Buscando Camino Buscando Camino
Panamá, Año III, No. 57
24 al 30 de mayo de 2004
– El nuevo gobierno deberá crear de inmediato la Empresa Nacional de Hidrocarburos-
Mientras la presidenta de la República asistía a la toma de posición del nuevo gobierno de Taiwan, que sólo reconocen 26 estados en el mundo, y mostraba en la boda del príncipe de España «la belleza de la mujer panameña», tal como remarcara un cursi comentarista televisivo, el país se cae a pedazos. Los productores agropecuarios se han sublevado contra el TLC, los innumerables escándalos por las elecciones «ejemplares y cívicas» copan cada día la primera plana de los periódicos; la penetración de un grupo de facinerosos en el Parque Nacional Volcán Barú, causando un irreversible daño ecológico, para cumplir así con la obsesión de la «yeyaruta», es noticia alarmante de última hora. La firma del humillante y peligroso «acuerdo» Escalona-Bulton, mediante el cual Panamá continúa poniéndose al servicio de la política de guerra global de los Estados Unidos, pareciera ya clavo pasado. Se trata de la perversa venganza de quien ha sido repudiada por el 85% del pueblo panameño. Si ustedes me desprecian, yo también, pareciera ser el nuevo lema de quien debería presentar su dimisión de inmediato, acompañada por una Corte Suprema de Justicia desacreditada hasta el tuétano y de una Asamblea Legislativa políticamente derrotada y moralmente putrefacta.
La tramposa huelga del transporte
Mientras ella se divierte, su deslegitimado y desautorizado gobierno enfrenta la huelga decretada por los «transportistas» con motivo del alza sistemática del combustible. Se trata de una huelga tramposa, de un mero acto de chantaje dirigido a poner de rodillas a un gobierno políticamente sepultado, con la finalidad de mantener, y si pueden aumentar, los enormes beneficios de los grupos que controla el transporte colectivo. Si bien es cierto que los precios de los hidrocarburos han subido desaforadamente en el mercado internacional, también es cierto que los «palancas»(los conductores del transporte colectivo), son los únicos que se ven directamente afectados por la subida del combustible, ya que tienen que pagar a los propietarios transportista la misma cantidad de dinero que se les cobra por turno y además encajar la subida de la gasolina. Son estos «palancas», quienes cada día ven como llevan menos dinero a sus hogares, los que amenazan con dejar de pagarle a los grupos mafiosos del transporte el monto del alquiler que cobran por cada turno, pues ya no pueden más.
Ante el inminente peligro de ver disminuir sus millonarias ganancias, el pequeño grupo de propietarios del transporte acusa al gobierno de ser el responsable de tamaño desafuero, y utiliza la desesperación de los «palancas» como arma de chantaje para exigir una de tres salidas: o se sube el precio del pasaje, y así mantienen su tasa de ganancias; o se le autoriza y financia para incursionar en el millonario negocio de las multinacionales petroleras distribuidoras de carburantes, para de esa manera «compensar sus pérdidas» por el alza del combustible; o se les exonera de una parte del impuesto a la gasolina. El gobierno sabe muy bien que un alza de la tarifa del pasaje colectivo podría ser la chispa que incendie la pradera que los obligue a dimitir de inmediato bajo la presión de masivas movilizaciones. También sabe que las multinacionales no tolerarán la pérdida del millonario mercado del transporte colectivo, integrado por 37.500 vehículos dedicados al transporte en sus distintas variantes. Al parecer, la única salida sería la de exonerar a la mafia transportista de un porcentaje del impuesto al carburante, para que así mantuvieran intactas sus escandalosas ganancias. Todas esas salidas son trampas que debemos rechazar en las calles si fuese necesario. Todas ellas están concebidas para que sea el pueblo quien pague las consecuencias de la subida de los carburantes. Ya sea que se suba el pasaje, o se exonere a los transportistas, es el pueblo directamente, o por la vía indirecta de la disminución de la recaudación fiscal del Estado, quien pagará «los platos rotos», mientras que los «palancas» seguirán siendo tan explotados como siempre.
La creación de la Empresa Nacional de Hidrocarburos es la única solución
En la asamblea general de la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA) en la que se decretó la huelga, una voz de mujer valiente se elevó por encima del bullicio de los «transportistas». Rosa Elena Pérez, presidenta de la piquera de la ruta de Don Bosco, sentenció: » Lo que está detrás de esto son los intereses de veintidós (22) personas* que quieren que el gobierno les financie con ocho (8) millones de dólares para enriquecerse aún más con el negociado de venderles gasolina a los «palancas». Acto seguido, y dirigida por esas 22 personas, una «enardecida turba» sacó a empujones a la mujer valiente que se atrevió a denunciar públicamente cuáles son los verdaderos motivos ocultos del llamado a la huelga.
Las petroleras distribuidoras de carburantes que operan en Panamá** no hacen otra cosa que comprar hidrocarburos en el exterior, almacenarlos y venderlos a las estaciones de gasolina a través sus camiones cisternas. Una dirigente de la asociación que agrupa a los propietarios de estaciones de gasolina (ADIGAS), denunció que las petroleras ganan cuarenta centavos (0.40) por galón. No conformes con ello mantienen precios monopólicos e ilegales que buscan obligar a los propietarios de estaciones de gasolina a que les vendan sus negocios para así hacerse también con el mercado minorista. Cuando lo logren, tal como impondrá el TLC con Estados Unidos, los precios de los hidrocarburos se irán por las nubes.
Las multinacionales distribuidoras de carburantes generan escasos puestos de trabajo y su inversión es ridícula. Todas sus millonarias ganancias siguen el mismo camino que el de las empresas eléctricas privatizadas: los bancos extranjeros de sus casas matrices. El artículo 45 de la Constitución Nacional autoriza, por «motivos de utilidad pública o de interés social», la expropiación mediante juicio especial e indemnización. El artículo 46 establece que «el interés privado deberá ceder al interés público o social». Y el 281 es taxativo al declarar que el Estado asumirá, «cuando así fuere necesario al bienestar colectivo y mediante expropiación e indemnización, el dominio de las empresas de utilidad pública pertenecientes a particulares».
Amparadas en un Contrato-Ley con la Nación que han incumplido innumerables veces, y frente a motivos evidentes de interés publico y social, el nuevo gobierno de Martín Torrijos deberá expropiar las petroleras multinacionales y crear la Empresa Nacional de Hidrocarburos. Con esa medida se podrán utilizar los cuarenta centavos por galón que constituyen sus ganancias para crear un colchón que permita regular, en beneficio del pueblo panameño, el precio de la gasolina y el de otros hidrocarburos. ¿Se atreverá Martín Torrijos a dar el primer paso hacia la construcción de la Patria Nueva? Nosotros decimos que no.
* Pareciera referirse a los miembros de la Junta Directiva de CANATRA
** Esso Estándar Oil, S. A; Petrolera Nacional, S.A.; The Shell Company Limited; Compañía Texaco de Panamá y Petrolera Delta, S. A.
