Buscando Camino Buscando Camino
Panamá, Año III, No. 55
10 al 16 de mayo de 2004
Los resultados electorales no han podido ser más catastróficos para el gobierno mireyista y su alianza Visión de País. Esta última ha quedado literalmente ciega por la tromba de votos de repudio les ha estallado en la cara. El Partido Arnulfista, buque insignia de la alianza, no alcanzo el 11& de los votos. Ni siquiera el 50% de sus propios adherentes le otorgaron el voto. En cuanto al Molirena y el Partido Liberal Nacional, los otros dos integrantes de la alianza, ellos no obtuvieron, en la votación presidencial, el mínimo requerido para subsistir como partidos. Lo lograron gracias a los votos para legisladores y representantes de corregimientos, que son por excelencia bastiones clientelistas en el sistema electoral panameño.
La marea de rechazo y condena no pudo ser detenida ni paliada por el chorro de dinero en efectivo, bonos de comida y becas, que corrió como un río desbordado por diversos circuitos electorales. Los escándalos están a la vista. El «ejemplar» proceso electoral ha puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad de reformas radicales y profundas del vigente Código Electoral, que, además de excluyente y antidemocrático, propicia la manipulación de las necesidades extremas de un pueblo empobrecido y desesperado. Su derogación y democratización es una de las exigencias que ha puesto el torneo electoral sobre el tapete. Cuando el globo de las ilusiones se desinfle con el primer pinchazo, que será sin lugar a dudas la lucha contra el TLC y la reforma privatizadora de la CSS, la ciudadanía, que acude a las urnas como rehén del sistema partidocrático neoliberal, empezará a transitar por el puente de la exigencia de nuevas alternativas electorales. El país, requiere, a no dudarlo, de la emergencia de organizaciones políticas que, en representación de «la gente de la calle», postulen un programa político y social alternativo al de la partidocracia neoliberal.
La cereza del postre de los resultados electorales la ha puesto la Corte Suprema de Justicia, que a contrapelo de su jurisprudencia acogió la «advertencia de inconstitucionalidad» interpuesta por la Ministra de la Presidencia para impedir que el Fiscal Electoral investigue la partida secreta presidencial, ante las graves sospechas de que la misma ha sido utilizada en la compra de votos y apoyos fraudulentos, tal como ha sido denunciado y sugieren los distintos escándalos electorales. Más grave aún, la acción de la Corte Suprema de Justicia violenta flagrantemente la Constitución Nacional, que advierte de manera explícita e inequívoca que ante la justicia electoral sólo cabe recurso (no advertencias) de inconstitucionalidad. Con esa actuación, la partidocrática Corte Suprema de Justicia pareciera ejercer a cabalidad la única función para la que pareciera haber sido creada: blindar de impunidad a la delincuencia de cuello blanco y a los políticos corruptos, entre ellos algunos confesos.
Por su parte, la Asamblea Nacional, totalmente desacredita, y ahora derrotada en los pasados comicios, anuncia sin vergüenza alguna que se apresta a reformar la Constitución y el reglamento interno de ese órgano del Estado, e incluso pudiese intentar aprobar el TLC y la soñada reforma privatizadora de la Seguridad Social. En cuanto a la reforma de la Constitución y la de su reglamento interno, todo quedó dicho en la frase del desaparecido jurista Dr. Cesar Quintero, quien sentenció: «Es como pedirle a los mosquitos aedes aegypti que resuelvan el problema del dengue hemorrágico». Y para qué hablar de problemas de la magnitud del TLC y la Caja del Seguro Social.
Desautorizados y deslegitimados luego del generalizado repudio del 85% de los electores, los integrantes de los tres órganos del Estado deberían dimitir de inmediato. ¿Con qué autoridad y legitimidad continúan negociando la entrega de nuestro mercado y el cercenamiento de nuestros derechos a favor de las grandes multinacionales representadas por el gobierno norteamericano en las actuales rondas del TLC? ¿Con base a qué representación del soberano se atreven a proponer reformas constitucionales, aquéllos a los que precisamente sus privilegios e impunidades deben ser suprimidos por la Asamblea Constituyente Democrática? ¿Con qué legitimidad y autoridad podrían cercenar los derechos del pueblo a la salud y la vida, imponiendo una reforma privatizadora de la CSS? Están jugando con fuego y con cualquier movimiento en falso podría dar origen a la chispa que inicie el incendio de la pradera.
Rehenes del sistema partidocrático neoliberal, atrapados por la teoría del «mal menor» que propicia el sistema, y manipulados por las ilusiones que se alimentan de la necesidad y la desesperación, los panameños y panameñas, pese a todo, han votado masivamente contra las consecuencias de las políticas neoliberales: el desempleo galopante, la eliminación de la gratuidad de los servicios de salud, el peligro cierto de la reforma privatizadora de la seguridad social, la inundación de decenas de miles hectáreas y la expulsión de las familias campesinas que viven de ellas desde tiempos ancestrales. Y, por supuesto, la pobreza generalizada que asfixia a más de la mitad de la población. Pronto, muy pronto, descubrirán que deberán organizarse y movilizarse contra las causas que generan esas consecuencias, que no son otras que las políticas neoliberales que el nuevo gobierno aplicará desde el primer momento.
