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Panamá, Año III, No. 58
31 de mayo al 6 de junio de 2004
La mal llamada huelga del «transporte» dejó al descubierto algunas verdades importantes. En primer lugar, que se trató de una huelga de los empresarios del transporte, quienes disfrazados de trabajadores se agrupan en la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA). En verdad se trata de un pequeño grupo de propietarios de flotas de autobuses dedicados al millonario negocio del transporte colectivo. Su negocio consiste en alquilar los autobuses a los conductores, llamados «palancas», en 120.00 balboas por turno, exigiéndoseles que además entreguen el vehículo con el tanque lleno de gasolina o diesel.
Hemos de concluir, como segunda verdad, que los únicos perjudicados con el alza del combustible son los «palancas», quienes carecen de organización sindical y seguridad social. En tales circunstancias, ellos son víctimas de un sistema que ha transformado el servicio público del transporte colectivo en el pingüe negocio de unos cuantos gamonales. La huelga, por tanto, no la hicieron ellos, sino sus «jefes» y patronos.
La tercera verdad es que el objetivo buscado con la huelga de los empresarios transportistas no era en absoluto beneficiar a los trabajadores del transporte mediante una rebaja del astronómico precio del combustible. El único objetivo fue el de presionar a un gobierno moribundo para que se les permitiera incursionar, en su condición de empresarios, en el multimillonario negocio de la distribución y venta de combustible a su mercado cautivo, el de los explotados «palancas». Para ello crearon una sociedad anónima denominada CANATRA, S.A. , y le exigieron al gobierno la flexibilización de diversas normas referidas a la seguridad y el financiamiento de dicho negocio. Por suerte, ni la ciudadanía ni los sindicatos cayeron en tan burda maniobra, negándoles por ello todo respaldo a la mafia que maneja los hilos del transporte colectivo. De ahí el fracaso estrepitoso de la huelga.
Si bien la mafiosa maniobra ha fracasado, los elevados precios del combustible siguen castigando sin piedad el bolsillo de centenares de miles de propietarios de automóviles, así como la rentabilidad de los productores agropecuarios, que ven como cada día sus escuálidos beneficios van a engrosar las enormes ganancias que obtienen las petroleras que controlan monopólicamente el multimillonario negocio de la distribución y venta de hidrocarburos. De igual manera, ya se anuncia una nueva y tramposa subida de las tarifas eléctricas, alegando una vez más el alza en el precio de los carburantes. Debe saberse que las ganancias de las empresas eléctricas privatizadas ascendieron, en el 2003, a la astronómica cifra de cien millones de dólares , y que los beneficios obtenidos por las petroleras distribuidoras de carburantes rondan el mismo monto.
Se trata, en definitiva, de doscientos millones de balboas que abandonan el país a costa de exprimir los bolsillos de la inmensa mayoría del pueblo trabajador y de los productores agropecuarios. En ese sentido, el subsidio que por treinta millones de balboas le otorga el gobierno a las empresas eléctricas privatizadas para impedir el alza de sus tarifas, tiene la finalidad de mantener invariables los beneficios que esas empresas obtienen. Si bien con ello no se suben las tarifas, por otra parte se subsidia a esas empresas con el dinero público que aportan los contribuyentes, con las consecuencias lógicas de menos escuelas, hospitales y servicios públicos para la ciudadanía. De igual manera, la subida del precio de los hidrocarburos obedece a la misma lógica: el de mantener intactas las ganancias de las empresas distribuidoras de combustible.
Como puede fácilmente comprenderse, la inminente subida de las tarifas eléctricas responde a la crisis fiscal del estado, que ya no puede continuar subsidiando a dichas empresas con dinero público. Como resultado de ello, el gobierno las autorizará para que mantengan sus beneficios mediante el mecanismo de subirnos a todos la factura por el negocio eléctrico que realizan.
El problema, por tanto, no responde a la subida en el mercado mundial del precio del petróleo, sino a los enormes beneficios que se llevan del país, tanto las petroleras distribuidoras de carburantes como las empresas eléctricas privatizadas. No se trata, por tanto, de que seamos víctimas de «la mano invisible del mercado mundial», sino que lo somos de la insaciable sed de ganancias de tales multinacionales.
La solución final de estas escandalosas situaciones, que cada día empobrecen más al pueblo panameño en su conjunto, radica en transformar en públicas a unas empresas que, por el servicio que prestan, no deberían estar en manos privadas. La creación de la Empresa Nacional de Hidrocarburos, y la renacionalización de las empresas eléctricas privatizas, dejaría en manos del estado no menos de doscientos millones de balboas que podrían servir de colchón para impedir las desastrosas consecuencias de la subida en el mercado mundial del precio del petróleo. Se trata de decidir entre ellos y nosotros. Evidentemente, el gobierno de la partidocracia neoliberal ya decidió a favor de ellos, y nada nos indica que el nuevo gobierno tenga la menor voluntad de cambiar esa decisión.
Si le agregamos a todo lo anterior las consecuencias desastrosas que para los mayoritarios sectores de la sociedad tendrá el nefasto Tratado de Libre Comercio y la pretendida privatización de la Caja de Seguro Social, con el aumento de la edad de jubilación y de la cuota obrera que ello traerá consigo, las perspectivas de lo que nos espera con el nuevo gobierno no pueden ser más amenazantes. Frente a ello, no queda otro camino que prepararse para resistir y exigir la satisfacción de un programa que atienda las necesidades de las mayorías nacionales, y no el bolsillo de unos cuantos pulpos multinacionales y el de sus representantes, los políticos de la partidocracia neoliberal. Construir la organización política capaz de atender tales demandas, exige del esfuerzo y participación de todos y todas. Fortalecer la resistencia a tales ataques por venir, demanda de todos y todas su integración y participación en la Alianza Nacional por la Vida (ANAVI).
