consecuencias» los atracos perpetrados por la banda de delincuentes que nos gobernó durante cinco años.
Mientras observamos estupefactos la inacción de la «justicia», en Costa Rica ya van dos, y pronto serán tres, los ex presidentes encarcelados, e innumerables son los altos funcionarios desfilan ante los jueces o son conducidos a prisión por delitos de corrupción gravísimos, pero incomparables con el atraco nacional que ha perpetrado el pasado gobierno de Mireya Moscoso.
Por otra parte, y al mismo tiempo, la Asamblea Nacional se ha negado a levantar la inmunidad de 19 legisladores acusados de delitos electorales cometidos en los pasados comicios, y la Corte Suprema de Justicia se ha convertido en un «quinto patio» de insultos y acusaciones de unos jueces contra otros, mientras esperamos impávidamente a que se decida sobre la permanencia o destitución del Magistrado Cesar Pereira Burgos, dado el limbo jurídico-político en que ha caído dicha situación. Agréguese a lo anterior la pasada insurrección de Almirante, en Bocas del Toro, producida como consecuencia del hartazgo de sus habitantes al ver desatendidas sus más elementales necesidades de agua potable y luz eléctrica barata. Como se sabe, dicha insurrección fue aplastada brutalmente por las fuerzas policiales.
Mientras todo ello nos envuelve, los planes para la firma del TLC, la reforma antipopular de la CSS y la nueva reforma tributaria, continúan adelante sin encontrar obstáculos que de momento los detengan. Pronto dichos propósitos abrirán nuevos escenarios de conflicto, creándose así una situación explosiva que pondrá de manifiesto, una vez más, la crisis de legitimidad del régimen político a través del cual se nos gobierna, y de la cual no podremos salir sin construir pacientemente una alternativa popular a la partidocracia neoliberal que nos agobia. Esa sigue siendo la tarea central que exige la coyuntura a todos que pensamos que otro Panamá es posible y necesario.
