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Panamá, Año III, No. 62
28 de junio al 4 de julio de 2004
REFORMAS CONSTITUCIONALES
En recientes declaraciones el presidente electo ha sido fulminante: no existe ninguna agenda oculta en el proyecto de ley de reformas constitucionales presentado por su partido a la Asamblea Legislativa. Y en ello estamos completamente de acuerdo. Son tan descarados sus objetivos que, en este caso, nadie puede acusarlo de mentir. Una atenta lectura del proyecto de ley deja al descubierto, sin velo alguno, las razones y objetivos de las reformas propuestas.
Las razones de las reformas
En su exposición de motivos, los proponentes afirman que » este Anteproyecto surge como una respuesta…al clamor popular que exige la adecuación de algunas normas constitucionales…». Aseguran » haber examinado con profundidad los reclamos que parecen generalizarse dentro (sic) de los ciudadanos», los cuales » insatisfechos con una situación…de desasosiego e incertidumbre, identifican en nuestra Constitución Política vigente algunos preceptos cuestionables, que de no contar con correctivos inmediatos, ponen en peligro la estabilidad democrática de la Nación Panameña.»
Por otra parte, declaran los proponentes que no son ajenos a estas «inquietudes», aun cuando sostienen que «se sobredimensionan y generalizan» cuando se descalifica o desconoce al Organo Legislativo, advirtiendo que ello podría conducir «a un estado anárquico o autocrático».
Los proponentes aceptan sin tapujos que el motivo que los llevan a proponer las reformas es el clamor popular generalizado de producir cambios en la Constitución Nacional, dado que, por razones de desasosiego e incertidumbre, de no hacerlos de forma inmediata se pondría en peligro la «estabilidad democrática».
Como se ve, no ocultan los proponentes que vivimos una grave crisis de la que no se puede salir sin cambios en la Carta Magna, y que ello está directamente relacionado con la «estabilidad democrática». Pero, ¿cuál es la democracia cuya estabilidad está amenazada? En Panamá la única democracia existente es la restringida y excluyente en la que se asienta el régimen partidocrático neoliberal, que admiten los proponentes está sumido en una grave crisis que pone en peligro su «estabilidad», es decir, el control absoluto que ejerce la partidocracia neoliberal sobre el Estado. Podríamos afirmar, por tanto, que la crisis encuentra su explicación en el hecho de que la partidocracia neoliberal ha perdido legitimidad y ya no representa a la mayoría política de la Nación. Se trata, entonces, de una crisis de representación política, por cuánto los ciudadanos no se sienten representados por los partidos políticos que dominan en exclusiva el escenario político nacional.
Los objetivos de las reformas
Aclarada la naturaleza de la crisis, ¿ qué propone el presidente electo para salir de ella? Cabría esperar que un cambio del régimen político, derogando y democratizando el código electoral para dar cabida política a los amplios sectores sociales que no se sienten representados, y que aspiran a ofrecerle a la sociedad una alternativa política al neoliberalismo imperante. Cabría esperar la eliminación de la inmunidad e impunidad legislativa, así como sus privilegios exasperantes, y la devolución a la sociedad del secuestrado derecho de la iniciativa popular al referéndum revocatorio de mandato a todos los niveles, extensivo a la aprobación de leyes que afecten el interés nacional, tales como fueron las que privatizaron la electricidad y la telefonía, y pretenden ahora la privatización de la Caja de Seguro Social. Cabría esperar medidas como estas, por sólo citar algunos ejemplos, sólo atendibles mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente verdaderamente democrática.
Pero, no. La alianza Patria Nueva opta por la defensa intransigente, a sangre y fuego, del régimen partidocrático neoliberal en crisis, para lo cual introduce en la Constitución una cláusula que hace imposible la convocatoria de una constituyente al exigir medio millón de firmas para ello. Legaliza por otra parte el derecho a nombrar a cuantos magistrados de la Corte Suprema les convenga, para así mantener y consolidar su dominio sobre el órgano encargado de blindar jurídicamente las bribonadas de la partidocracia neoliberal. Se garantiza el derecho de decidir los legisladores posibles por circuito, para de esa manera garantizar y fortalecer su dominio sobre ese órgano corrupto y deslegitimado. Le da plena autonomía al Tribunal Electoral, cuando se sabe que a ellos les toca, durante su período presidencial, nombrar a los tres Magistrados de ese órgano del Estado. Se mantienen todos los privilegios escandalosos de la Asamblea Legislativa, garantizándoles ahora la impunidad a través de la Corte Suprema de Justicia que el Ejecutivo, autocráticamente, nombrará apoyándose en su mayoría aplastante en el órgano legislativo. Se elimina el control previo que ejerce la Contraloría General, para así tener las manos aún más libres y hacer y deshacer a su antojo con el erario público; y se constitucionaliza la posibilidad de privatizar la Lotería Nacional de Beneficencia, que a partir de las reformas podrá ser otorgada en concesión, reafirmando así el carácter neoliberal de las reformas.
Lo reiteramos, estamos totalmente de acuerdo con el presidente electo. No hay agenda oculta, se trata de una agenda impúdica y descarada que se nos quiere imponer tras «concedernos» 72 horas para realizar «sugerencias» ante la comisión legislativa correspondiente, luego de haber logrado los votos necesarios para su aprobación, tras alcanzar acuerdos bastardos con legisladores del oficialismo que no fueron reelectos sino repudiados en las urnas. Las reformas, si no las detenemos ahora, serán aprobadas por el más antidemocrático antipopular de los métodos: aprobadas por esta Asamblea deslegitimada y repudiada popularmente, y ratificadas luego por la aplastante mayoría de la que dispondrá la alianza Patria Nueva en la Asamblea que inicia sus funciones el primero de septiembre. Para nada se consultará al pueblo.
Pretender resolver la crisis del régimen partidocrático neoliberal mediante el absurdo recurso de negarla, escondiéndola bajo la alfombra, y endureciendo las formas de la dominación política, nada resolverá ni siquiera en el corto plazo. Ignorar y marginar a ese «factor de poder» que es el pueblo, la gente de la calle, sólo logrará exacerbar las luchas por sepultar al régimen agónico. Organizarnos para transformar el factor de poder popular en fuerza material que derrote las antidemocráticas y neoliberales reformas, es la tarea a la que estamos convocados con urgencia todos y todas.
