CAMBIAR PARA QUE NADA CAMBIE (I)

Panamá, Año III, No. 61

21 al 27 de junio de 2004

Reformas Constitucionales

Consecuente con su rechazo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, así como a una profunda reforma democrática del Estado Nacional, tal como exige a gritos la sociedad panameña 1 , el presidente electo nos ha sorprendido con una inesperada propuesta de «reformas constitucionales», que deberá ser aprobada por la actual Asamblea Legislativa y la que se inaugurará con el nuevo gobierno.

Si ya advertíamos que el presidente electo se vería obligado a descubrir su juego aún antes de su toma de posesión, las actuales propuestas y su compromiso directo con la aprobación del TLC dejan absolutamente claro que la Patria Nueva nos depara más de lo mismo… pero peor. En efecto, su compromiso público con el TLC es una clara confirmación de que su gobierno impulsará sin titubeos la continuidad de las empobrecedoras políticas neoliberales ejecutadas por los anteriores gobiernos de Endara, Pérez Balladares y Mireya Moscoso. Por otra parte, las cosméticas reformas constitucionales presentadas ocultan el fortalecimiento de la dominación política de la partidocracia neoliberal, ya que refuerzan la democracia restringida y excluyente a través de la cual mantienen secuestrada la voluntad nacional y popular.

Un método antidemocrático, absolutamente excluyente de la voluntad popular

Pretenden sacar adelante las reformas constitucionales propuestas mediante su aprobación por dos Asambleas distintas (la actual y la que toma posición el 1° de septiembre), excluyendo de esa manera la más mínima participación popular. Las reformas serán decididas de manera exclusiva y excluyente por los actuales legisladores y los integrantes de la nueva Asamblea. El pueblo panameño será simplemente un convidado de piedra. Este método antidemocrático, que burla la voluntad popular e impone autoritariamente las decisiones, deja al descubierto la naturaleza autoritaria del régimen de la Patria Nueva prometida y las formas que se utilizarán para imponer las políticas neoliberales. No habrá consultas, ni discusiones, las decisiones serán impuestas.

Pero si el método es antidemocrático, el tiempo otorgado para su aprobación (dos meses apenas) constituye una agravante que imposibilita un debate al que deberían concurrir todos los sectores nacionales. No es casual. Lo que se pretende es impedir ese debate, a fin de imponer las reformas sin que pueda oponerse resistencia organizada alguna.

Tómese en cuenta, además, que la alianza Patria Nueva carece de mayoría en la actual Asamblea, por lo que las reformas sólo podrán ser aprobadas si se alcanza un acuerdo previo con la mandataria Mireya Moscoso y los partidos de su alianza. En otras palabras, las reformas dependerán de lo que decida un gobierno rechazado y repudiado por casi nueve de cada diez panameños y panameñas. Negociados en el secreto del Palacio de las Garzas, ¿cuáles serán los acuerdos necesarios para que Mireya Moscoso otorgue su visto bueno a las reformas? Además de impunidad, ¿qué otras concesiones se le otorgarán? Sea como sea, las reformas serán acordadas e impuestas por la voluntad de dos personas: el presidente electo y la deslegitimada mandataria actual.

Súmese a lo anterior que será la desprestigiada y deslegitimada Asamblea Legislativa en funciones la que dará luz verde a las reformas propuestas. ¿Con qué autoridad y legitimidad? No cabe la menor duda de que se trata de una burla gigantesca al pueblo panameño.

Los objetivos ocultos de la reforma constitucional

Un rápido análisis de las reformas constitucionales presentadas al pleno de la Asamblea Legislativa 2 nos permite señalar que, si bien es su conjunto son reformas cosméticas que nada importante cambian, en el fondo están dirigidas a lograr dos objetivos fundamentales. Primeramente, despejar del horizonte político el compromiso electoral y la exigencia popular de proceder a realizar un cambio constitucional con profundidad. De esa manera, realizadas las «reformas», se desinflan las exigencias futuras de una constituyente, que sólo los «necios» continuarían entonces exigiendo. En segundo lugar, se refuerzan las normas que garantizan el régimen de dominación política exclusiva de la partidocracia neoliberal.

Este último objetivo viene claramente establecido por la reducción del número de legisladores, lo que convierte en una burla el reconocimiento de candidaturas legislativas independientes, ya que las hará más caras y difíciles, por no decir imposibles. Lo que se requiere es un número mayor de legisladores, cuyo salario sea un tercio del que cobran en la actualidad, y una reforma profundamente democratizadora del actual código electoral que rige la democracia restringida que padecemos. Por otra parte, y gracias el engaño de tales candidaturas independientes, mantienen la férrea prohibición de las candidaturas independientes a la presidencia de la república, continuando así en manos de la partidocracia neoliberal el control absoluto del Poder Ejecutivo.

Y en cuanto a la constitucionalización de la Asamblea Constituyente como otro método más para la reforma constitucional, agregado a los dos existentes, lo que en verdad se persigue es transformarla en imposible, asegurándose la partidocracia neoliberal que tal amenaza democrática para su control del Estado quede descartada. Tómese en cuenta que se exigirá, para convocarla, un 25% de las firmas del actual padrón electoral que es de dos millones, lo que se traduce en medio millón de firmas. ¡Misión imposible¡ Reflexiónese sobre el hecho de que ni Guillermo Endara, segundo candidato más votado, alcanzo esa cifra. ¿ Cómo lograr entonces esa cantidad de firmas ? Quede claro, pues, que el objetivo es el de bloquear toda posibilidad de una constituyente.

Por lo demás, se trata de reformas cosméticas engaña bobos. Permanecen la impunidad y los privilegios de los legisladores, que ahora podrán ser «juzgados» por la Corte Suprema de Justicia, o como la llamó un articulista recientemente, Corte de la Suprema Corrupción 3 . Se mantiene el autocrático método de selección y nombramiento de los Magistrados de la CSJ, los escandalosos salarios de la burocracia neoliberal que controla el Estado, y no se incluyen, por supuesto, ninguna de las reivindicaciones populares, tales como la proclamación de la Caja de Seguro Social como una institución de carácter público y solidario, cuyos bienes, activos y servicios no puedan ser privatizados. En definitiva, lo que pretenden es cambiar para que nada cambie.

1 Según una encuesta Dichter&Neira solicitada por el Foro 2020, el 89.4% de los consultados estuvo de acuerdo con incluir en las pasadas elecciones una quinta papeleta para aprobar o rechazar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

2 En el próximo editorial realizaremos un análisis exhaustivo de las propuestas.

3 ¡ Que renuncien!, Roberto Eisenmann, La Prensa, 20/06/2004