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UNA SEMANA BORRASCOSA

Panamá, Año III, No. 65

19 al 25 de julio de 2004

La semana que acaba de concluir fue expresión de un ambiente nacional enrarecido por un conjunto de temas y problemas que han mantenido en vilo la vida de los panameños.

El lunes 12 se inició la tercera ronda de negociación del TLC con Estados Unidos, lo que profundizó las inquietudes y manifestaciones de protesta de los diversos sectores económicos, políticos y sociales que intuyen que su sobrevivencia y bienestar dependerá de los términos y compromisos que le sean impuestos al país por parte de los macrointereses norteamericanos.

En primera instancia resulta evidente que los primeros afectados son los productores agropecuarios que a menos que logren la exclusión expresa entre los rubros negociados, no podrán resistir la ruinosa competencia de los productos agrícolas y pecuarios estadounidenses fuertemente subvencionados. Conscientes de ello, estos productores salieron a las calles a manifestarse a lo largo de toda la semana, creando un ambiente de inquietud y sozobra entre los panameños.

Por otra parte, diversas organizaciones y gremios profesionales expresaron igualmente sus inquietudes y creciente malestar ante la posible “liberalización” del mercado de las profesiones, lo que implicaría la creciente presencia de una legión de abogados, médicos, ingenieros, contadores y educadores, entre otros profesionales, que virtualmente se tomarían el mercado profesional desplazando a los panameños.

Al mismo tiempo, un conjunto de organizaciones populares desarrollaron a lo largo de toda la semana, del 12 al 16 de julio, un conjunto de acciones de protesta contra las negociaciones del TLC . Entre dichas manifestaciones y movilizaciones cabe destacar la del pasado jueves 15, cuando miles de panameños marcharon desde la Plaza Porras hasta el Parque Catedral para expresar las protestas y rechazo del TLC por parte de los obreros, profesionales, campesinos, estudiantes, mujeres, jubilados, organizaciones religiosas, empleados públicos, etc. Como era de esperarse, el gobierno de Mireya Moscoso no tuvo ni siquiera un gesto de cortesía con los manifestantes, por lo que no hubo nadie designado por la Presidenta para recibir el pronunciamiento del movimiento popular contra el TLC.

Conviene, pues, que todos los panameños comprendamos de una vez por todas que el objetivo estratégico de los Estados Unidos al imponernos el TLC , consiste en adueñarse de las compras del Estado panameño, en especial de las compras e inversiones de la Autoridad del Canal encaminadas a la macroinversión de más de 10,000,000 millones en la expansión del Canal, con lo cual la soberanía del Estado panameño sobre el Canal de Panamá quedará empeñada a los intereses norteamericanos a lo largo de todo el siglo XXI.

La demostración evidente de lo que estamos planteando es el propósito de incluir entre las reformas constitucionales el artículo 319 de la Constitución Nacional, con el propósito de eludir la obligatoriedad del referéndum al momento de contratar la construcción del tercer juego de esclusas.

Y hablando de las reformas constitucionales, también en la pasada semana se expresan los esfuerzos concertados de la partidocracia del P.R.D. y los arnulfistas, a fin de escamotearle al pueblo el derecho de convocar a una verdadera constituyente, plena de poderes y originaria. Sin embargo, cuando ya parecía concluido el primer debate, el pasado viernes 16 los arnulfistas se sacaron del sombrero de mago, mas de 20 nuevos artículos, con lo cual no sólo sorprendieron a sus aliados del P.R.D. sino que pareciera haber hecho sozobrar las esperanzas de darle los tres debates necesarios a las reformas, antes que concluya el período de las sesiones extraordinarias. Cabe, pues, preguntarse en qué consistirá el chantaje al que los arnulfistas piensan someter al P.R.D. a cambio de aprobarles las espúreas y cosméticas reformas.

En efecto, entre otras cosas, el segundo paquete impulsado por el legislador Blandón constituye un golpe artero contra la autonomía y primacía jerárquica de la Universidad de Panamá como rectora de la Educación Superior del país. Por una parte la reforma de los Artículos 95, 99 y 100 de la Constitución significan equiparar a la Universidad de Panamá con las otras universidades oficiales del país, desconociendo su trayectoria histórica y sus 69 años de existencia y, lo más grave, arrebatarle a esta la facultad constitucional de fiscalizar las universidades particulares, para entregar esta farsa académica en manos del Ministerio de Educación y sus vaivenes políticos.

Finalmente, a lo largo de la semana el escenario nacional estuvo dominado por el debate público en torno a la mano dura y los proyectos de ley represivos y neofascistas anunciadas por la Presidenta. Se trata de la creencia ilusoria de que en un país con un tercio de su población sumida en la pobreza, los problemas de la violencia emanados del hombre y la miseria, se pueden resolver metiendo tras las rejas a miles de niños y adolescentes delincuentes, en tanto que un pequeño grupo de plutócratas exhiben una riqueza ostentosa e insultantes.

Este es el país que dentro de dos meses gobernará Martín Torrijos y cuyas demandas de justicia social no se resolverán con políticas económicas neoliberales, con reformas constitucionales cosméticas y la creciente entrega de la riqueza y la soberanía nacional a través de un TLC. Solo un nuevo modelo de Estado Social de Derecho podrá abrir nuevas perspectivas de desarrollo y bienestar social para los panameños.

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