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LOS PELIGROS QUE ASECHAN

Panamá, Año III, No. 72

6 al 12 de septiembre de 2004

Como ya hemos dicho, la prueba de fuego del gobierno de la Patria Nueva no es otra que la actitud que asuma frente a las fechorías innumerables que realizó durante cinco largos años la «banda de maleantes» que encabezó Mireya Moscoso. A sus perversas tropelías hemos de sumar el estado ruinoso en que han dejado las finanzas públicas, pese a los mil quinientos millones de ingresos del Canal, los doscientos millones del Fondo Fiduciario y el incremento de mil quinientos millones de deuda externa durante los cinco años de su desgobierno cleptocrático. Ahora, denunciado en rueda de prensa por el nuevo ministro de Economía y Finanzas, nos enteramos además de lo que ya sospechábamos y veníamos denunciando: el déficit fiscal supera la astronómica cifra de setecientos millones de dólares. En pocas palabras, Mireya Moscoso, Norberto Delgado y el actual Contralor General de la República, Alvin Weden, nos mintieron y engañaron al afirmar que el déficit no superaba los doscientos setenta millones de dólares, incurriendo con ello en un posible grave delito de alteración de documentos públicos.

Para ocultar el saqueo y despilfarro de nuestros dineros, sumaron dos veces los ingresos del Canal previstos para finales año, y sumaron, abultándolas, las futuras ganancias del Banco Nacional. A estos crímenes sin nombre respondió el actual contralor diciendo que se trataba de «métodos contables diferentes», pues «cada maestro tiene su propio librito». Ante el asombro de los presentes y televidentes, no se han girado ordenes de detención contra estos presuntos delincuentes confesos ni se han instruido las indagatorias correspondientes.

La impunidad: un mal presagio

Ciertamente, los quince días transcurridos, de impunidad escandalosa para los autores de los mayores desafueros de nuestra historia republicana, constituyen un mal presagio. Si se quiere luchar frontalmente contra la corrupción, se ha de empezar por presentar las denunciar correspondientes y proceder a las detenciones preventivas de los altos cargos arnulfistas, molirenas y liberales, patrocinadores, ejecutores, cómplices y encubridores del estado ruinoso en que se encuentran las finanzas públicas. Y se ha de continuar con el saneamiento inmediato de los tres órganos del estado, pues en ellos anida la fuente del mal que nos corroe. La corrupción surge como consecuencia inevitable del régimen partidocrático neoliberal a través del cual se nos domina, pues si bien existen causas subjetivas, explicativas de conductas personales y de grupos, la corrupción de nuestra sociedad tiene raíces estructurales, sólo explicables a partir de los regímenes partidocráticos neoliberales a través de los cuales nos han robado el presente y el futuro.

Prueba de lo anterior no sólo es la impunidad de la que ya disfrutan los facinerosos que han engordado sus bolsillos a costa del hambre y el desempleo de las mayorías, sino los «remedios» que sin desfachatez alguna nos propone el nuevo gobierno, para ser aplicados a la mayor velocidad posible.

Mas de lo mismo… y aún peor

Lo que no se le dice al pueblo es que el nuevo gobierno tiene que aplicar un conjunto de políticas que constituyen condición necesaria para sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la reestructuración de la deuda externa. La deuda contraida por la dictadura militar y los tres gobiernos partidocráticos neoliberales que la sucedieron, se acerca a los nueve mil millones de dólares. Una cifra astronómica que supera con creces el presupuesto anual del estado. El pago de las amortizaciones del capital y de sus intereses deja exiguas a las arcas del estado, imposibilitando las inversiones sociales urgentes y necesarias en el campo de la educación, salud, vivienda, y reactivación de la economía con vistas a la generación de empleo.

El problema se ve aún más agravado por el enorme déficit fiscal provocado por que el pasado gobierno contrajo, en el presente año electoral, obligaciones por 700 millones de dólares carentes de respaldo financiero alguno, los cuales deberá encajar el nuevo gobierno con el presupuesto del próximo año. Dicho clara y brevemente: no hay dinero ni para pagar los salarios de los funcionarios públicos durante los cuatro meses que faltan para cerrar el año.

La crisis fiscal del estado, cuya explicación última y más importante se encuentra en el enorme peso que tiene la impagable deuda externa, no puede superarse, bajo la lógica de los que actualmente nos gobiernan, sin adquirir nueva deuda. Y es aquí donde entran las «recetas» propuestas como exigencia al estado panameños por parte del FMI, y cuyo cumplimiento obligatorio e inmediato es condición sin la cual no habría un aplazamiento de los actuales vencimientos. Si no se acatan tales «sugerencias», se le negarían al estado nuevos préstamos para financiar su funcionamiento y sus inversiones.

El FMI aprieta y además ahoga

Para renegociar la deuda externa, el FMI exige el cumplimiento inmediato de varias condiciones previas:

1.  La drástica reducción de la burocracia estatal, buscando de esa manera la disminución de los egresos por funcionamiento del estado, para lo cual exigen la destitución de cincuenta mil de los ciento ochenta mil funcionarios públicos existentes. Dicha medida incrementaría en igual medida el ya insoportable desempleo existente, y contraería el circulante monetario en un mínimo de quince millones de dólares mensuales, profundizando la presente crisis económica y generando aún más desempleo.

2.   Una nueva reforma fiscal regresiva , radicalizando la antipopular reforma mireyista con el objetivo de sacarnos más dinero del bolsillo. Para ello se aumentaría el ITBMS, y se aplicaría a una mayor gama de productos y servicios.

3.  Una profunda reforma de la Caja de Seguro Social, aumentando la edad de jubilación y la cantidad de cuotas mínimas para jubilarse, disminuyendo el porcentaje del salario que se paga como jubilación, eliminando la gratuidad de la atención a los beneficiarios y privatizando los fondos de jubilación.

Sin ser estas todas las medidas exigidas, las enumeradas constituyen el eje de la política económica de la Patria Nueva. Mientras se apadrina la impunidad de las millonarias evasiones fiscales, así como la de los evasores y ladrones de las cuotas de los asegurados, por no hablar ya de los expoliadores del tesoro nacional bajo del gobierno del mireyismo, se prepara una grave ofensiva contra el precario nivel de vida de las mayorías nacionales, con el único objetivo de superar una crisis creada por ellos mismos. Esta claro: se trata de los intereses de ellos o los nuestros. Preparar y organizar las próximas luchas es la tarea inmediata.

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