SITUACIÓN NACIONAL Y SALIDA FASCISTA

Panamá, Año III, No. 64

12 al 18 de julio de 2004

Pasadas las elecciones del 2 de mayo, el país transita por un dilatado interregno político comúnmente denominado proceso de transición, el cual se caracteriza por la pérdida de legitimidad y consenso social del gobierno de Mireya Moscoso, estruendosamente deslegitimado en las urnas, y por el poder de facto, aun no de jure, que en la práctica viene ejerciendo quien a partir del próximo I° de septiembre encabezará el gobierno nacional en su condición de triunfador indiscutible de los comicios recientes.

Desde hace varios lustros, el país ha venido clamando por una nueva constitución política que establezca los fundamentos y coordenadas jurídicas sobre los que deberá levantarse y enmarcarse el nuevo pacto social y político que demanda la nación panameña; sin embargo, sordos a ese clamor de transformaciones estructurales, tanto la presidenta Moscoso como el presidente electo Torrijos parecieran haber pactado un acuerdo de villanos para sustraerle al pueblo su anhelo de una nueva carta constitucional, sustituyendo la convocatoria de la constituyente originaria, por una simple propuesta de reformas constitucionales cosméticas e insuficientes, que vienen siendo debatidas por una asamblea legislativa desprestigiada y carente de toda credibilidad.

Sí como la artimaña de las reformas constitucionales no fuera suficiente burla al querer mayoritario de la nación, al mismo tiempo el gobierno Moscoso, avalado por el silencio cómplice del próximo gobierno, viene negociando de manera apresurada, inconsulta y en total secretismo, un Tratado de Libre Comercio con el gobierno de Estados Unidos. Tratado que asume como documento base el nefasto Tratado de Libre Comercio impuesto por el gobierno Bush a los países de Centroamérica. Con tal de satisfacer las exigencias de las transnacionales estadounidenses y desbordar las insaciables arcas de unos cuatro mercaderes del patio, nada le importa al descalificado gobierno Moscoso arruinar al agro panameño, liquidar la cuasi inexistente industria nacional, entregar el mercado de trabajo profesional a las exigencias del “libre” mercado de las profesiones, comprometer las compras del Estado Panameño, incluidas las de la Autoridad del Canal y, en fin, comprometerse a la progresiva privatización de los servicios públicos de educación, salud, agua potable, etc.

No obstante, el cofre de las sorpresas que el feneciente régimen Moscoso le ha deparado al pueblo panameño deviene inagotable. Así, el pasado fin de semana la Señora Presidenta se dirigió al país con el propósito de anunciar un conjunto de iniciativas legislativas y medidas policivas destinadas, supuestamente, a enfrentar la ola de violencia criminal que asola al país. Se trata ni más ni menos de una propuesta encaminada a instaurar un régimen de represión fascista que incluye el endurecimiento de las penas para los menores infractores, la elevación de la pena máxima de veinte años al establecimiento de la cadena perpetua y, aunque sin expresarlo claramente, incluso el establecimiento de la pena de muerte. Por supuesto, el establecimiento del régimen de mano dura, de los allanamientos masivos, de los macro operativos policiales, sólo alcanzan a los barrios marginales de Panamá, Colón y demás cabeceras de provincia. Para nada toca a los criminales de cuello blanco de las barriadas exclusivas de Punta Paitilla, Altos del Golf o Punta Pacífica. Nada sabe el gobierno Moscoso de las políticas integrales de prevención del crimen y la violencia, nada intuye que existen relaciones complejas entre la pésima distribución de la riqueza social y la violencia criminal que se apodera de las calles.

A todo esto, la Iglesia, a través de sus más elevados jeracas reunidos en la Conferencia Episcopal, apenas alcanza a emitir tibias declaraciones de condena, amparadas en un cierto equilibrismo maniqueo, so pretexto de que así como hay vastos sectores de católicos que condenan las maniobras desesperadas del régimen que fenece y el silencio cómplice del que próximamente asumirá el poder, también existen sectores que se autodenominan creyentes y que los apoyan. Convendría preguntarle a los señores Obispos si Cristo, en su momento, asumió estas posturas tibias y cómplices o, si por el contrario, con toda nitidez asumió su opción por los pobres, por los condenados de la tierra.

Llamamos, pues, a nuestros lectores, a ponernos en pie de lucha frente a quienes desde el poder dan pasos firmes en dirección al establecimiento de un régimen de represión neofascista, en abierto desconocimiento de los derechos humanos de los panameños: Hoy comienzan por la mano dura y la cadena perpetua, mañana llegarán a la conclusión de que la única forma de acabar con la delincuencia es matando a los delincuentes; por supuesto, a los delincuentes míseros de las barriadas marginales.