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PARTIDOCRACIA BIPARTIDISTA Y ESTADO NEOFASCISTA

Panamá, Año III, No. 66

26 de julio al 1 de agosto de 2004

Tal cual lo anunciábamos en el Editorial anterior, los acontecimientos ocurridos en el país durante la semana del 19 al 23 de julio, pusieron de manifiesto las maniobras partidocráticas del régimen mireyista saliente y del perredista entrante, dirigidas a sacar el mejor partido de parte y parte. Se evidenció el sucio chantaje del gobierno que al congelar el proyecto de Reformas Constitucionales apenas con la aprobación del Primer debate y la renuencia a ampliar el término de las Sesiones Extraordinarias más allá del martes 21, estaba en condiciones de imponerle al presidente Electo la consideración de las leyes de la “mano dura” a cambio de ampliar el plazo para la aprobación en II o . y III er . debate de las Reformas propuestas por el gobierno entrante.

Prueba evidente de las maniobras chantajistas del arnulfismo, que entre otras cosas han venido a enrarecer el panorama político nacional, son el segundo paquete de reformas presentado sorpresivamente por el legislador Blandón, la operación represiva iniciada por el gobierno de Mireya, el conjunto de cuatro proyectos de Ley de la “mano dura”, encaminados a la represión selectiva de los sectores populares y, como si fuera poco, la reforma de los artículos 95, 99 y 100 de la Constitución directamente dirigidos a infligirle una herida mortal a la Casa de Méndez Pereira.

Debemos denunciar enérgicamente la concepción fascista que informa las posturas autoritarias del Ministro Escalona Ávila y el Viceministro Alejandro Pérez, concepción que queda ampliamente ilustrada por las declaraciones, que si a cinco años de aplicación de la cadena perpetua a los delincuentes la ola criminal no desaparece, entonces alegremente instaurarían la pena de muerte. De igual manera, las declaraciones de que nada no les preocupa meter tras las rejas de las cárceles a miles de panameños, aunque éstas ya estén abarrotadas y los miles de detenidos vivan en condiciones infrahumanas con hambre, desaseo y promiscuidad. ¡Qué no decir de la mora judicial que excede el 50%!

Así como cabe denunciar las posturas del neofascismo que nos gobierna, igualmente deben ser puestas al descubierto las campañas cómplices de múltiples medios de comunicación que asiduamente se hacen eco de tales posturas represivas y clasistas, pues es evidente que la mano dura no alcanza a la corrupción gubernamental y a los delincuentes de cuello blanco, sean estos altos funcionarios públicos o notables representantes de la empresa privada.

No obstante, no todo está perdido en el país, pese a la desinformación de la opinión pública. Debemos reconocer la reacción virtualmente unánime de múltiples organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han salido a denunciar vigorosamente las posturas trogloditas del régimen y sus adláteres. Así los representantes de UNICEF, la Iglesia, Casa Esperanza, Instituto de Criminología, Jueces y fiscales de menores, Universidades, Catedráticos de Sociología, Psicología, Filosofía, Organizaciones religiosas y cívicas, y tantas otras gentes ilustradas del país que han salido a denunciar vigorosamente la campaña represiva y fascista, al mismo tiempo que llaman a empeñar los mayores esfuerzos en la erradicación de la pobreza que agobia a un tercio de los panameños.

De igual manera la respuesta inmediata y la movilización de los universitarios parecen haber sepultado, por ahora, los aberrantes propósitos de los enemigos de la educación pública, encaminados a liberar a las empresas privadas de los controles de calidad que ha venido imponiendo la Universidad de Panamá a los mercaderes de la educación superior.

Buscando Camino exhorta a sus lectores a organizarnos para derrotar las políticas neofascistas del neoliberalismo y la partidocracia bipartidista, a luchar por instaurar en el país la verdadera democracia social, a través de la convocatoria de la constituyente que redefina el carácter del pacto social en atención a las demandas y necesidades de las mayorías nacionales, lo que implica poner un alto a la corrupción existente y establecer nuevas formas éticas y justas de distribución de la riqueza social de los panameños.

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