Buscando Camino Buscando Camino
Panamá, Año III, No. 70
23 al 29 de agosto de 2004
Faltando pocos días para que abandone el poder, desde el cual ha escarnecido y maltratado con saña y desprecio a la nación entera, excluyendo lógicamente al pequeño «grupo de maleantes» que la acompaña, tal cual fuera caracterizado por un articulista conocido, la presidenta Mireya Moscoso se apresta a conceder un indulto a la banda terrorista encabezada por el mafioso Posada Carriles.
Capturados, juzgados y condenados pese a todas las presiones internas y externas ejercidas por las mismas fuerzas que garantizaron la dudosa «elección» del actual presidente de los Estados Unidos, ahora, en su siniestra despedida, la presidenta nos regala una vergüenza nacional inaceptable. Se trata de una burla inaudita al poder judicial que con imparcialidad investigó, juzgó y condenó a quienes utilizaron el territorio nacional para intentar perpetrar un atentado que, de haberse materializado, hubiese cobrado la vida de un Jefe de Estado extranjero y la de decenas de jóvenes estudiantes panameños, puesto que pretendían atentar con explosivos en un acto que se realizaba en el Paraninfo de la Universidad de Panamá.
Se trata, igualmente, de una nueva burla a la Constitución Nacional, que señala expresamente que el indulto sólo puede ser concedido por delitos políticos y luego de sentencia en firme. De conceder dicho indulto, la mandataria habría violado expresamente el mandato constitucional y debería ser inmediatamente llamada a juicio por la Asamblea Legislativa.
De materializarse el indulto, la ofensa a la dignidad nacional será imperdonable, ya que se habrá doblado la cerviz ante las presiones ejercidas por facinerosos que han hecho de su «exilio» un lucrativo modus vivendi. En ese caso, la soberanía nacional y la dignidad de la República habrán sido arrastradas por el lodo de la vergüenza internacional. Ese sólo acto condensaría la ignominia de un gobierno que no ha hecho otra cosa en cinco años que entregar el país a la vorágine de los insaciables apetitos de las multinacionales, saquear con desparpajo las arcas del erario público y festejar con cinismo el resultado exitoso de sus atracos, amén de la sistemática entrega de la soberanía nacional, mediante los ilegales «pactos», «acuerdos» y «convenios» con los que la mandataria les ha devuelto a los norteamericanos la soberanía canalera recientemente conquistada.
¿Qué se esconde detrás de tan tenebrosa medida e inaceptable afrenta al conjunto de la Nación? Como se sabe, el presidente de los Estados Unidos ha visto disminuir aceleradamente su respaldo electoral, al extremo de que su posible reelección está peligrosamente cuestionada. Ello es el resultado del fracaso de las políticas de «guerra global y preventiva» establecidas por su administración, que tienen como único propósito la reestructuración y consolidación de la dominación mundial de la superpotencia norteamericana. Súmese a ello los innumerables escándalos financieros y de violación de los derechos humanos que han salpicado al grupo neoconservador que hoy hegemoniza la dirección política del imperio norteamericano. En tales circunstancias, el resultado de las elecciones en el Estado de Florida se ha transformado en una pieza clave de la dificultosa reelección del presidente Bush, más aún cuando las últimas medidas de aislamiento de Cuba han sido como lanzar un balde de agua fría sobre el exilio cubano, que se ha visto abruptamente separado por años de sus familiares en la isla e impedidos de enviar sus ya tradicionales remesas económicas de ayuda familiar.
Es bajo las anteriores premisas que se entiende perfectamente la necesidad imperiosa de las autoridades de Washington de lograr un golpe de efecto que revierta, en determinados círculos del exilio cubano de Florida, el rechazo de la política de «mano dura» contra Cuba, garantizando de esa manera un voto favorable a la reelección. En tales circunstancias, el indulto de los terroristas ayudaría en buena medida la consecución de los objetivos electorales del señor Bush, transformando así a la Presidenta Moscoso en una amiga leal que habrá enajenado la soberanía y dignidad de la República en favor de las necesidades electorales del gobierno de una potencia extranjera. No cabe duda que tal acción bien merece un trato de impunidad y protección por parte del gobierno de la nación norteña. Esta son, ni más ni menos, las claves que explican los móviles de tan bochornoso acto.
Con esta acción no sólo se pisotea la dignidad de todos los panameños y de aquéllos que aún la poseen en el Poder Judicial, sino que, además, se realiza una burla y un desafío público al presidente electo, quien se verá, en el inmediato futuro, en la vergonzosa tarea de restañar posteriormente unas relaciones diplomáticas, económicas y culturales que, a no dudarlo, quedarán destrozadas si se comete este crimen imperdonable. A él le compete, sin posibilidad de evadir de forma alguna su enorme responsabilidad, exigir de inmediato, ante la nación entera, que se ponga un alto a lo que todavía es una conspiración y no un hecho materializado. Advirtiendo, además, que de cometerse tan infame tropelía contra la dignidad de los panameños, la Presidenta de la República será llevada a juicio ante el poder legislativo.
Al margen de lo adecuado o inadecuado del comunicado del Gobierno de Cuba, y haciendo omisión de los acuerdos o desacuerdos que tengan los panameños con el régimen social y político existente en ese país hermano, el indulto que se redacta en el Palacio de las Garzas nos convertiría, en caso de perfeccionarse, en un país de opereta que pone un precio de mafiosos a su dignidad. Pero títeres e indignos serán quienes redacten, firmen y sancionen dicho indulto. Los panameños y panameñas hemos sabido crecernos en momentos como estos, demostrándoles a los todopoderosos que pueden doblegarnos pero no vencernos, que pueden insultarnos pero no humillarnos, que pueden traicionarnos pero no engañarnos. El gobierno electo tiene la palabra y el pueblo panameño el derecho a la acción y a la exigencia.
